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La audiencia entre Sebastián Marset y la Fiscalía de Estados Unidos, prevista para este miércoles 20 de mayo, se pospuso para el 1 de julio con el objetivo de que el presunto narcotraficante uruguayo, acusado de delitos relacionados al lavado de activos, analice con sus abogados las evidencias y una propuesta de acuerdo para declararse culpable.
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“Por la presente acepto que he consultado con mi abogado y entiendo plenamente todos mis derechos. He leído esta moción para posponer la audiencia y la he revisado con mi abogado”, indicó Marset en una solicitud oficial avalada por Rossie Alston Jr., juez de distrito del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
El documento, al que accedió Búsqueda, está fechado el 15 de mayo y fue presentado conjuntamente por los abogados de Marset y el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff, quien lleva adelante la acusación.
Un miembro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, durante un operativo realizado en propiedades vinculadas a Sebastián Marset, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Rodrigo Urzagasti/AFP
“Los Estados Unidos de América, con el consentimiento expreso del acusado y de los abogados del acusado, solicitan respetuosamente al tribunal posponer la audiencia actualmente programada para el 20 de mayo”, indicó Aminoff. El argumento para la prórroga fue que la defensa de Marset necesita “realizar una revisión más completa de las pruebas entregadas por el gobierno, reunirse nuevamente con su cliente y continuar las negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad”.
De acuerdo al fiscal, la acusación recolectó 22 GB (gigabytes) de prueba, una cantidad de almacenamiento que equivale aproximadamente a alrededor de 4 millones de páginas de texto, o 5.500 fotos de celular o 22.000 canciones en formato MP3.
¿Cuál es la situación de Marset?
Tras permanecer cuatro años prófugo de la Justicia de Paraguay, Marset fue arrestado en marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, país que lo requería internacionalmente desde mayo de 2024 y al cual fue inmediatamente enviado tras su detención.
A inicios de abril, la fiscalía pidió al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia que catalogara la causa de Marset como “compleja” y suspendiera los plazos previstos en la Speedy Trial Act, una ley según la cual todo juicio penal debe comenzar dentro de los 70 días desde la acusación, salvo circunstancias excepcionales.
En aquel momento, el juez Alston Jr. aceptó esa solicitud debido a las circunstancias excepcionales de la causa. Interrumpió entonces los tiempos estipulados en la Speedy Trial Act y estableció una audiencia para el 20 de mayo.
Ahora, el 15 de mayo, el mismo día en que ambas partes elevaron el pedido de prórroga, el juez también aceptó aplazar la audiencia para el 1 de julio. “El caso sigue siendo tan complejo que resulta irrazonable esperar una preparación adecuada para el juicio dentro de los plazos establecidos por la Speedy Trial Act”, afirmó.
Dos de los principales argumentos que esgrimió Alston Jr. en su resolución fueron el “carácter voluminoso de la evidencia” y “las negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad que continúan en curso”.
Juez
Información-Marset-DEA-Arresto-Bolivia-Senad
Marset, en un aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, tras su arresto y momentos previos a su viaje a Estados Unidos.
Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay
El 14 de mayo, un día antes del pedido al juez, Aminoff y la defensa elevaron un informe conjunto sobre el estado del caso. Allí, el fiscal aseguró que el gobierno norteamericano ya presentó a los abogados de Marset una oferta formal de acuerdo de culpabilidad y que las dos partes “se reunieron y conversaron sobre una posible resolución del caso sin llegar a juicio”.
Aminoff también indicó que dispone de “una gran cantidad de pruebas y material de descubrimiento —más de 22 GB— que incluye comunicaciones interceptadas en idiomas extranjeros, evidencia obtenida de países extranjeros mediante tratados de asistencia legal mutua, y decenas de miles de páginas de registros financieros”. Algunos de los datos fueron solicitados a Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
Esa información está en manos de la defensa de Marset, compuesta por Michael Padula, Rodrigo da Silva y Gene Rossi. Si es condenado culpable por conspiración para cometer lavado de dinero, Marset se enfrenta a hasta 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. También podría ser multado con no menos de US$ 500.000.
