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    El Ministerio del Interior dispuso una línea telefónica especial para recibir y usar como insumo información de Vecinos en Alerta

    Desde hace poco más de un mes, grupos de ciudadanos de Montevideo y Canelones proporcionan al Ministerio del Interior datos sobre delitos y delincuentes, que son utilizados como una variable para definir patrullajes e incluso como pruebas para arrestos. A través de su Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el ministerio proporcionó a estos grupos una línea de comunicación por WhatsApp en donde referentes de cada organización entregan información a las autoridades.

    “No es un 911, no es una línea telefónica para denunciar, es para darle al ministerio datos que se van recolectando todos los días, constantemente, en los chats de cada grupo de ciudadanos”, explicó a Búsqueda Leonardo Traversa, referente de Vecinos en Alerta Parque Batlle, grupo creado en 2012 para que los propios residentes del barrio logren mejorar la seguridad de la zona.

    En los últimos años los grupos de Vecinos en Alerta, una idea adaptada del extranjero, se han expandido a todo el país con el objetivo de que los habitantes de una zona determinada estén en contacto online permanente para advertir situaciones de inseguridad y al menos prevenirlas antes de que actúe la policía. Hoy son varios los grupos que ya están en una relación directa con el ministerio.

    “Básicamente se otorga a la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana información que colabore en el trabajo policial, como por ejemplo en qué calles y en qué horario hay robos de motos. Se trata de proporcionar patrones, y ya vimos resultados concretos en Parque Batlle, en Malvín, en Buceo. Es información negra porque la tienen los vecinos, pero no la Policía, porque muchas veces los vecinos filman, ven cosas, se avisan cosas entre ellos, pero no las denuncian. Ahora la idea es que la Policía tenga esa información”, indicó Traversa, quien dijo que la herramienta aún se está puliendo para que la línea de WhatsApp se use con el mayor rigor posible.

    En febrero Travesa y otros cuatro representantes de grupos de Vecinos en Alerta participaron de una reunión en el Palacio Legislativo con Santiago González, actual director de Convivencia, y Diego Fernández, director nacional de Policía. Allí ambos jerarcas compartieron la intención de trabajar en un ida y vuelta con los vecinos y con comisiones barriales para combatir la inseguridad y conseguir un patrullaje más efectivo en todo el territorio.

    La posibilidad de un vínculo formal ya había sido planteada en el gobierno anterior cuando en 2018 la Coordinadora Nacional de Vecinos en Alerta —que actualmente dejó de funcionar, pero entonces reunía prácticamente a todos los grupos de Montevideo y Canelones— propuso a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores “tomar a los uruguayos como herramienta para trabajar en conjunto con la Policía”.

    “No queremos ejercer labores policiales; por el contrario, queremos brindar herramientas, apoyo logístico e información a la Policía o a la autoridad que corresponda. Nuestra idea es ponernos a disposición para esas cosas”, sostuvo en el Parlamento Leonel Martínez, representante por el Prado.

    En aquel momento desde Vecinos en Alerta se señalaron errores en el mapa de calor que la Policía genera a partir de la locación de los delitos y por el cual diseña los patrullajes; argumentaron que se basaba solamente en denuncias policiales y estas eran incompletas para determinar la totalidad de delitos que se cometían. “La realidad es que la gente denuncia cada vez menos y, por ende, hay menos patrullaje. ¿Qué quiere decir esto? Como faltan denuncias y no se puede diagramar el delito, creemos que no están bien dirigidos los esfuerzos de la fuerza policial. ¿Por qué cuando vamos a la Policía y pedimos más patrullaje nos lo niegan con el argumento de que no hay denuncias o de que el mapa del delito no está diagramado?”, advirtió Martínez.

    El reclamo no tuvo eco en el gobierno. Desde algunas de las organizaciones consideran que la administración de Eduardo Bonomi tomó sus planteos como una posición política y por eso decidieron cortar un trabajo que hasta entonces iba por buen camino, con el punto destacado de las mesas de ciudadanía, un espacio de participación e intercambio entre vecinos y jerarcas de seccionales para discutir temas de seguridad y convivencia desde una mirada propia de cada zona. “Al principio nos recibieron, nos escucharon un montón de veces, compartíamos muchos de los análisis. En el último gobierno eso cambió drásticamente y dejaron de atendernos por completo”, afirma Traversa, quien espera que la situación actual “funcione de manera distinta”.

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