Durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi se convirtió en el ministro más interpelado desde el retorno de la democracia. Luis Alberto Heber está lejos de ese récord, pero su presencia en el Parlamento ha sido frecuente desde que en mayo de 2021 se hizo cargo de la seguridad pública del país. En distintos formatos, concurrió al Poder Legislativo para dar explicaciones sobre fugas en el Comcar, el hacinamiento del sistema carcelario, denuncias de defensores de oficio por situaciones de abuso policial, el pasaporte otorgado al narco Sebastián Marset, planes de seguridad y el aumento de los homicidios. En dos semanas volverá —esta vez en régimen de interpelación, a la Cámara de Diputados— justamente para hablar sobre las acciones emprendidas por el gobierno para combatir los asesinatos y las “situaciones de extrema violencia” registradas en el último año. Así lo describió Sebastián Valdomir, diputado frenteamplista y miembro interpelante.
El diagnóstico que brindará Heber en el Parlamento será similar al que dio un año atrás en el Senado y al que ha repetido cuando presenta las cifras oficiales de delitos: ciertas zonas de Montevideo, Canelones, Rivera y San José, principalmente, intentan ser dominadas por grupos con control de al menos tres bocas de venta de pasta base; el mercado se satura y esas bandas comienzan a pelear entre sí a fuerza de balas, una situación profundizada por el accionar policial que cierra bocas de venta, disminuye la circulación de droga e incrementa la disputa por el territorio. Este tipo de conflicto intercriminal, según la versión del gobierno, es el que genera el alto índice de homicidios: en 2022 fueron 383 muertes, un aumento del 25,2% respecto al año anterior. En su mayoría, el 61%, se consumaron en la vía pública u otros espacios abiertos.
Para dar solución a esta problemática, el 1° de marzo Heber nombró una nueva cúpula policial liderada por José Manuel Azambuya, quien reemplazó a Diego Fernández. “Iniciamos una etapa para ir a más. Queremos más seguridad para nuestro pueblo y nuestro pueblo precisa más seguridad”, valoró Heber en febrero al anunciar quién sería el nuevo director de la Policía Nacional. Aunque el ministerio todavía está a la espera de concretar políticas de seguridad a mediano y largo plazo, de corte más integral y dependientes de acuerdos políticos, a nivel policial se impartieron directivas con el objetivo de tener más efectivos en los territorios calientes, movilizados a partir de datos de delitos y de inteligencia.
Fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que una de las líneas clave de esa estrategia implicó mayor salida a la calle de las unidades de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional: la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección de Hechos Complejos. La orden no significa necesariamente actuar en patrullajes, detenciones y allanamientos, sino “estar presentes de primera mano” en zonas donde se detecta un aumento del crimen relacionado con el microtráfico de droga.
Además de estas unidades dependientes de la Dirección de Investigaciones, también se pidió un mayor despliegue en el territorio a las unidades de la Jefatura de Montevideo y se autorizó a las jefaturas departamentales a que en determinados procedimientos puedan solicitar de manera directa el apoyo de la Guardia Republicana, la división represiva de élite de la Policía, que tiene competencia nacional.
Otro de los apoyos calificados de “fundamental” es el de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, que en mayo sumó dos helicópteros a su flota y que se encarga de monitorear con cámaras desde el aire operativos y patrullajes que se realizan en tierra. “La sola presencia de helicópteros en muchos lugares de los barrios de Montevideo y del interior, disuaden el delito. El solo hecho de escuchar sus aspas y su presencia generan un temor”, dijo Heber hace un mes durante la presentación de las nuevas aeronaves.
La estrategia de ampliar el movimiento en el territorio comprende incluso a la Dirección Nacional de Policía Caminera, cuyo propósito original es organizar el tránsito en la red nacional de rutas, pero que reforzó el control de documentación de vehículos, conductores, pasajeros y cargas, con el objetivo de sumarse operativamente en el combate al delito al “reprimir contravenciones dentro de la órbita de su competencia”.
El jueves pasado la Jefatura de Policía de Montevideo informó que realizaron controles aleatorios de personas y vehículos en 687 puntos de control. En esos operativos realizados por las diferentes seccionales policiales y Unidades de Respuesta Móviles de las cuatro Zonas Operacionales de Montevideo identificaron a 1.533 personas y 950 vehículos, y fueron detenidas 11 personas que estaban requeridas por diversos motivos.
Todo este nuevo despliegue operativo se enmarca en el plan de acción denominado “fuerza de tareas”, presentado por Heber en el Parlamento a mediados del año pasado. En la Policía consideran que la nueva estrategia fortaleció el trabajo del PADO y de los Grupos de Respuesta Táctica (GRT) de las jefaturas en zonas como el Centro, Cerro, Conciliación, Peñarol, Villa Española, La Paz, Las Piedras, Canelones, Ciudad del Plata y San José de Mayo. Será parte del planteo de Heber en el Parlamento. “Voy a llevar las cifras a la interpelación”, afirmó el ministro el sábado 10 entrevistado por El Observador respecto a una baja de los homicidios en marzo, abril y mayo en comparación con los mismos períodos de 2022, y a la desarticulación de algunas de las aproximadamente 50 bandas de droga que actúan en zonas metropolitanas del país.
División especializada
Más allá de que en el Ministerio del Interior estiman como positivos los resultados conseguidos en los últimos tres meses, en la Policía permanecen alertas a un posible repunte de los ajustes de cuentas entre bandas, y por ende de los homicidios. En las últimas semanas ya se produjo un crecimiento de asesinatos. Según las fuentes, el análisis de la conducta delictiva demuestra que apenas “disminuya un poco el despliegue operativo los grupos volverán a atacarse”.
Con los homicidios enfocados como uno de los principales problemas de seguridad pública, el ministerio y la Fiscalía General de la Nación mantienen reuniones periódicas.
En ese marco, el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, planteó a las autoridades del Ministerio del Interior crear una división especializada en homicidios en la cartera, según indicó a Búsqueda, una propuesta que es analizada por el Ministerio del Interior. La finalidad sería lograr una mayor aclaración de las muertes violentas, como resultado de un trabajo focalizado en este tipo de delitos de los funcionarios policiales con mayor capacitación.
Se trata de una idea que ya había planteado Gómez en 2018 en una dependencia policial en el Prado, cuando entonces se desempeñaba como fiscal a cargo de las investigaciones de homicidios y el titular de la cartera era Bonomi. A principios de junio la volvió a reiterar en una reunión con la cúpula del Ministerio del Interior, fiscales y personal superior de la Policía.
Las cifras de ese año revelaron un aumento del 45,8% de los asesinatos en relación con el año anterior, 2017. En 2018 hubo 414 homicidios, 223 en Montevideo y 191 en el resto del país, mientras que en 2017 la cifra total había sido 284. Esa cantidad fue un récord histórico de homicidios y el entonces ministro Eduardo Bonomi reconoció que se había registrado un incremento “muy fuerte” de los delitos en general. Al igual que sucede en la actualidad, desde la oposición se criticaba que la política de seguridad había fracasado.
Actualmente la colaboración de la Policía como auxiliar de la Fiscalía en la aclaración de los asesinatos queda a cargo de las áreas de investigaciones de las respectivas jefaturas departamentales, más allá del apoyo que reciban de direcciones policiales nacionales. Por su parte, Hechos Complejos es responsable de investigar los delitos de homicidio cuando hayan transcurrido más de seis meses sin ser esclarecidos ni existan avances tales como libramiento de orden de captura.
Con la creación de una división especializada en homicidios dentro de la Policía, las autoridades tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía pretenden que haya una especialización por parte de los funcionarios y una mejor coordinación, para que la información “no se pierda”, en la comunicación entre zonas, manifestó Gómez.
“Lo digo con mucho respeto a los funcionarios policiales. A veces hay una información que tiene el que está trabajando en la Zona IV, pero puede estar relacionado con un caso de la Zona I y no hay una transferencia. O es difícil”, indicó el fiscal de Corte subrogante. En el Ministerio Público, en tanto, hay tres fiscales a cargo de sedes que se especializan en investigar homicidios en Montevideo.
La cantidad de muertes violentas que permanecen impunes aumentó el año pasado. En 2022 se aclararon el 50,6% de los casos, según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En el resto de los casos, 189 asesinatos ocurridos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, no se alcanzó una condena.
Este porcentaje ha ido en descenso en los últimos ocho años: en 2015 se aclaraba el 65% de los homicidios.
La reducción del esclarecimiento es otro de los motivos de la convocatoria realizada al ministro Heber a la Cámara de Diputados, que será el próximo miércoles 28 de junio.
El legislador frenteamplista Sebastián Valdomir afirmó en rueda de prensa a finales de mayo que “el ministro sigue sin hacerse cargo” frente a una “situación desastrosa” y que debe “rendir cuentas”. A su vez, recordó que en la última Rendición de Cuentas le preguntaron a Heber por qué no declaraba la emergencia por muertes violentas y el jerarca respondió que no veía necesaria esa propuesta “marketinera”, con el argumento de que hubo “éxito” en los planes implementados y que las cifras de 2022 iban a ser alentadores, sin embargo, hubo un aumento del 25%.
