Cada vez que los sho-ppings hacen sus campañas de descuento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el nivel de ventas se dispara y algunos locales llegan a facturar en un fin de semana lo que en todo un mes. También la promoción del Día del Centro tiene un efecto dinamizador del consumo.
Los textos de Economía dicen que un aumento de la demanda por bienes y servicios se traduce en una suba en sus precios, si la disponibilidad de los mismos (la oferta) se mantiene constante. De hecho, esa es una de las explicaciones de la inflación relativamente alta en Uruguay (9,08% en los 12 meses a junio): la gente está gastando más —también el sector público (ver nota en página 26)— en un contexto en el que la oferta aumentó pero no tanto.
La rebaja de algunos puntos del IVA que desde el mes próximo regirá para las compras que se efectúen con tarjetas de débito, de crédito y con otros medios electrónicos de pago, ¿acelerará la demanda? ¿Cómo incidirá eso sobre los niveles de inflación en lo inmediato y a largo plazo?
Algunos economistas piensan que el efecto puede ser comparable a verter combustible en una hoguera, pero desde el Ministerio de Economía (MEF) se sostiene lo contrario.
Ante una consulta de Búsqueda, esa Secretaría de Estado respondió por escrito que “una rebaja de impuestos indirectos que efectivamente se traslada a los precios que pagan los consumidores genera, en forma directa, un abaratamiento de la canasta de bienes y servicios que se consumen. Este abaratamiento también produce efectos sobre el resto de la economía, que indirectamente podrían impactar sobre el nivel general de precios, pero el efecto neto contribuiría a reducir las presiones inflacionarias”. De todas formas, acotó el MEF, “estos impactos asociados a la implementación de la rebaja del IVA se irán procesando gradualmente en el tiempo, a medida que se extienda el uso de los medios electrónicos de pago”.
El alivio de algunos puntos del IVA desde agosto próximo está previsto en una ley votada este año conocida como de “inclusión financiera” o bancarización, que tiene como uno de sus objetivos principales alentar la sustitución del dinero en monedas y billetes por medios electrónicos de pago, en particular las tarjetas de débito. Para estimular su uso, reduce el tributo en dos puntos porcentuales (la tasa básica pasa de 22% a 20%) cuando se paga con dichas tarjetas, aunque si el monto no excede las 4.000 unidades indexadas —unos $ 11.420— se agrega un descuento complementario de otros dos puntos durante el primer año de vigencia de la norma y de uno en el segundo.
Para los pagos con tarjetas de crédito o instrumentos análogos, el alivio en el IVA es solamente de dos puntos en el primer año y uno en el segundo.
El Frente Amplio había prometido en la campaña electoral de 2009 una rebaja general de dos puntos porcentuales de ese tributo.
El MEF explicó que la reducción de un punto del IVA (de 23% al 22% actual) y la eliminación del Cofis que formaron parte de la reforma tributaria adoptada en 2007 “dejaron en evidencia la necesidad de implementar mecanismos transparentes y automáticos” que aseguren que el alivio “efectivamente llegará al bolsillo del consumidor. Por ese motivo, en esta ocasión se resolvió implementar la rebaja a través de la utilización de medios electrónicos de pagos y simultáneamente asegurar, a través de la ley de inclusión financiera, la posibilidad de que todos los uruguayos pudieran acceder a dichos medios de pago”.
Al término del año pasado había emitidas 1,8 millones de tarjetas de débito. Si bien su uso en Uruguay es mayormente para retirar dinero de los cajeros, poco a poco se está haciendo más común emplearla como medio de pago descontando el monto directamente de la cuenta bancaria asociada. Tarjetas de crédito hay más (2,6 millones), según datos del Banco Central (BCU).
Para poder concretar un pago —ya sea un débito o financiado— se requiere que el comercio o el prestador del servicio disponga de una terminal que permite leer la banda magnética de la tarjeta y transmitir los datos a la empresa que la emite y esta, luego, indicar a través del mismo equipo la autorización o el rechazo de la transacción. De esos equipos, conocidos por la sigla del inglés POS (por point of sale o punto de venta), había unos 25.300 al cierre de 2013, casi el doble que un año atrás.
Combustible en
la hoguera
Desde Equipos Consultores, el economista Alejandro Cavallo señaló a Búsqueda que no se esperan “efectos sustanciales” de la rebaja del IVA sobre los niveles de demanda y por tanto en la inflación. Ello porque, según dijo, el alivio impositivo “no es sustancial desde el punto de vista del consumidor”, excluye los bienes durables y, además, se aplicará solo a quienes tienen tarjetas.
“Es decir, la rebaja es, en el mejor de los casos, bastante menor con relación a otros beneficios fiscales que están vigentes, como, por ejemplo, los nueve puntos para los consumos en restaurantes”, añadió. Sin embargo, afirmó que, como contrapartida, tiene la ventaja de ser mucho más amplia y se aplica a un conjunto de bienes cuya compra no tenía ningún incentivo tributario y que poseen peso en la estructura de gasto de los hogares”, como alimentos, bebidas o facturas de los servicios públicos.
El economista Aldo Lema, director de la consultora Vixion, afirmó que la baja del IVA “puede afectar transitoriamente el nivel general de precios” pero no el “proceso inflacionario”, ya que el alivio “actúa sobre los síntomas, no sobre las causas”.
En su opinión, “en el fondo conlleva un mayor impulso fiscal financiado con más deuda pública: son más recursos en la economía que presionan los precios de los bienes no transables. Esta presión, en todo caso, puede ser menor ahora que en el boom (de 2010-2011), cuando originalmente se planteó la rebaja del IVA”.
Lema había advertido en 2011 en una columna en Búsqueda que la reducción del IVA “representa un estímulo adicional a la demanda y, por lo tanto, contrariamente a lo habitualmente pensado, no necesariamente será desinflacionaria. Si bien en el corto plazo podría esperarse que impacte a la baja el nivel de precios, a la larga tiende a acelerar la inflación al promover más consumo en una economía de por sí ya muy dinámica. Se trataría, en definitiva, de una medida fuertemente expansiva, con efectos ‘similares’ a un aumento del gasto público, que introduce más combustible en la hoguera, y que refuerza la caída requerida del dólar para lograr las metas inflacionarias. Aún más: sin gran capacidad ociosa, con las empresas ampliando sus márgenes, quizás ni siquiera veamos la caída inicial (por una vez) de los precios”.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 0,35% en junio y 5,38% en todo el primer semestre, informó el jueves 5 el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de inflación en períodos de 12 meses bajó ligeramente, de 9,18% al cierre de mayo a 9,08% a junio.
“Tenemos esas presiones inflacionarias provenientes del exterior (...) conjuntamente con el hecho de que estamos teniendo restricciones de oferta en algunos rubros o estamos llegando a la plena capacidad en la utilización de las capacidades en muchos rubros, sobre todo en empleo calificado”, analizó el ministro de Economía, Mario Bergara, al hablar el mes pasado en la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay.
También el presidente del BCU, Alberto Graña, admitió que la inflación desalineada respecto a las metas fijadas por el gobierno obedece a “restricciones de oferta” y al hecho de que la gente se “ha volcado en buena medida al consumo”. Ese organismo analizará hoy jueves 10 una eventual intensificación del sesgo contractivo de su política monetaria, con el propósito de contribuir a encauzar el IPC anual dentro del rango objetivo de 3%-7%.
