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El sueño de la “casa propia” está fuertemente arraigado entre los uruguayos; pero para muchos no dejará jamás de ser un sueño, dados los altos costos de la construcción y los pocos medios que existen para financiar la compra a largo plazo.
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Esto llevó a que el PIT-CNT (coordinado por la UNTMRA) organizara 360 cooperativas para construir viviendas baratas a 16.000 familias, pagando cuotas de unos 6.000 pesos por mes, que terminó en oscuros procesos y corruptelas aún no aclaradas. Pero, ¿por qué tiene que meterse el PIT-CNT a construir viviendas? ¿Por qué el costo de construcción es más caro en Uruguay que en Miami? ¿Es el Estado el que puede resolver una baja de precios o debería ser el libre mercado?
Para empezar, las regulaciones estatales para habilitar una obra son lentas, burocráticas y costosas. En la categoría “Manejo de permisos de construcción” que lleva el ranking Doing Business del Banco Mundial, Uruguay figura en el lugar 154 de 189 países evaluados.
Los materiales de construcción (como casi todos los bienes en Uruguay) son caros. Es caro fabricarlos localmente y es caro importarlos; gracias a que el Estado se lleva un 22% de IVA, recargos, tasas y permisos de todo tipo y color.
El otro 50% del costo de una obra, es la mano de obra. El PIT-CNT se encargó de llevar el costo de un capataz a más de 120.000 pesos por mes (unos 70.000 pesos de salario más un 90%, aproximadamente, de BPS). Todo esto es muy lindo desde el lado del obrero de la construcción, pero es una pesadilla desde el lado del comprador, ¡que también es un obrero!
Como toda economía se regula por cantidad o por precio, a mayor costo de la mano de obra se desarrolla el ingenio para evitar contratarla. Cuando en Estados Unidos aumentó el valor hora de una empleada doméstica, comenzó el auge de los electrodomésticos y la ropa empezó a lavarla General Electric, no María. Tiró tanto de la cuerda, que se rompió.
Es paradójico que el PIT-CNT recurra a “la combinación de diferentes nuevas tecnologías constructivas (…) que permiten procesos de reducción sustantiva del precio del metro cuadrado de construcción”: la mejor manera de contratar menos manos de obra.
El otro gran problema es el financiamiento a largo plazo. Los bancos necesitan disponer de fondos para prestar a 10, 20 o 30 años. Pero, ¿quién está dispuesto a invertir a tan largo plazo en economías inestables? En los países de primera existen mercados financieros modernos, con instrumentos de financiación flexibles, donde las AFAP y otros inversores institucionales pueden canalizar sus inversiones en mercados transparentes. Sin ir más lejos, el caso de Chile es un buen ejemplo.
Como vemos, cada vez que el Estado, los sindicatos o las corporaciones alteran los mecanismos del libre mercado, los precios aumentan, la corrupción aflora y los consumidores quedan sin soluciones.
Por eso es poco creíble que los dos principales culpables de los altos costos de la construcción, el Estado y los sindicatos, vayan a resolver un problema que ellos mismos crearon.
Es como esperar que los lobos cuiden bien a las ovejas.
