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En varios sentidos el 2022 fue un año de quiebre de este período de gobierno. Fue, por ejemplo, el año en que definitivamente quedó atrás la emergencia sanitaria del Covid-19 y en el que se saldó —a través de un referéndum— una larga discusión política que tuvo en jaque durante más de un año a buena parte del articulado de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La situación de las relaciones laborales, y en particular de la conflictividad, también parece haber tenido una vuelta de página.
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Un informe de la Universidad Católica muestra que en el 2022 hubo un incremento notorio de los conflictos sindicales respecto a los niveles de 2021 y 2020. En concreto, la conflictividad global —la que refleja tanto las medidas del PIT-CNT como las de los distintos sindicatos— fue el doble que la del año anterior, mientras que la conflictividad sectorial fue un 80% superior.
El estudio incluye el mes de noviembre, con una estimación con base en los anuncios de conflictos que existían al 20 de ese mes. Sin tomar en cuenta diciembre, los conflictos con interrupción de actividades registrados fueron 101 y hubo cuatro paros generales del PIT-CNT. Las medidas implicaron la pérdida de 1.476.516 jornadas laborales e involucraron a 1.498.092 trabajadores.
“Esto significó un aumento importante en relación a los años anteriores, no solo por el número de paros sino también por la duración, cobertura y adhesión”, dice el informe.
El nivel de conflictividad no solo fue alto en la comparación dentro de este período de gobierno sino en términos históricos. De hecho, fue el tercer año con más conflictos en promedio de los últimos veinte. Lo superan solo el 2015 (cinco paros generales y un amplio conflicto en la educación) y el 2002 (12 paros generales en la crisis económica).
El detalle mes a mes de 2022 muestra que la conflictividad sectorial tuvo un “gran crecimiento” en octubre, que se explica por numerosos paros desarrollados en la educación con dos ejes: reclamos presupuestales y rechazo a la reforma promovida por el gobierno. La educación (48%) y la construcción (30%) fueron los principales motores de la conflictividad sectorial.
Las causas de los conflictos globales también muestran este año una particularidad: más de la mitad, el 60%, están dentro de la categoría “otros”. La lista sigue con un 25% por salario, un 10% por condiciones de trabajo y un 4% por empleo. Dentro del mayoritario “otros” están las medidas contra la reforma educativa, la de la seguridad social y el paro definido en el marco del Día Internacional de la Mujer que incluía la campaña contra la LUC.
Las perspectivas para el año 2023 apuntan a que la conflictividad alta se mantendrá. Una de las responsables del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, Eloísa González, está convencida incluso de que se incrementará.
“Va a aumentar la conflictividad. Reforma educativa, reforma de la seguridad social, vencen 150 convenios colectivos. Es casi imposible que no haya un aumento”, dijo a Búsqueda.
Electrocardiograma y coyuntura
En la discusión pública, explica González, existe algo así como una “sensación térmica” de la conflictividad. Si bien reconoce que existen “sesgos ideológicos” que influyen, explica que cuando se analiza objetivamente el fenómeno —o se intenta hacerlo— se ve que los picos altos o bajos de la tensión en las relaciones laborales obedecen a “temas estructurales” que van más allá de la coyuntura política.
El índice de conflictividad para González es una especie de “electrocardiograma” que muestra cómo “late el corazón de los actores” ante distintos estímulos. Una mirada larga muestra que, más allá del signo político del gobierno de turno, los contextos económicos adversos, la caída del salario, las rendiciones de cuentas, y las reformas son tradicionalmente desencadenantes de medidas de lucha sindical.
El cóctel del 2023 reúne varios factores que aumentan la conflictividad. El análisis de la coyuntura económica del informe de la Universidad Católica subraya que la evolución del salario real, a diferencia del empleo y la actividad económica que tuvieron una recuperación, no repuntó. El promedio del salario real de enero-setiembre 2022 tuvo un descenso de 4,12% respecto al registrado en el mismo período de 2019.
En el apartado en el que analizan las perspectivas para el año entrante auguran una ronda de negociaciones “tensa” que incluirá casi 150 mesas del sector privado en las que los sindicatos “presionarán para mejorar el salario real”. La ronda de Consejo de Salarios coincidirá también con la última Rendición de Cuentas antes del año electoral de 2024.
A este escenario de por sí agitado se suman dos reformas relevantes. Por un lado está el proyecto de ley del gobierno para modificar el sistema de seguridad que fue disparador del último paro general parcial del PIT-CNT; por otro, la reforma educativa que explicó la mayor porción de la conflictividad sectorial del 2022.
González añade al análisis el desafío para el empleo que significará el final de las obras de UPM, en un sector que suele ser relevante en las medidas de lucha como el de la construcción. “Si no se dispara la conflictividad es porque pasa algo raro”, dijo.
Hoy, jueves 24, la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira; el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O’Neill, y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, participarán de una mesa de discusión en la Universidad Católica a partir de los resultados del informe de conflictividad.
