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Jorge Larrañaga ha pasado buena parte de su primer semestre de gestión defendiendo a la Policía por supuestos abusos en sus operativos. Días atrás volvió a hacerlo, esta vez ante el Parlamento, por el uso de una picana eléctrica durante la detención de un ladrón en Pocitos. El ministro del Interior admitió que en ese caso sí hubo errores de procedimiento que obligaron a sanciones internas, como también en el del policía que en junio mató al perro de una persona en situación de calle en La Blanqueada. Pero hasta allí llegó su autocrítica.
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Larrañaga fue luego enfático en negar que otros hechos denunciados públicamente y ante la Justicia hayan estado alejados de los reglamentos policiales. Atribuyó esos reclamos a un “fogoneo permanente” de ciertos sectores que buscan asociar disposiciones de la Ley de Urgente Consideración con un deseo de reprimir por parte de la Policía, “una suerte de relato de violación de los derechos humanos que es absolutamente erróneo” y que tiene como objetivo “ponerle el mote de represor o represivo al gobierno”.
Para evitar que a futuro permanezca un manto de sospecha sobre la actuación de la Policía, el Ministerio del Interior quiere que todos los procedimientos que se realicen en el país sean filmados a través de cámaras personales en los uniformes de los oficiales. Así lo transmitió Larrañaga el jueves 6 a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde aseguró que ya está en trámite la compra de 600 dispositivos nuevos.
“Nos parece muy importante que pueda haber dos o tres cámaras como mínimo en procedimientos de 10 o 12 efectivos policiales porque es una forma de amparar al ciudadano y al policía; de lo contrario, hay una suerte de devaluación de la palabra del policía”, señaló el ministro.
Explicó que las denuncias sistemáticas de abuso policial terminan por ser perjudiciales para “la correcta administración de las órdenes” del ministerio y causan desánimo en los efectivos “que pierden más tiempo en una Fiscalía o en un juzgado” que el imputado del delito contra el cual actuaron. “Eso termina en una frustración enorme del policía que recibe un doble destrato. Está una cantidad enorme de horas persiguiendo al delincuente, después está horas en el juzgado y no se le cree. Mientras que el delincuente o presunto delincuente termina libre, del policía termina dudándose de su palabra, y se va para su casa con la frustración de haber perdido uno, dos o tres días en los procedimientos del caso”, afirmó.
Uno de los ejemplos que mencionó fue el de un funcionario de la Intendencia de Montevideo que en marzo denunció ante la Fiscalía haber sido golpeado por policías durante un control de rutina en el barrio La Teja, causa que fue archivada por falta de pruebas y luego de comprobarse inconsistencias entre lo declarado por el denunciante y los registros de las imágenes de la cámara corporal que llevaba uno de los oficiales.
Otro de los casos al que se refirió Larrañaga fue el de un artista callejero que también denunció ante la Fiscalía a cuatro policías por golpearlo e insultarlo mientras hacía malabares en la esquina de Millán y Garzón. “Se hizo un operativo de examen de las cámaras de videovigilancia una hora y media antes de la supuesta ocurrencia del hecho y una hora y media después. En esas tres horas de seguimiento de las cámaras de videovigilancia, ese malabarista no tuvo ningún policía en su cercanía. Luego del examen fiscal y de la intervención judicial esa causa fue archivada porque se comprobó que no había policías a la hora en que se denunciaba ese hecho”, aseguró Larrañaga, quien criticó indirectamente la intervención del diputado opositor Gabriel Otero (Movimiento de Participación Popular) en esa situación ocurrida en marzo.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Instrucciones claras
El año pasado el Ministerio del Interior ya había ordenado la compra de 500 cámaras personales, también como una medida adicional para garantizar la actuación policial. Las cámaras —que suman en la actualidad alrededor de 2.000— se cargan en el pecho de los efectivos con arneses especialmente diseñados para sus uniformes.
Aunque comenzaron a utilizarse en la Dirección de Información Táctica y en el Grupo de Reserva Táctica para filmar allanamientos, manifestaciones, desalojos, registros de lugares, vigilancias y operativos de fútbol y básquetbol, su empleo fue extendiéndose a otras actividades policiales y los nuevos equipos se usan también en controles de tránsito y en controles de rutina como los que se realizan en ferias barriales. En todos los casos los policías deben seguir un protocolo que los obliga a encender la cámara antes de iniciar un operativo o entrar en contacto con otras personas —ya sea para una detención, identificación, toma de denuncia o consulta— y apagarlas cuando esa actividad concluye. Si no las encienden, incurren en una falta interna.
Más allá del interés de las autoridades ministeriales anteriores y actuales, la compra de más cámaras es un continuo reclamo de los propios policías. Ante la falta de dispositivos para todos los operativos, desde los sindicatos se les recuerda a los policías que si no tienen cámaras disponibles pueden utilizar sus teléfonos celulares para registrar los procedimientos. “No es una instrucción, es una recomendación; la mejor garantía es la cámara, el teléfono y la filmación”, indicó a Radio Carve Washington Abdala, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Uruguay (SIFPOM), después de los supuestos episodios de abuso que se denunciaron en marzo.
En el Parlamento Larrañaga indicó que las nuevas unidades mostrarán los correctos procedimientos policiales a los cuales ha dado órdenes de ceñirse desde que empezó su gestión.
“En el primer día dimos instrucciones claras de qué tipo de Policía queríamos para este período de gobierno. Hemos dicho: ‘para la Policía, respaldo’, ‘para los delincuentes, la ley’. Queremos una Policía dentro de la Constitución, una Policía dentro del cumplimiento de la ley. Autoridad no es autoritarismo ni exceso, sino que es la ley que nos damos como sociedad (que está) funcionando. Nunca en nuestra historia nos vamos a colocar por encima de la ley. Nosotros defendemos la buena Policía, porque el buen policía es la ley en movimiento, es la ley actuando, es el que defiende a los ciudadanos honestos de nuestro país. Esa es la Policía que nosotros defendemos”.
