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    El PIT-CNT cree que el efecto de no cubrir vacantes en el Estado sería “muy marginal” y “conspira” contra la educación y la salud

    La reducción de la plantilla de funcionarios públicos está en la mira de los principales partidos de la oposición. Con el foco puesto en reducir el déficit, sus candidatos presidenciales lo plasmaron en propuestas. Ernesto Talvi prometió reducirla en 45.000 funcionarios en el quinquenio y Luis Lacalle Pou cree que si no repone el 21% de las vacantes podría ahorrar unos US$ 100 millones anuales.

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    El PIT-CNT se sumó antes de ayer, martes 27, al debate. Lo hizo a través de un informe de su brazo de formación e investigación, el Instituto Cuesta Duarte, en el marco de una charla para analizar el gasto público. Luego de analizar el informe de vínculos laborales con el Estado de la Oficina Nacional de Servicio Civil y la evolución en el período 2009-2018, el economista Pablo Da Rocha sostuvo que las propuestas no solo son “discutibles”, sino que además tendrían “efectos muy marginales”.

    “Lo que se pretende no es hacerse de algunos millones, sino poner en tela de juicio la importancia relativa de la cantidad de funcionarios, que tiene que ver con el peso del Estado y la eficiencia”, cuestionó.

    Para llegar a esa conclusión, Da Rocha analizó en concreto el caso de las bajas de funcionarios en 2018. Acorde a los datos oficiales, en ese año se interrumpieron 27.763 vínculos laborales: 13.434 por finalizaciones de contrato, 7.228 por jubilaciones, 4.608 por renuncias, 1.385 por ceses, y el resto se dividen entre muertes, destituciones y otros motivos.

    La amplia mayoría de las bajas (17.089) corresponden a los organismos detallados en el artículo 220 de la Constitución. Entre ellos, están la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), la Universidad de la República (Udelar) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), que representan el 90,4% de los vínculos laborales de ese grupo.

    Según Da Rocha, a contrapelo de lo que muestran esos números, cuando hablan de sus propuestas de reducción de la plantilla pública, los candidatos hacen una “clara y deliberada insistencia” en los organismos del artículo 221 de la Constitución, básicamente las distintas empresas públicas. En el año 2018 a ese grupo correspondieron 1.995 bajas por lo que, según afirmó, reducir ahí “no aporta nada”.

    “Es en los organismos del artículo 220 (de la Constitución) donde hay más bajas. Pero la evolución de vínculos ahí se explica por Asse y por Anep. ¿Por qué se produjo esa evolución? Porque la matrícula de estudiantes aumenta, las necesidades de atención en salud aumentan. Entonces, hay una demanda social para cubrir y lo que se necesita son funcionarios. Decir que no voy a cubrir las vacantes es conspirar contra estos fines y cometidos del Estado”, criticó.

    ¿Sobran funcionarios?

    Detrás de las propuestas de no cubrir vacantes está, según Da Rocha, el mensaje de que “sobran funcionarios públicos”. Mediante el análisis de la evolución durante el período 2009-2018, el economista del Cuesta Duarte intentó explicar detalladamente qué pasó con los vínculos laborales con el Estado.

    El resultado global es que se pasó de 264.957 vínculos a 312.565, lo que representa un incremento de 18%. Al entrar en detalle, sin embargo, se observa que el crecimiento está concentrado en pocos organismos: el Ministerio del Interior sumó 3.846 nuevos vínculos, la Universidad de la República 2.620, Anep 31.901 y Asse 7.343.

    Al mirar por grupo, en el Poder Legislativo hubo un 2% de incremento, en la Administración Central 0%, en los organismos del artículo 220 42%, en las empresas públicas 1% y en los gobiernos departamentales 4%. En ese último grupo fue en el único que deslizó algunas críticas al incremento de vínculos.

    Para marcar su importancia hizo una división por “tipo” de vínculos y midió su peso en el total. El resultado es una especie de ranking que muestra que los relacionados con educación y cultura están en la cima y representan el 37,1% del total. En segundo lugar, sorpresivamente para Da Rocha, están los vínculos con gobiernos departamentales que alcanzan el 13,1%. El top cinco lo completan los vínculos relacionados a seguridad (10,5%), los de Defensa (9,5%) y los de Salud Pública (8,8%).

    De nuevo en referencia a los gobiernos departamentales, Da Rocha apuntó algunas tendencias llamativas. Allí resaltó el incrementos de funcionarios en Rivera (23%), Cerro Largo (18%), Río Negro (14%) y Florida (13%).

    Para cerrar, comparó el registro del informe de 2018 con datos de ocupación de la Encuesta Continua de Hogares. De esa manera concluyó que las 274.977 personas que tienen algún vínculo con el Estado representan el 16,8% de la población ocupada (1.636.220).

     

    Recuadro de la nota

    Engañosa mayoría de mujeres