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El consumo de drogas es más frecuente entre los presos que en la población en general, una realidad prácticamente idéntica para Uruguay que para algunos de los países más desarrollados del mundo. En la Unión Europea (UE), por ejemplo, hasta 70% de los reclusos han utilizado alguna droga ilícita. En Uruguay, aunque aún no hay estudios que abarquen a todo el sistema penitenciario, la cifra se supone mayor: un monitoreo a la Unidad N° 4, que la Administración de los Servicios de Salud del Estado realizó en 2021, arrojó que más del 80% de quienes ingresan a los módulos 4 y 11 tiene problemas de adicciones.
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La situación, que no es nueva, no pudo ser solucionada por ningún gobierno y empeora en la medida que crece la cantidad de personas alojadas en el sistema carcelario. Para enfrentarla, el Ministerio del Interior apelará a una iniciativa de la UE que enfoca el tema de manera “muy sólida y muy concreta”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. “Ha dado resultado en otras partes. Hay que copiarla y adecuarla a nuestra realidad”, señaló el ministro semanas atrás durante el aniversario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
El martes 17 Heber había informado de la aplicación de otro programa internacional, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, para intentar disminuir los homicidios entre bandas de narcotraficantes a través de la mediación de referentes dentro de las comunidades. En este caso, ni el ministro ni la UE ahondaron sobre los detalles de la iniciativa para paliar la adicción en prisiones, ante las consultas de Búsqueda. En un documento de 2021, el Consejo de la UE explica que el internamiento en un centro penitenciario es una oportunidad de control y rehabilitación para la persona, por lo cual “es necesario prestar servicios de tratamiento de la drogodependencia —con inclusión de las terapias con agonistas opiáceos—, rehabilitación y recuperación a los delincuentes consumidores de drogas”.
La propuesta forma parte de una estrategia del consejo hacia 2025. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías también elaboró un estudio sobre el tema que analiza los tratamientos que se hacen en los países de la UE. Afirma que existen una variedad de intervenciones distintas, incluidas: la evaluación de la salud del prisionero y su desintoxicación al ingresar a la prisión; el tratamiento en cárcel vía comunidades terapéuticas, asesoramiento psicosocial y sustitución de opiáceos; la reducción de daños en cárcel con programas de agujas y jeringas limpias y seguras, y la preparación para la liberación y la reintegración social con capacitaciones sobre prevención de sobredosis que incluyen la distribución de naloxona, un medicamento que revierte rápidamente los efectos de opioides. “En la mayoría de los países, las intervenciones para la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas están disponibles en las cárceles junto con el tratamiento de sustitución de opiáceos y el asesoramiento, la información, la formación y la educación”, concluye el observatorio.
Requisa en la cárcel de Santiago Vázquez
Convivencia
Durante 2022 se incautaron en las cárceles uruguayas 35 kilos de marihuana, 11 kilos de pasta base y 950 gramos de cocaína. Los montos se dan en un contexto complicado dentro de las 26 unidades de rehabilitación que conforman el sistema, en donde hay más de 14.500 personas privadas de libertad, un incremento de 2.700 prisioneros respecto al 1° de marzo de 2020. El director del INR, Luis Mendoza, alertó que al aumento de reclusos se le suma la conflictividad tras las rejas. “Estos problemas tienen su origen en las adicciones, en las disputas delictivas previas a la privación de libertad o en luchas de poderes, lo que lleva a que la convivencia sea una preocupación. Solo disminuyéndola podremos generar el contexto adecuado para implantar planes de intervención”, sostuvo durante el evento del INR.
Además de estupefacientes, el año pasado se incautaron en cárceles siete armas de fuego, 54 municiones, 5.850 cortes carcelarios y 1.767 celulares, operativos que culminaron con 54 personas formalizadas con prisión y 19 con medidas sustitutivas. Parte de la respuesta que Interior busca es disminuir el nivel de consumo y adicción de drogas, que genera deudas y enfrentamientos. También frenar el hacinamiento que sufren casi 3.000 presos. Para eso inauguró una prisión en Tacuarembó, ampliará la cárcel de Rocha, aumentará cupos en Artigas y Treinta y Tres, construirá tres edificios nuevos en el predio del Penal de Libertad con capacidad para 400 reclusos cada uno, remodelará módulos de Santiago Vázquez y generará 600 plazas para mujeres en la Unidad N° 1 de Punta de Rieles. Es una carrera de infraestructura contra la suba constante de presos, aunque en este momento se enlenteció. El 3 de febrero se cerrará además el llamado a licitación pública para levantar llave en mano un centro de salud en la Unidad N° 4 Santiago Vázquez —la cárcel más poblada y violenta del país— que atienda de urgencia a los presos heridos en peleas, cuyo traslado a hospitales no siempre es rápido ni seguro.
“Heredamos un espanto y lo estamos transformando. La situación en que encontramos las unidades es tenebrosa, es horrible, es la constatación palpable, visible, de violación de los derechos humanos. Y la acción que se emprendió es tratar de resolver lo que era inadmisible tener. Hemos mejorado esa situación”, valoró Heber, quien insistió en que “primero” hay que “atacar la urgencia y luego la rehabilitación”, porque “hay una superpoblación que hace prácticamente imposible generar una recuperación, y en donde la capacidad está colmada”.
