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“La educación, como tantas otras cosas, la van a gobernar los gobernantes y no las corporaciones. Los gobernantes gobiernan y los sindicatos hacen su tarea”, dijo el precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou el 30 de marzo.
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Este ejemplo utilizaron varios dirigentes sindicales en las últimas reuniones del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para mostrar su rechazo a los partidos de oposición de cara a las próximas elecciones nacionales de octubre. Precisamente, en dichos encuentros quedó conformado el “Plan de Acción del Año” de la central sindical, que incluye las propuestas que presentarán a los precandidatos presidenciales.
En diálogo con Búsqueda, Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT, dijo que el objetivo de la central es que “ningún voto de trabajador sea para la derecha” porque “se plebiscitan dos modelos de país” y “quienes estuvieron antes del Frente Amplio (FA) fueron muy negativos para los uruguayos”.
Entre los logros del FA resaltados por el dirigente están “la rebaja de la pobreza, el aumento del salario mínimo, la instalación de los Consejos de Salarios, las leyes laborales aprobadas, entre otros”.
“Hubo otras etapas de crecimiento económico y no pasó esto. Las reformas hechas por este gobierno solo pueden ser comparadas con las del gobierno de José Batlle y Ordóñez. No somos neutrales ante esto, sí somos independientes”, agregó.
El documento elaborado por la central —aprobado por la Mesa Representativa ayer miércoles— y al que tuvo acceso Búsqueda, plantea exigencias para quien sea el próximo presidente con cambios en la política tributaria y profundización de la política social.
Tributación.
El PIT-CNT propone una “elevación del mínimo no imponible y la consecuente readecuación de las franjas” del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Como otra opción, “aumentar la cantidad de deducciones admitidas, procurando acercar la base imponible a la renta neta del contribuyente, así como mejoras en la liquidación por núcleo familiar”.
En relación con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la central sindical planteó “exonerar todos los alimentos actualmente gravados con la tasa mínima de 10% (carne vacuna, ovina, porcina y de ave, pan y galleta de campaña, pasta y fideos, pescado, aceites y grasas comestibles, azúcar, harina, arroz, yerba, café, té y sal de uso doméstico)”.
Asimismo, considera “oportuna la exoneración del IVA en los servicios públicos como la electricidad y la telefonía fija hasta ciertos niveles de consumo, de manera de abarcar el consumo residencial de menor porte vinculado a los hogares de menor poder adquisitivo”.
Por otra parte, se cuestionan las exenciones tributarias que da el gobierno. Se solicita “limitar las exoneraciones otorgadas al capital”, “imponer un tope al monto total de exoneraciones” y “eliminar las exoneraciones del Impuesto al Patrimonio”.
“Es necesario revisar el actual sistema de exoneraciones tributarias fijando topes más altos a las exoneraciones otorgadas, acotando los plazos en que se conceden los mismos y afinando los criterios de selecciones de proyectos a promover”, se indica en el informe.
Salario y agro.
El aumento registrado en el Salario Mínimo Nacional es uno de los logros que más destaca el PIT-CNT a los gobiernos frenteamplistas pero, según Pereira, “falta mucho, porque hay 700.000 trabajadores por debajo de $ 15.000 de salario”.
Por ello se pide “establecer pautas específicas tendientes a atender la situación de los sectores con salarios particularmente sumergidos” y ajustar las “diferencias salariales entre categorías laborales muy similares”.
Agregan que “es necesario regular y poner límite a la creciente concentración de la tierra y a la especulación financiera que hace de su renta una fuente de acumulación”.
En este sentido, “se hace imperante revisar integralmente el sistema tributario y las exoneraciones que enfrenta el sector del agro y de las que se benefician los dueños de las tierras” porque “la presión fiscal en el sector en los últimos años no superó el 5% o 6% mientras que para el promedio de la economía se ubica en el entorno del 30%”.
Se exige la recuperación de AFE y se critica que “los sucesivos gobiernos, incluido el actual, no han querido o no han sabido elaborar proyectos viables e integrales de recuperación de un sistema de transporte ferroviario, limitándose a aplicar parches ineficientes y caros”.
Por último, se denuncia que al aplicar la reforma de la salud el Ministerio de Salud Pública tiene “falta de audacia política” para “enfrentar a los sectores corporativos empresariales que siguen pensando la salud como un campo para seguir lucrando y obtener una mayor acumulación de capital”.
