N° 1877 - 28 de Julio al 03 de Agosto de 2016
La Presidencia pro témpore del Mercosur podría ser ejercida, desde el próximo fin de semana, por un gobierno que encarcela a los que opinan distinto, reprime violentamente a quienes protestan y tortura salvajemente a sus prisioneros políticos. Venezuela no es una “democracia autoritaria”. Es una dictadura cívico-militar, igual a las que hubo en América del Sur en los años ‘70 del siglo pasado.
Tres días antes de que Nicolás Maduro eventualmente pase a “presidir” a los países que integran el Mercosur, Human Rights Watch (HRW) —una reconocida organización defensora de los derechos humanos, basada en Washington— difundió un demoledor informe sobre el estado de esos derechos en la Venezuela chavista.
Según HRW —que denunció con toda vehemencia las torturas de las dictaduras militares del Cono Sur mientras estuvieron usurpando el poder—, desde mayo pasado “el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional” de Venezuela detuvieron a 21 personas con el argumento de que “habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno”.
“La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. (…) En algunas instancias, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político”, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos o se apoyaba el referéndum revocatorio contra Maduro.
El chileno José Miguel Vivanco es el director para las Américas de HRW. “El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime a la disidencia política”, declaró Vivanco al conocerse la investigación. Y agregó: “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”.
Eso es precisamente lo que ocurriría este fin de semana: cero presión regional y Maduro adelante.
Varios de estos nuevos presos políticos se animaron a declarar ante los jueces del chavismo que habían sufrido abusos físicos y torturas, incluyendo violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o muerte.
La investigación de HRW, realizada hace un mes sobre el terreno, constó de entrevistas a familiares y abogados, consultas de documentos clave en los expedientes judiciales, registros policiales, testimonios directos de 11 detenidos y declaraciones de funcionarios gubernamentales. Los 21 casos ocurrieron en Caracas y en los estados de Bolívar, Cojedes y Zulia.
Por supuesto, no hay evidencias contra ninguno de los presos políticos, en cuanto a preparar o perpetrar actos violentos o ilegales. Uno de ellos, por ejemplo, fue a la cárcel porque llevaba una mochila con el logotipo de “Primero Justicia”, el partido que dirige el líder opositor (encarcelado) Leopoldo López. Otro, dicen los documentos judiciales y policiales, fue acusado sobre la base de información aportada por un “patriota cooperante” anónimo.
La prueba más flagrante de que en Venezuela solo se permiten simulacros de juicios y que, en realidad, los magistrados se limitan a cumplir las órdenes de Maduro y su régimen opresivo, es que funcionarios gubernamentales y políticos oficialistas anunciaron las imputaciones contra muchos de estos nuevos detenidos antes de que la “Justicia” las hubiera dado a conocer.
Uno de los arrestados declaró ante un fiscal que fue mantenido incomunicado durante cinco días en una mazmorra del Sebin en Caracas. Allí sufrió graves abusos y luego fue liberado. Otro dijo en una presentación escrita ante un fiscal que lo liberaron después de ser obligado a firmar una hoja en blanco en otra sede del Sebin, en Zulia.
Entre los casos de torturas documentados por HRW figura el del estudiante José Gregorio Hernández Carrasco, de 20 años, quien participó el 18 de mayo en Caracas en una manifestación contra el gobierno. El joven trabajaba en un banco propiedad del Estado, donde fue detenido. Declaró ante la Justicia que agentes del Sebin se apersonaron en su oficina, lo obligaron a presentar su renuncia y lo arrestaron. Los agentes lo golpearon durante el trayecto a la sede del Sebin en Plaza Venezuela y, una vez allí, le arrojaron en la boca y los ojos un líquido que no pudo identificar. Lo golpearon nuevamente cuando les dijo que no pertenecía a ningún partido político y cuando indicó que no conocía a varios jóvenes de quienes le mostraron fotografías. Según afirmó, los agentes le aplicaron descargas eléctricas y lo golpearon varias veces con un palo en el cuello y el rostro. Le colocaron un palo en el recto, amenazaron con violarlo de esta manera y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia. Le cubrieron el abdomen con un almohadón y le advirtieron que no podría demostrar los abusos, ya que no quedarían marcas visibles. Le dijeron que no lo violarían si aceptaba que lo grabaran mientras declaraba que había sido detenido por manifestarse en forma violenta el 18 de mayo y que el “guardaespaldas de (Henry) Ramos Allup” (presidente del Congreso de Venezuela) le había pagado para que realizara actos violentos. Hernández Carrasco contó que confesó en la grabación “para que dejaran de pegarme y no me violaran con el palo”.
“Hernández Carrasco permanece detenido y ha sido procesado penalmente, a pesar de que el Ministerio Público no aportó pruebas creíbles en su contra”, advirtió la organización.
Otro caso mencionado por HRW es el de Jeremy Antonio Bastardo Lugo, un estudiante de 18 años que también participó en la manifestación del 18 de mayo. Bastardo Lugo contó que hombres vestidos de civil lo detuvieron durante la tarde, una vez que había concluido la manifestación, cerca de Plaza Altamira, a varios kilómetros del lugar donde se había llevado a cabo la protesta. Los hombres cubrieron la cabeza de Bastardo Lugo y lo llevaron a una sede del Sebin, donde varios agentes lo obligaron a decir que había recibido dinero de dirigentes opositores, entre ellos Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, y que había cometido actos violentos durante la manifestación. Los agentes lo golpearon y amenazaron con violarlo sexualmente con un palo, y matarlo con un arma de fuego. Los agentes también le aplicaron descargas eléctricas, lo golpearon con un bate de béisbol en el pecho y amenazaron con abusar de su novia. Bastardo Lugo dijo que los agentes grabaron en video el momento en que, bajo coacción, decía que había participado en la manifestación con el propósito de desestabilizar al país.
El régimen “bolivariano” ha reprimido y encarcelado a miles de personas desde febrero de 2014. Además, cientos de empleados públicos fueron despedidos en los últimos meses por apoyar el referéndum (previsto en la Constitución) que se propone revocar el mandato de Maduro.
HRW recordó que “uno de los principios clave consagrados en la Carta Democrática Interamericana, adoptada hace 15 años por la OEA, es ‘la separación e independencia de los poderes públicos’. La Carta estipula que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender ese principio”.No es preciso abundar en este sentido: en Venezuela los jueces responden al Poder Ejecutivo. La Carta Democrática es violada todos los días.
Esa es la “democracia autoritaria” —¡qué cuidadosa puntillosidad de macramé para aludir a una dictadura!— que regiría los destinos del Mercosur durante seis meses.
La diplomacia y los equilibrios políticos son una constante en la vida de las sociedades. No solo no está mal cuidarlos, sino que la mayoría de las veces son muy necesarios.
Pero hay un límite para todo. Los gobiernos de Brasil y Paraguay han sido claros en cuanto a que no quieren ser “presididos” por Venezuela; el de Argentina vacila en su posición. Solo el de Uruguay está cien por ciento decidido a aceptar que la orientación del bloque que su gobierno integra esté formalmente a cargo, aunque sea durante seis meses, de esa partida abyecta de torturadores dirigida por Maduro y los militares venezolanos.
Más allá de que se autocalifiquen “de izquierda”, ¿no se les cae la cara de vergüenza a los que quieren pasar el “mando”?
