El Parlamento acumula proyectos para combatir la corrupción, pero las posibilidades de alcanzar acuerdos parecen difíciles

Desde que asumió en la Jutep, en febrero del 2017, Gil vio ese patrón repetirse ante cada hecho que genera controversia pública: ya sean las tarjetas corporativas de Ancap mal utilizadas por Raúl Sendic o la designación de familiares en cargos de confianza en intendencias del interior. El jerarca planteó a Búsqueda que en vez de hacer varios proyectos por separado, los partidos deberían ponerse de acuerdo en “uno que camine bien” y en el que acepten que “no se va a resolver todo”, pero sí “tres o cuatro temas centrales”.

“La gente no tiene claro cómo es el trabajo parlamentario y es fácil convencerla de que se gasta mal la plata de todos”, dijo.

Agregó que los legisladores “reaccionan a la agenda” y usan sus salidas para mostrar que “son sensibles a los problemas que tiene la gente”. Chasquetti puso como ejemplo la situación con los productores agropecuarios. Recordó que durante el 2017 casi ningún legislador se preocupó por este tema durante su actividad parlamentaria: solo hubo un pedido de información del blanco Omar Lafluf a mitad de año y una convocatoria al entonces ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, a la Comisión Permanente.

Honestidad.

Gil dijo que, de todas formas, nota una “mayor preocupación” de “algunos actores de distintos partidos” para dar señales contra la corrupción. “Ahora, a la hora de caminar, empiezan a aparecer los frenos. O sea, yo puedo estar convencido de ciertas cosas, pero me tengo que poner de acuerdo con el adversario con el que me estoy peleando por ciertas cosas, y es ahí donde muchas buenas intenciones quedan muertas. Y cuanto más cerca estemos de las elecciones, va a ser peor”, dijo.

En los últimos días, algunos dirigentes políticos dieron señales de que alcanzar acuerdos en algunas áreas es viable. El viernes 7, el senador colorado Pedro Bordaberry divulgó una iniciativa que busca prohibir la contratación de familiares de jerarcas de organismos públicos. “¿Le hace bien al sistema político que se nombre a cónyuges, hijos, primos, yernos, hermanos de jerarcas en cargos en forma directa? ¿Si son tan buenos y necesarios, no serán los elegidos en un concurso?”, se preguntó Bordaberry al escribir una columna de opinión en el portal El Telescopio. El legislador dijo que espera que la iniciativa se apruebe de manera rápida.

El senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, respondió ante esta propuesta que es oportuno analizar el tema. Se mostró a favor de dialogar con Bordaberry para ver el “alcance” de la iniciativa. Además, recordó que el Frente Amplio intentará aprobar este año una norma que obligue a que los ingresos en las intendencias departamentales sean por concurso, aunque necesitará votos de la oposición para lograrlo.

Gil comparte la preocupación por las contrataciones discrecionales. Dijo que “cada tanto” aparece la “duda” respecto a si algo es corrupción o mala gestión. “La corrupción es clarísima, es esto, esto y esto, y no hay perdón. La mala gestión, en cambio, perjudica igualmente al bolsillo del ciudadano porque es plata que se pierde. ¿De quién es la culpa entonces? La culpa es del que lo puso ahí. La culpa es del que puso a gestionar en un organismo público a alguien que no está preparado, cuyo único mérito es ser amigo de alguien o ser diputado derrotado. Hay que separar los dos castigos, porque son distintos, pero ¿por qué no vamos a un modelo en el cual nombremos a los directores de los organismos de una manera que apunte al logro de los objetivos?”.

El oficialismo también impulsará que quede establecido por ley que ningún jerarca del Estado puede ganar más que el presidente de la República, informó a Búsqueda Carrera. Además, añadió que está trabajando con la diputada Macarena Gelman en un proyecto para que haya concursos para los ingresos y los ascensos en el Poder Judicial.

Los sueldos y los privados.

Los proyectos de Bordaberry y del Frente Amplio se suman a otros que, con diversos objetivos, responden a reclamos de combatir la transparencia y los abusos en la administración pública.

En la sesión del Senado del miércoles 7, en medio del debate por las medidas para el agro, Sebastián da Silva (Partido Nacional) anunció que presentaría un proyecto de ley para evitar que los suplentes de los legisladores cobren un salario cuando ingresan a la Cámara. El país debe tener “austeridad”, dijo Da Silva, que es suplente del senador Javier García.

Meses antes, el Partido Independiente propuso medidas para mejorar la transparencia del sistema político. Entre ellos figuran limitar el monto del subsidio para los cargos electivos o de confianza política (no más de un año) y seleccionar los cargos gerenciales de varios organismos públicos mediante concurso abierto de oposición y méritos.

En los cajones del Poder Legislativo descansan otras iniciativas como las presentadas en setiembre del 2017 por el diputado por el Partido de la Gente, Daniel Peña, para tipificar la corrupción privada, o la de su colega colorado Ope Pasquet para aumentar las potestades de las comisiones investigadoras parlamentarias.