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El nivel de división que atraviesan las asociaciones de trabajadores municipales es tan grande que la Federación que los nuclea experimenta una especie de desdoblamiento. La situación, casi absurda, quedó en evidencia el pasado jueves 13, cuando incluso se conformaron direcciones paralelas.
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Ese día la Federación Nacional de Municipales (FNM) celebró un Congreso en Montevideo con la presencia de 11 asociaciones (Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú, Soriano, Colonia, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado). Reunidos en la sede del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), definieron la integración de la Mesa Ejecutiva hasta octubre de 2019 con Nicolás Yapur, de Paysandú, como presidente y Martín Herling, de Soriano como secretario general. También se ratificó a Daniel Urquiola, de Lavalleja, y Juan Carlos Gómez, de Salto, como representantes de la Federación en el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa del PIT-CNT, respectivamente.
Al mismo tiempo, la FNM desarrollaba una movilización en Rivera, en el marco del último Congreso de Intendentes del año. En este caso participaban otras diez asociaciones (Durazno, Montevideo, Canelones, Florida, Flores, San José, Colonia, Río Negro, Artigas y Rocha). Liderando a ese grupo estaba Valeria Ripoll, presidenta de Adeom Montevideo y también de la FNM según las elecciones realizadas en el congreso de octubre de 2017.
En total suman 21 asociaciones para 19 departamentos porque los dos bloques discuten las representaciones de Colonia y Artigas.
El miércoles 19, la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió crear una comisión que trabaje para intentar encontrar una solución y evitar “una fractura inminente”. El grupo de trabajo, según indicó Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), estará integrado por referentes de los dos bloques en disputa en la Federación y de las tres corrientes sindicales vinculadas a la discusión: Gerardo Cuesta (de mayoría comunista), En Lucha (liderada, entre otros, por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, la FOEB y Adeom Montevideo) y el llamado “grupo de los ocho” (que integran los sindicatos de UTE y AFE, los trabajadores gastronómicos y hoteleros, los de la industria gráfica, la enseñanza privada, los del Correo, los funcionarios del Codicen y los de UTU).
La situación en la FNM es reflejo de las diferencias que existen entre las corriente sindicales, que quedaron plasmadas incluso en el Congreso del PIT-CNT en mayo y con la conformación, unos meses después, de la corriente En Lucha que busca ganar peso como visión alternativa de los grupos mayoritarios Gerardo Cuesta y Articulación.
El miércoles 12 los integrantes de En Lucha, que son miembros de la Mesa Representativa del PIT-CNT, intentaron que se abordara en ese órgano la situación de la FNM. Tras una votación negativa decidieron retirarse, lo que obligó a suspender la reunión y pasar a cuarto intermedio.
En Lucha consideraba que el PIT-CNT iba a incurrir en “una intromisión” en los problemas internos de la FNM al permitir que se realizara en su sede un Congreso convocado por las 11 asociaciones de municipales en las que predomina la corriente Gerardo Cuesta. Aunque finalmente ese Congreso se realizó en el Sunca, Ferreira, referente de En Lucha, dijo que fue una señal “embromada” para las tensiones internas.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT y referente de la Gerardo Cuesta prefirió no hacer comentarios sobre la situación de la FNM. “Siempre en estos casos nuestra labor es zurcir”, se limitó a decir.
“Golpe de Estado”
Para Valeria Ripoll está claro que no hay dos federaciones sino una sola. El miércoles 19, en su intervención en la Mesa Representativa, dejó en claro que lo que pasó el jueves 13 en la sede del Sunca fue, a su juicio, “un golpe de Estado”.
La dirigente calificó como “un disparate” el nombramiento de una nueva conformación de la Mesa Ejecutiva y el uso del membrete oficial de la FNM en el documento con los resultados del congreso.
Según dijo, de las 11 asociaciones que realizaron el congreso paralelo solo cuatro están en condiciones de integrar la FNM de acuerdo con el estatuto: Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres y Maldonado. De las restantes, hay cuatro suspendidas (Soriano, Tacuarembó, Rivera y Paysandú) y una expulsada (Salto) por tener “deudas enormes” y no cumplir con los pagos por sus afiliados.
En Artigas, en tanto, la Asociación de Empleados Municipales de Artigas “es considerada un sindicato amarillo” que responde a los intereses del intendente, Pablo Caram, además de que hace más de dos años no hace los aportes a la FNM. Por ese departamento, según Ripoll, el gremio que integra la federación es el de los municipales de Bella Unión.
De cara a la mediación que intentará la comisión creada por la Mesa Representativa, dijo que están abiertos al diálogo y dispuestos a financiar las deudas para que puedan retornar las asociaciones suspendidas y expulsadas. Por el contrario, sostuvo que no van a tolerar violaciones del estatuto o que se quiera adelantar las elecciones, que recién deberían realizarse en octubre del 2019.
Honrar los acuerdos
Para Daniel Urquiola también es claro que no hay dos federaciones sino una sola. Sin embargo, la que él cree válida no es la de Ripoll. Esa Mesa Ejecutiva, a su juicio, quedó removida el 10 de octubre en un Congreso realizado en Tacuarembó.
Urquiola fue hasta agosto el representante de la FNM en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Ese mes, la federación le retiró el respaldo y esa decisión, justamente, fue uno de los desencadenantes de la situación actual.
Según Urquiola, los nombres que representarían a la federación en el PIT-CNT eran parte de los acuerdos que sostenían el “delicado equilibrio” en el que quedaron después de las elecciones de 2017 ganadas por Adeom Montevideo. Al quitarle la confianza no se “honraron los acuerdos”, algo fundamental para conservar la unidad.
A raíz de ese y otros episodios, tres asociaciones pidieron que se convocara a un Congreso, algo previsto en el estatuto. Como la Mesa Ejecutiva no lo hizo en el plazo estipulado de 30 días, convocaron esas mismas asociaciones al Congreso de octubre en Tacuarembó.
Según Urquiola, al ser 11 asociaciones tenían el quórum necesario para sesionar. A diferencia de Ripoll, asegura que las expulsiones y suspensiones habían sido levantadas por la comisión fiscal de la federación y que el sindicato de Artigas que integra su grupo es el más representativo.
En ese Congreso removieron a la Mesa Ejecutiva que presidía Ripoll y designaron una provisoria. En el Congreso del pasado jueves 13 determinaron la conformación definitiva. A pesar de defender el camino que siguieron, reconoce que la federación tiene un “problema enorme”.
La comisión, que intentará encontrar una solución, deberá llevar una propuesta de salida a la próxima Mesa Representativa del PIT-CNT en febrero.
