El PIT-CNT definió “informar”, “denunciar” y “elevar los costos políticos” como estrategia para frenar la reforma jubilatoria

“En este momento, sin descartar ninguna de las formas de lucha (…), la tarea es informar y denunciar las características de esta reforma jubilatoria entre los trabajadores, entre los vecinos a lo largo y ancho del país, con una red de asambleas en los lugares de trabajo y acciones de carácter territorial que permitan que nuestro pueblo sepa el carácter verdadero de esta reforma. Es necesario elevar los costos políticos de una eventual aprobación parlamentaria, donde quede claro que se está llevando adelante una acción absolutamente impopular”, detalla la propuesta que logró el respaldo de 31 filiales, una amplia mayoría.

Un punto de esa primera parte marcaba una diferencia con la moción ganadora. Proponía consultar a “constitucionalistas calificados” para analizar la “pertinencia técnica” de una consulta popular.

En la segunda parte de la moción, que adelantaba medidas a considerar para febrero o marzo, las diferencias se profundizaban. Allí se proponía considerar un paro de 48 horas con fecha a definir “según la coyuntura”, impulsar al menos dos movilizaciones callejeras con la Intersocial y consultar a todos los sindicatos sobre la “perspectiva de ir a una consulta popular”.

Esta propuesta recibió nueve votos y hubo siete filiales que se abstuvieron. Entre quienes apoyaron la moción de Sintep y AFPU estuvo la Federación Ancap (Fancap), uno de los pioneros en promover el referéndum para intentar derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

Sobre el Congreso del Pueblo la mesa representativa resolvió aprobar “en general” las propuestas de un documento que se había presentado semanas atrás. Además, se encomendó al secretariado ejecutivo a redactar un “llamamiento” para esa instancia y entregarlo a la Intersocial. Para principios de 2023 se aprobó organizar “una serie de actividades territoriales” y “entrevistas con organizaciones vinculadas” al objetivo del congreso.

Frente por el agua y lo político sobre lo jurídico

Varios sindicatos aprovecharon la última mesa representativa para poner al tanto al PIT-CNT de conflictos particulares. Entre ellos hubo informes en los asuntos previos de tres sindicatos públicos: la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) y Fancap.

FFOSE se refirió al Proyecto Neptuno —aprobado recientemente por el directorio de la empresa—, que a su criterio “privatiza el agua” y la convierte en un “fuerte negocio para el capital”. Como estrategia para intentar frenar la iniciativa, el sindicato está impulsando la creación de un “Frente por el agua” y prepara una movilización para el 22 de diciembre para la que le pidió al PIT-CNT que se “sume”, lo que fue aprobado por unanimidad.

Al margen de estas medidas políticas, el sindicato tomó la medida legal de reclamar la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los trabajadores plantearon su rechazo a la decisión del directorio del instituto de aprobar las conclusiones de una consulta externa que determinó que Guido Manini Ríos e Irene Moreira no son colonos cuando existían tres informes de los “servicios técnicos” que concluyeron lo contrario. Para el sindicato es un “gravísimo precedente” que “afecta el patrimonio” de Colonización y “desprestigia” el trabajo de sus funcionarios. La mesa representativa respaldó su planteo con una resolución en la que afirma que la decisión de los directores del oficialismo en el instituto priorizó “intereses políticos por encima de los institucionales y jurídicos”.

Fancap puso al tanto a las otras filiales de las negociaciones que lleva a cabo con la empresa por las plantas de aerocombustible de laguna del Sauce y Carrasco, un punto que causó conflictos en octubre y que puede volver a escalar. El sindicato cree que las jerarquías de Ancap están haciendo “chicanas para comprar la paz sindical”. Dijeron estar dispuestos a discutir una reorganización del trabajo pero si se garantiza que las plantas permanecerán en manos de Ancap, de lo contrario volverán a tomar medidas. La Mesa Representativa del PIT-CNT respaldó su posición.

Afinco y FFOSE, como Fancap, también estuvieron entre quienes apoyaron la moción perdedora para enfrentar la seguridad social.

La conflictividad laboral del 2022 fue la tercera más alta de los últimos 20 años, según un informe de la Universidad Católica que prevé un incremento para el 2023.