El objetivo es más ambicioso que el que se impuso y no pudo cumplir el gobierno de José Mujica. Cuando asumió Bonomi en 2010, la meta era detener el crecimiento de las rapiñas (robo con violencia o amenaza de violencia), alcanzar una meseta y, sobre el final del período, lograr su descenso.
De esas metas, el gobierno cumplió solo la primera, ya que aminoró el ritmo de crecimiento anual. Sin embargo, no dejó de aumentar. En 2013, la Policía recibió 16.718 denuncias de rapiñas, 8,5% más que en 2012. Entre enero y junio del 2014 —último dato oficial divulgado por el Ministerio del Interior— hubo 10.287 denuncias de rapiñas, casi mil más que en igual período del 2013.
El ministro reconoció el año pasado que el objetivo no se había cumplido, pero igual consideró exitosa su gestión porque en la región y Uruguay se vive una “epidemia” de delincuencia. “¿Fracasó la gestión o la gestión contuvo algo que hubiese sido mucho más duro de lo que realmente está pasando?”, se preguntó entonces Bonomi (Búsqueda Nº 1.793).
Cambio de equipo.
En la última contienda electoral, la seguridad fue uno de los temas a los que recurrió la oposición para atacar al oficialismo y conseguir apoyo de los votantes. Pero Vázquez, que otorgó a Bonomi la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Trabajo durante su primera administración (2005-2010), respaldó públicamente la gestión del ministro varias veces durante la campaña. Incluso, anunció que lo mantendría en Interior si era electo. Y cumplió.
Sobre el final de la campaña, además, el actual presidente se comprometió a bajar las rapiñas 30%. Desde que hizo esa promesa, las autoridades del Ministerio del Interior han planificado cómo cumplirla. Lo primero fue cambiar a algunos jerarcas policiales para ubicar en áreas clave a oficiales afines a la reestructura que impulsa el equipo de Bonomi y que lidera Layera desde Montevideo.
Al asumir como jefe de Policía de Montevideo, en mayo de 2013, Layera tenía la misión de avanzar en una reforma de la Jefatura capitalina que el Ministerio había elaborado pero todavía no lograba consolidar. La reorganización, que ya está funcionando, supuso dividir la capital en cuatro Zonas Operacionales, encargadas del combate e investigación de los delitos, y asignar a las Comisarías un rol de “Policía Comunitaria”.
El domingo 1º de marzo hubo decenas de cambios de jefes de Policía departamentales y de directores nacionales. Ahora, por ejemplo, el titular de Inteligencia es Williams García, un oficial de confianza de Layera. Lo mismo ocurre en el Centro de Comando Unificado —que coordina la respuesta del 911—, la Dirección de Drogas y Policía Científica.
La mayoría de esos oficiales tienen un origen común: la Dirección de Drogas, una institución “modelo” por su buen desempeño a lo largo de los últimos 10 años. Uno de sus últimos referentes es, precisamente, el actual director de la Policía Nacional, Julio Guarteche.
Autoridades de la Policía consultadas por Búsqueda dijeron que ahora entre los jerarcas hay un “compromiso generacional” favorable a los cambios que impulsa el Ministerio, algo muy distinto a lo que ocurría cuando Bonomi asumió en 2010.
Software predictivo.
Con el equipo armado, el siguiente paso fue delinear nuevas estrategias para el combate a la delincuencia, centradas en disminuir las rapiñas. Más del 90% de esos delitos ocurren en Montevideo y Canelones.
El día de la toma de mando de las autoridades oficiales, Bonomi mencionó algunas líneas de acción. Dijo que para lograr un descenso en las rapiñas se fortalecerá el trabajo policial en el área metropolitana, mediante la extensión de la reestructura de la Policía de Montevideo a San José y Canelones.
El miércoles 4, las autoridades policiales se reunieron para conocer el nuevo modelo de patrullaje que se aplicará en Montevideo. “El sistema se basa en la concentración de policías en aquellas zonas de mayor ocurrencia delictiva, las que son identificadas por el mapeo de las denuncias y hechos policiales”, según un comunicado del Ministerio.
Si bien desde hace un par de años que la Policía tiene “mapas de calor” que marcan las esquinas con más delitos, en marzo se sumó un software “predictivo”. El PredPol, utilizado por la Policía de Los Ángeles, es un programa informático que “opera a partir del análisis de los datos de criminalidad existentes, proporcionando pronósticos en tiempo real sobre la hora y el lugar de ocurrencia de los eventos delictivos”, según información del Ministerio.
La semana pasada, el software “ya dio sus primeros resultados”, aseguraron los informantes.
Las autoridades resolvieron que los turnos de trabajo de las Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM), encargadas de patrullar la ciudad, cambien y sean de 8 a 16, de 16 a 0 y de 0 a 8 horas. “Las estadísticas indican un incremento importante de eventos delictivos que ocurren en el horario de relevo de los turnos de las URPM, razón por la cual era imperioso un cambio para dar respuesta a esa situación”, explicó Bonomi en un comunicado emitido por el Ministerio.
El despliegue comenzó la semana pasada y despertó malestar en algunos policías, que el sábado se negaron a salir a patrullar. “Está la preocupación por el cambio de horario: algunos por transporte, algunas madres por niñera, otros por estudios y otros por el servicio 222, que es una de las entradas fundamentales para el policía”, declaró, el lunes 9, a El Espectador la vocera del sindicato policial, Patricia Rodríguez.
En la reunión que mantuvo con los efectivos que no querían patrullar, Layera les planteó que la medida que estaban tomando era ilegal porque dejaba en estado de “indefensión” a la población. Dijo, además, que no escucharía sus reclamos hasta después de que cumplieran con su turno, que ya había comenzado hacía minutos.
Según datos divulgados el lunes 9 por la Unidad de Comunicación del Ministerio (Unicom), “de un total de 769 funcionarios que revistan en las Unidades de Respuesta de Policía de Montevideo, solamente 35 pidieron se tomara en cuenta su situación personal para no ser afectados por los cambios”.
“El Ministerio del Interior realiza un permanente monitoreo de la evolución del delito, una variable a la que se irán adecuando las respuestas para lograr la mayor eficacia policial posible”, expresó la Unicom.
Para eso también se busca mejorar la coordinación entre las URPM y el Centro de Comando Unificado, que podrá controlar que las patrullas cumplan con los planes tácticos establecidos para cada zona. A esa dependencia policial llega la información de varios sistemas informáticos instalados en los vehículos y los sistemas de comunicación policiales, lo que permite conocer, en tiempo real, la ubicación de cada efectivo.
Las autoridades exigirán a los oficiales que se cumpla con un mínimo de horas de vigilancia en los “puntos calientes” y recurrirán al software para controlar su cumplimiento.
“Difícil de alcanzar”.
Pero el patrullaje no será lo único que cambiará en el actual período de gobierno. En su discurso en la Escuela de Policía, Bonomi adelantó que se extenderá la “videovigilancia”, se unificará la Guardia Republicana y la Policía Caminera, y se dará “participación más activa de la Dirección de Información e Inteligencia en el combate a los homicidios y las rapiñas”.
La Dirección de Drogas asumirá el combate a las bocas de venta de drogas, denominado “microtráfico”, hasta ahora en manos de la Policía capitalina (Búsqueda Nº 1.800).
Para apoyar a Montevideo, la Dirección de Inteligencia asumirá responsabilidades en temas de tráfico de armas, combate a los grupos violentos que controlan las barras del fútbol y en el seguimiento de los “líderes territoriales” que cometen delitos. En el Ministerio creen que hay organizaciones que iniciaron un proceso de “feudalización” en barrios del área metropolitana, con el objetivo de “sustituir la presencia del Estado” y poder actuar con mayor impunidad.
La Dirección de Crimen Organizado, en tanto, deberá trabajar sobre el robo de vehículos, mientras que la Guardia Republicana asignará un equipo especializado a cada una de las cuatro zonas de Montevideo para dar “poder de fuego” cuando la Jefatura lo requiera.
Esas modificaciones apuntan también a simplificar las tareas que debe desarrollar la Jefatura de Montevideo. Así podrá concentrar sus recursos humanos y materiales en el despliegue territorial para prevenir el delito y reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias.
Fuentes de la Secretaría de Estado dijeron a Búsqueda que las autoridades políticas esperan que la Policía empiece a mostrar mejor desempeño, que sea “acorde con el esfuerzo presupuestal”. Eso fue lo que transmitió Bonomi en su discurso el 2 de marzo. “Vamos a trabajar para eso y vamos a exigir resultados acordes con el esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace cinco años”, dijo.
En el Ministerio reconocen que el objetivo de reducir 30% las rapiñas es “difícil de alcanzar”, entre otras cosas porque hay “factores sociales” que afectan a la delincuencia y que “no controla” la Policía. Las autoridades policiales comparten el análisis y esperan que los cambios ideados den sus frutos. “Si no cumplimos, nos tendremos que ir a nuestras casas”, resumió un oficial de alto rango.
