El presidente no sólo puso las ganas sino también mucho dinero de su bolsillo (ver recuadro) y aún en la mitad del primer año de gobierno dijo que el PJ no le costaría al erario sino que se financiaría mediante “una fundación sin fines de lucro” al frente de la cual ubicó al músico Mario Carrero.
El PJ partió de tres conceptos básicos: la participación de los vecinos, el apoyo interinstitucional y la solidaridad de la sociedad.
Para hacer un by pass que evitara que la mastodóntica burocracia del Estado frenara la velocidad buscada y jerarquizar la “herramienta”, Mujica instaló el programa en la Presidencia y colocó al frente a un urbanista de vasta experiencia nacional e internacional, Carlos Acuña, con una oficina a pocos metros de su despacho en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.
En lugar de colocar el programa en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o en el de Vivienda como aconsejaban muchos, el presidente optó por que su “buque insignia” navegara fuera de las estructuras existentes, como “órgano desconcentrado” de la Presidencia. Rodeó a Acuña con dos técnicos de confianza propuestos por esos ministerios: la asistente social Delia Soria y el arquitecto, fallecido hace algunas semanas, Ricardo Muttoni. Mujica esperaba así sortear las trabas burocráticas y seguir de cerca el crecimiento de su “bebé”.
Con la experiencia recogida en su juventud en el exitoso programa de erradicación del rancherío rural Mevir, creado por el dirigente blanco Alberto Gallinal hace más de medio siglo, más la adquirida en México, donde pasó el exilio, Acuña no estaba dispuesto a conformarse con apenas cambiar el nailon y cartón por unas chapas en las casas de los más pobres y se abocó a un trabajo con los “participantes”, empresas públicas y privadas y técnicos.
Estilo “tupa” y tarjetitas.
Con el argumento de que no había que crear falsas expectativas, Mujica ordenó silencio total a todos los colaboradores del PJ y designó vocero al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, que por más interés que puso solo logró informar acerca de generalidades, al punto que la primera información pública acerca del trabajo realizado se obtuvo recién cuando, ya en diciembre de 2011, el semanario “Brecha”, después de meses de gestiones infructuosas, recurrió a la ley de acceso a la información y amenazó con recurrir a la Justicia.
“Que hablen los vecinos, nosotros callados” fue la orden terminante dada por un presidente al que se critica a menudo por declarar de más a la prensa.
El secreto impuesto al PJ y las dificultades normales de cualquier estructura que comienza desde cero despertó las peores fantasías reforzadas por los antecedentes conspirativos de la cultura “tupa”.
Las primeras críticas llegaron desde la academia y desde la propia izquierda. “¿Qué sostenibilidad puede tener una iniciativa de esta naturaleza?”, se preguntó el ex director de Políticas Sociales del Mides, Christian Mirza, quien advirtió que “no se puede sostener cualquier política pública en base al voluntariado”.
“El Plan Juntos, ¿voluntarismo político o emergencia institucional?” tituló su investigación la politóloga Altair Magri. Su colega Carmen Midaglia, en tiempos que gobernaba el Partido Colorado, había advertido en un trabajo académico recordado por “Brecha” en diciembre de 2011 que estos diseños “evaden ciertos mecanismos de control y transparencia en la obtención y asignación de recursos” y son “proclives a un manejo clientelar, tienen fuentes de financiamientos endebles” además de quedar “muy pegados a iniciativas personales y no aprovechan capacidades acumuladas”.
En octubre del segundo año de gobierno, cuando recién se estaba por votar la ley 18.829 que dio sustento formal al PJ, el secretario de organización de Montevideo del Partido Socialista, Walter Morel, formuló duras críticas.
“Se nos hace muy complicado poder desarrollar un trabajo territorial cuando hay una fuerza política que se cree que es la dueña de la verdad dentro del territorio y actúa en consecuencia, compañeros”, se lamentó el dirigente socialista.
Durante un encuentro con motivo del Día Mundial de los Sin Techo, el 3 de octubre de 2011 Morel dijo sin rodeos que el manejo que hacía en este tema el Movimiento de Participación Popular (MPP) “nos hizo acordar a la vieja y querida tarjetita (…); con esta forma de hacer política no vamos a construir, compañeros”.
Consultado esta semana, señaló que se habían realizado cambios favorables para mitigar ese manejo “sectario” que llegó al extremo de que, en Salto, el PJ al comienzo funcionó en la sede del MPP.
A la lluvia de críticas también se sumaron dirigentes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), que veían desplazado su modelo probado durante años.
Aunque la inmensa mayoría de los trabajadores voluntarios fueron jóvenes frentistas, mientras algunos militantes de otros partidos apoyaban el programa de viviendas de emergencia “Un techo para mi país”, la oposición, si bien atacó algunos aspectos, no puso trabas en el Parlamento. La diputada blanca Ana Lía Piñeyrúa, autora del primer pedido de informes acerca del PJ, dijo a Búsqueda que respaldaron con sus votos todas las iniciativas en atención a los objetivos y a pesar de que con la instalación en Presidencia y la autorización de compras directas, el control parlamentario quedaba muy reducido.
“Amables donantes”.
Durante el largo período de hermetismo, los integrantes del programa redactaron la ley, que se aprobó al final del segundo año de gestión.
En ese lapso, además de ordenar las ideas y plasmarlas en un texto legal, Mujica y su estado mayor llegaron al convencimiento de que los críticos como Mirza tenían razón: las políticas sociales no se pueden hacer sólo con voluntariado y, tal como iban las cosas, el “buque insignia” quedaría en varadero porque en el resto del Estado (ministerios, intendencias y empresas públicas) las cosas no iban mucho más rápido debido a que la orden o el pedido viniera de Presidencia, los uruguayos no corrían a los bancos a hacer donaciones y el trabajo en obra presentaba muchas más dificultades que las previstas a nivel técnico y social.
Fue así que en la ley de Presupuesto se incluyeron 105 millones de pesos para el primer y segundo año y el doble desde el tercero. Esos recursos presupuestales, aunque magros en comparación con las metas, se reforzaron con la venta al Banco República de la casa presidencial de Punta del Este, las donaciones en dinero y especies de empresas estatales como UTE, Ancap y Antel, el Ejército y el aporte de los privados: empresarios y empresas, donantes particulares de Uruguay y del exterior, más los propios interesados que pusieron trabajo y las brigadas voluntarias (ver recuadro).
Además del reconocimiento de que hubo una fuerte dosis de voluntarismo, a medida que los proyectos “socio-habitacionales” lograron salvar los obstáculos para comenzar a levantar paredes, el PJ, que se instaló en un edificio de tres plantas en la Aduana, donde funcionaron las cantinas militares, comenzó a salir en la prensa. En 2012 se construyó una página en Internet en la cual aparecen “buenas noticias” y hay una rendición de cuentas del dinero invertido.
En esa misma página oficial también es posible acceder a la Memoria Anual 2012 donde se informa acerca de los objetivos estratégicos que parte del “papel protagónico de los vecinos involucrados en los procesos de mejoramiento, transformación y construcción de sus barrios”; la coordinación interinstitucional pública de todos los organismos competentes” y “la solidaridad de la sociedad toda, concretada a través de múltiples expresiones, entre otras el voluntariado”.
La Memoria reconoce que hasta ese año, “la herramienta” fue puesta a prueba “en un contexto de amplio margen de incertidumbre en lo relativo a lo operativo-organizativo, disponibilidad de fondos, coordinaciones interinstitucionales públicas y, sobre todo, de alianzas ciertas de mutua confianza para el trabajo conjunto con la población participante”.
Acuña, que al final de su carrera profesional está poniendo a prueba su reconocido prestigio como catedrático de teoría de la arquitectura y urbanismo y el adquirido en el mexicano Movimiento Popular Urbano, como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo primero que dijo a Búsqueda durante una conversación de tres horas en la Torre Ejecutiva fue que el PJ “no es un plan de viviendas”, sino “una manera de entrar y focalizar políticas públicas”.
Esta afirmación pudo ser comprobada durante una recorrida por el barrio 1º de Mayo, donde el martes 10 se inauguraron para el público las primeras 40 viviendas en uno de los primeros asentamientos donde comenzó el trabajo en 2010 (ver recuadro).
“Estamos trabajando con unas 2.400 familias en todo el país y están en proceso unas 2.000 intervenciones en viviendas acompañadas de acciones en infraestructura y equipamiento comunitario”, resumió entonces Acuña cuando participó en el acto junto con el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, el subsecretario de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, vecinos e integrantes del Sindicato Único de la Construcción (Sunca).
La amplia palabra “proceso” parece muy adecuada a la modalidad de trabajo elegida. Para la diputada Piñeyrúa, ésta arrojó “escasísimos resultados” debido a “una estructura débil y poco transparente”.
Por el contrario, una reconocida arquitecta con muchos años de experiencia en la construcción dijo a Búsqueda que el resultado “es bueno”, sobre todo si se tiene en cuenta que todos estos programas en los cuales trabaja el “cliente” son de concreción lenta, más si se trata de población marginada y porque antes de que “la maquinita comience a andar” hacen falta muchos trámites, estudios, cateos y relevamientos que no se ven. “Nunca esperé más; es materialmente imposible”, resumió.
Información General
2013-09-26T00:00:00
2013-09-26T00:00:00
