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El Ministerio de Educación propone cambios en la aprobación de carreras universitarias privadas; las instituciones tienen dudas
El borrador de decreto “ignora” la lentitud del Estado en dar las autorizaciones, que es “el problema central” del sistema, según un académico de la Universidad Católica
imagen de El Ministerio de Educación propone cambios en la aprobación de carreras universitarias privadas; las instituciones tienen dudas
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) estudia una propuesta de modificación al decreto 308/995 que rige el funcionamiento de las universidades privadas desde 1995. La iniciativa, diseñada porque se considera que la normativa está desactualizada, se encuentra a discusión tanto en las cuatro universidades privadas como en la Universidad de la República (Udelar), cuyas opiniones solicitó la secretaría de Estado antes de tomar una decisión.
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Los cambios fueron aprobados por el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), asesor del área ministerial responsable de las instituciones terciarias privadas, aunque no por unanimidad. Los dos representantes de las universidades privadas plantearon objeciones a las modificaciones previstas en el mecanismo de presentación de nuevas carreras y los plazos de definición para su reconocimiento por parte del Ministerio.
El artículo 6 del decreto vigente indica que el pedido de las universidades para incluir nuevas carreras en sus programas debe presentarse ante el MEC dentro del plazo de seis meses a partir del comienzo de los cursos. La modificación planteada a ese artículo ordena que la solicitud sea presentada seis meses antes del inicio de la carrera. Tanto Martín Risso como Claudio Williman, representantes de las privadas en el CCETP, no votaron el cambio.
Además ambos objetaron el hecho de que el artículo 26 se mantenga intacto y no determine un límite para que el Ministerio se expida sobre el reconocimiento de las carreras. “En los casi veinte años de vigencia del decreto, su principal e incuestionable problema fueron las demoras del Estado en resolver. Esto ha ocasionado innumerables perjuicios a las universidades y las coloca en una situación de incertidumbre. Entiendo que no puede aprobarse un proyecto que ignora el problema central de la norma a modificar”, escribió Risso en un documento —al que accedió Búsqueda— en el que expone sus discrepancias.
Risso, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, elaboró una propuesta para incluir en el proyecto de decreto, con la que pretendía solucionar el tema de las demoras del Ministerio. El artículo, que no fue aprobado por el CCETP, establecía que si el MEC no toma una resolución transcurridos 400 o 450 días desde la presentación de la solicitud, se producía una autorización provisoria de la carrera.
El rechazo del planteo, según Risso, refleja que se analiza el tema “exclusivamente desde la perspectiva estatal”, puesto que si el Estado no se pronuncia en ese plazo “significa que el sistema es inviable, por no dar garantías a las universidades”.
Rápidamente.
Los rectores de la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo, la Universidad ORT Uruguay y la Universidad de la Empresa participaron semanas atrás en una reunión para discutir el proyecto de decreto junto al director de Educación, Luis Garibaldi, y al coordinador del Área de Educación Superior del MEC, Rony Corbo.
El Consejo de Rectores de Universidades Privadas volvió a discutir el tema y a comienzos de diciembre planteará sus discrepancias y recomendaciones en una nueva reunión con las autoridades del MEC. Para eso se formaron grupos de trabajo dentro de las cuatro instituciones en línea con lo conversado en el primer encuentro.
“El tema de los tiempos, de los plazos, es uno de los que están en conversación. A todos nos interesa que las carreras se reconozcan rápidamente porque eso también tiene que ver con los beneficios que reciben los alumnos”, señaló a Búsqueda Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica y secretario pro témpore del Consejo de Rectores.
Casarotti afirmó que años atrás algunas carreras tardaban cuatro, cinco e incluso seis años en ser autorizadas. Aunque hoy se acortaron esos plazos, opinó “que está bueno mejorar el tiempo de reconocimiento que tienen las carreras”, para lo cual es necesario lograr un trabajo en conjunto entre todos los actores que permita que los plazos “se articulen lo mejor posible”.
“Estamos estudiando la posibilidad de mejorar algunas de las cosas del decreto, porque requiere después de tantos años de experiencia una cierta actualización”, explicó el rector. “Estamos dispuestos a generar mecanismos que vayan a favor de procedimientos más actualizados con puntos de vista más vinculados a lo que se está haciendo en otras partes de la región y América Latina. Estamos justamente trabajando desde el interior de nuestras instituciones para mejorar algunos puntos que han quedado un poco desactualizados”.
En el 2009 las universidades privadas se opusieron a un proyecto de ley que creaba la Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet), un organismo ideado entre otras cosas para ocuparse del reconocimiento del nivel académico del sector privado. La principal objeción era que establecía la obligación de consultar a la Udelar para la autorización de las nuevas carreras. El proyecto fue enviado al Parlamento pero no avanzó ante la falta de consenso entre los legisladores.
A partir del fracaso de la creación de la Apacet y con los contenidos del proyecto de ley como base, el presidente del CCETP, Álvaro Díaz, junto a otros consejeros diseñaron las modificaciones al decreto 308/995. Ahora, ya aprobadas por el Consejo, se encuentran a discusión tanto en las universidades privadas como en la Udelar. Según Díaz, corresponde que la Universidad de la República tenga el mismo nivel de información sobre el tema que las privadas, de modo de permitir que sus autoridades “puedan analizar e incidir en la resolución de temas de tanta trascendencia académica”.
El martes 12 la propuesta fue tratada en el Consejo Directivo Central de la Udelar, que resolvió crear un grupo de trabajo que en conjunto con la Comisión Central de Evaluación Interna y de Acreditación presenten una posición al tema. “Convendría aprovechar y ser coherente con todo el trabajo realizado por la universidad en torno al proyecto de ley Apacet. No sería muy razonable ni fecundo que no se aprovechara ese esfuerzo y no se fuera coherente con él”, concluyó el rector Rodrigo Arocena.
