—Una de las mayores preocupaciones del presidente Mujica ha sido el tema vivienda. A tres años de comenzado el gobierno, ¿cómo evalúa la situación del sector?
—Puedo hablar de lo hecho en el último año. Hay dos cosas a considerar: qué es lo que ya está terminado y qué es lo que está en ejecución. A lo largo de 2012 hubo un fuerte impulso desde el punto de vista de iniciación de acciones. Los procesos de construcción de vivienda no son rápidos, instantáneos, requieren un tiempo de planificación y un tiempo de concreción. Esos tiempos de planificación se llevan prácticamente un año y los tiempos de concreción en nuestro país, en general, llevan dos años. El 2012 estuvo signado por la construcción de unas 2.207 viviendas nuevas concluidas. Hay en ejecución 10.629. Pero quizás lo más importante de 2012 sean los planes de acciones sobre el stock, aquellos préstamos destinados a las familias para subsanar las carencias que presentan las viviendas. Hay un informe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), creo que de 2010, que señala que por cada vivienda que haría falta hay 5 o 6 viviendas que presentan algún déficit: de área, de instalaciones sanitarias. En 2012 se terminaron 2.320 acciones en ese sentido y hay en ejecución 2.213. Estamos convencidos de que la solución a la problemática de vivienda no se resuelve pura y exclusivamente con la construcción de viviendas nuevas, que no hay una única forma de aprender y solucionar los problemas de déficit. Para ello es importante que haya diversos instrumentos. Estos instrumentos responden a las necesidades de unas familias pero para otras no es el instrumento más idóneo. Trabajar sobre el stock existente tiene una serie de virtudes. En primer lugar, en lo que hace en materia de inversiones por parte del conjunto de la sociedad uruguaya, pero a su vez esto tiene que ver con la posibilidad de consolidar viviendas en las cuales ya hay determinados niveles de servicios. Las construcciones masivas en general lo que obligan es a buscar vacíos urbanos y esos lugares están en la periferia en general.
—Entonces deben llevar agua, luz, saneamiento...
—...sí, pero además de llevar las calles, aumentar la superficie de vigilancia, recolección de servicios, tiene otro problema, y es que se requiere un nuevo equipamiento social: primero la guardería, luego el CAIF, después el liceo. Entonces el actuar sobre el stock existente tiene esa ventaja y otra más, que es donde está la familia afincada. Allí tiene sus vínculos y referencias zonales.
—En 2010 el gobierno declaró por decreto la “emergencia habitacional” y lanzó el Plan Juntos. ¿En qué está hoy esa “emergencia”?
—Acá tenemos que manejar todos los elementos juntos. La vivienda no estuvo en primer plano como necesidad porque había otras. Si uno tiene dificultades para alimentarse, para pagar las cuentas, la primera, la más inmediata de las preocupaciones, es la obtención del trabajo, la mejora del salario. En la medida que estas cosas se han ido resolviendo, han entrado a emerger distintas problemáticas que no es que no existieran sino que no estaban entre las prioridades. La vivienda es una de ellas. El Plan Juntos no depende del Ministerio de Vivienda sino de la Presidencia de la República y está muy focalizado a una población específica. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Relocalizaciones que pretende atender a las familias que están en las peores situaciones desde el punto de vista medioambiental. Estamos hablando de familias que están localizadas en puntos de este país que tienen suelos contaminados, que tienen una recurrencia de inundaciones muy importantes. En el Plan Quinquenal había una meta de llegar a 2.000 de estas situaciones. El año pasado se lograron concretar 226 de estas situaciones.
—Entonces, ¿la emergencia habitacional es para un sector o es un tema general?
—Es un tema que marcaba las circunstancias específicas de un momento y sobre eso se viene trabajando. Se mantiene la emergencia, por supuesto que sí. Hay encaminadas distintas alternativas. Además de las políticas de refacción sobre el stock, en este plan quinquenal se plantea que para resolver el problema de la vivienda no alcanza solamente con los recursos estatales. Por eso se promueve una ley que ha tenido una respuesta importante en lo que tiene que ver con la atracción de capitales privados para la construcción de viviendas. En un año y poco se presentaron más de tres mil y pico de propuestas, 2.500 de estas ya han sido promovidas y 750 ya están en construcción.
—¿Están conformes con la medida? Porque en su momento hubo algún operador que expresó dudas sobre la utilidad de la propuesta.
—Yo no pensaba que iba a tener la respuesta que ha tenido.
—¿Cómo afectará esto al mercado? ¿Puede provocar que bajen los alquileres?
—Uno de los efectos deseados es ese. Vamos a ver cómo se comporta desde el punto de vista de la comercialización. Hoy por hoy, este es un proceso en el cual ha habido una importante demanda. Desde el punto de vista del arrendamiento no han sido tantos los proyectos que se han planteado para vivienda de alquiler. Pero en principio estamos pensando que nada obsta para que estas viviendas que se han presentado pasen a integrar el stock de vivienda en arrendamiento.
—¿Es un problema el nivel de precios de los alquileres?
—El precio de los alquileres se ha estado incrementando en buena forma y más allá de lo deseado. Pero esto responde a distintos parámetros que se han dado en la economía. La recuperación de salarios, etcétera, tiende a generar mayor demanda y no ha habido una incorporación de stock acorde con lo que ha sido el crecimiento de la demanda.
—¿El gobierno intervendrá de alguna manera en ese tema?
—Hay un régimen de libre contratación y ese régimen, si no recuerdo mal, en la última Rendición de Cuentas fue extendido por un nuevo período de 20 años.
—El último censo mostró que había un alto número de viviendas vacías. Hay una propuesta en el Parlamento sobre este tema. ¿El Ministerio está haciendo un seguimiento?
—A estas cosas hay que darles un seguimiento pero cuesta generalizar a partir de situaciones particulares. El barrio Goes era un barrio en el cual existía un número importante de viviendas vacías, se hizo un análisis más particular de esa zona y en realidad ahí aparecían los problemas de titulación y el número de viviendas vacías no coincidía una con otra. No eran permanentemente las mismas viviendas desocupadas. Son temas que hay que seguir trabajándolos. Esto hay que seguirlo casi caso a caso. Creo que no se tiene conciencia del estado de situación al que se había llegado en el tema del stock habitacional.
—¿En qué sentido?
—En el sentido de que había obras paralizadas desde el año ‘94 y eran propiedad estatal. Todos estos temas requieren desde el punto de vista legal sus tiempos. No son los tiempos que uno desearía. Ahora, si porque da mucho trabajo lo postergamos, seguimos no haciendo ciudad. Acá hay que avanzar con instrumentos, hay proyectos presentados en el Parlamento. Hay uno del diputado (Alfredo) Asti que busca soluciones para algunos de estos temas.
—¿Se puede dar el caso de que el Estado diga “hay que expropiar” un lugar que hace 20 años está vacío?
—No está descartado.
—¿Tiene algún caso concreto en mente?
—Debe responder a un análisis particular en el que uno encuentre que ahí es importante actuar con esa herramienta. Creo que en materia de vivienda como en cualquier orden de la vida, hay herramientas que sirven para una cosa y herramientas que sirven para otra. Hay acciones que hay que hacer generando la herramienta para poder actuar. Hay gente que igual agarra el martillo y le da a un tornillo, pero no es esa la idea.
—El Ministerio anunció su intención de recurrir a tierras del Estado en desuso para construir viviendas. ¿Ha avanzado ese proyecto?
—Ese es un tema en el que estamos trabajando, no a la velocidad deseada. Este año, a las tierras que han sido identificadas con potencialidad para la residencia pero que carecen de la infraestructura adecuada, queremos ponerlas en valor, generarles la estructura, de forma tal de iniciar nuevos emprendimientos de viviendas sobre esas tierras.
—El gobierno ha dado impulso al sector cooperativo. ¿Qué balance hace al respecto?
—Por más de que uno en la vida conoce las excepciones, el balance general es positivo. El sistema cooperativo ha permitido desarrollar buena calidad desde el punto de vista de las soluciones habitacionales, genera también integración social y colectivos para el desarrollo. Ha tenido una fuerte respuesta que nos ha permitido mejorar sensiblemente los tiempos de construcción en un marco de transparencia que antes no había; hoy existe un reglamento que establece cuáles son los pasos y requisitos necesarios para acceder a los préstamos. Cuando hay más ofertas que cupos para construir se va a sorteo. Este año hemos adjudicado más de 2.000 viviendas que van a entrar en producción este año y vamos a hacer nuevos llamados por otras 2.000, y si hay cooperativas que no han sido sorteadas, inmediatamente las adjudicaremos. Esto, siempre con las posibilidades presupuestales en que nos movemos. En el plan quinquenal hubo una apuesta fuerte también a tratar de generar sistemas constructivos no tradicionales que nos permitan varias cosas. Primero, optimizar los tiempos de las obras. En segundo lugar, bajar los precios de construcción sin perder las calidades mínimas indispensables, para que cuando una familia ingresa en uno de estos emprendimientos tenga el respaldo del Estado en cuanto a que no se trata de cualquier solución habitacional.
—Hay quienes piensan que un gobierno de izquierda debería fomentar el cooperativismo por sobre la construcción de vivienda privada. ¿Usted qué dice?
—Eso es un preconcepto. Si uno analiza lo que es la ley de vivienda del año 1968, su gran virtud fue la generación de distintas alternativas de acceso, las distintas alternativas de producción. Hay que aprovechar cada uno de esos instrumentos, que tienen sus virtudes y debilidades. Nada en este mundo es perfecto y lo que tenemos que hacer es, en la medida que vamos avanzando, ver cuáles son los elementos que debemos introducir a los efectos de mejorar el desempeño. A nivel cooperativo nos planteamos desarrollar un sistema de auditorías de los institutos de asistencia técnica y también de las cooperativas. Porque en la medida que esto se masifica, entra a generar otra serie de problemas, y en nuestro país ¡vaya si ha habido problemas con institutos y cooperativas que terminaron con demandas al Estado! Lo que tenemos que hacer es garantizar que las cosas salgan lo mejor posible. En ese sentido, se apela a todo lo que se puede apelar. Los programas de autoconstrucción en terreno privado, que se desarrollan a través de las oficinas del Ministerio, suponen tratar de aprovechar lo que el ciudadano tiene y facilitarle para que construya ahí donde tiene su terreno. Ahí hay un ahorro, hay una incorporación, hay una acumulación del ciudadano, que es una acumulación más allá de que sea un bien de propiedad privada. Es un bien colectivo en la medida en que está en un enclave, en una ciudad de determinadas características. Acá lo que tenemos que valorar es si es una herramienta hábil o no para satisfacer las necesidades de la población; ese es el parámetro para definir si una vía sirve o no sirve. Porque las políticas públicas tienen que ser eso: la respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Gobierno no espera alcanzar “unanimidades” para autorizar proyectos que afecten el medioambiente
—A nivel público, el Ministerio de Vivienda estuvo en el ojo de la tormenta por la autorización de proyectos que afectan el medioambiente. ¿Cuál es el límite entre el desarrollo productivo y el cuidado medioambiental?
—El tema medioambiental sigue siendo un tema de análisis, es una realidad con la que tenemos que convivir día a día. En cada emprendimiento hay una situación distinta para definir el límite entre el desarrollo y el medioambiente. Creo que no son incompatibles. Hasta el mismo Hernandarias nos empezó a generar las contradicciones cuando nos metió las primeras cabezas de ganado alterando el medioambiente. A veces somos un poco extremistas a la hora del análisis de estos temas. La presencia del hombre, cualquiera de sus actividades, implica alteraciones del medioambiente. Lo que tenemos que asegurar como ministerio es que esos emprendimientos no sean incompatibles con el desarrollo futuro de las distintas generaciones. Debemos buscar la forma de progresar y hacer compatibles esas actividades tomando y haciendo tomar las recaudos para que no haya daños irreparables. Ese es el gran lineamiento a contemplar.
—Usted dice que hay que evitar “daños irreparables”. Hay vecinos que advierten que eso va a ocurrir cuando se instale el puente sobre la Laguna Garzón...
—Yo era muy chico y no recuerdo cuando Viera hizo el puente de La Barra de Maldonado, puente ondulante, que desde el punto de vista del tránsito... Sin embargo, es un puente que ha aportado al punto de convertirse en un icono de esa zona del país. En el caso del puente de la Laguna Garzón, acá hay un tema que es el desarrollo de los territorios, y la comunicación es parte de esas necesidades del desarrollo. Acá se planteó un puente que tenía objeciones desde el punto de vista de cómo podía interferir con la dinámica costera, que tenía interferencias fuertes con respecto al paisaje, que planteaba un cambio en cuanto al modelo de conexión. Ese proyecto fue observado por una serie de aspectos que no contemplaban la preservación de las condiciones para el desarrollo de las futuras generaciones y las alteraciones al medioambiente. Ese proyecto fue evolucionando, fue modificado en el sentido de responder a los problemas básicos que estaban planteados, hasta que se llega a una formalización que cumple con esos requisitos. Esto es de lo que se trata: generar las condiciones de desarrollo de los distintos proyectos de forma tal que preserven los bienes del colectivo de la sociedad y no que respondan exclusivamente a intereses parciales o particulares.
—La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio, encargada de autorizar los proyectos, ha sido cuestionada por carecer del personal capacitado para cumplir con su tarea...
—Sobre ese tema ha habido avances que se plasmaron en la Rendición de Cuentas vigente a partir del primero de enero de este año. Esto permite incorporar a la estructura del ministerio diversos aportes técnicos que hasta ahora teníamos que hacerlos con motores fuera de borda, mediante proyectos. Esto tiene el inconveniente de que hace difícil la acumulación institucional. Hay que tener en cuenta que esto se inscribe en una situación bien cambiante desde el punto de vista de la realidad del país. Durante años la Dinama no recibía proyectos de envergadura a ser analizados. En el último tiempo se encontró que tenía muchos proyectos y que no todos son del mismo tema. Cada uno de estos proyectos requiere, entre otras cosas, incorporar conocimientos de disciplinas desde el punto de vista del análisis, de las cuales a veces ni siquiera tenemos los técnicos formados en el país.
—La llegada de los nuevos emprendimientos hizo surgir a nivel social grupos que expresan su oposición a estas propuestas que afectan el medioambiente. ¿Cómo debe responder el gobierno a esos grupos?
—Como en todos los órdenes de la vida, no todo puede ser por unanimidad. No lo es en una familia. Uno busca la mayor posibilidad de los consensos y lo que debemos asegurar es dar las garantías de que el ministerio y el Estado da las condiciones para que con seguridad puedan desarrollarse. Es un trabajo de años sobre el que el país no estaba acostumbrado. El primer proyecto que desata estas preocupaciones es el de Botnia, en el cual tenías una serie de posiciones, de ciudadanos realmente preocupados por un marco de no conocimiento del tema: había gente que afirmaba que no pasaba nada, había otra que decía que se iban a generar seres de tres cabezas. Se genera credibilidad o no en función del desempeño que uno va teniendo. Hay gente que va a tener posiciones de oposición, es natural, pero todo tiene su marco de definición. No todo lo decidido va a ser unánimemente aceptado, es parte de la vida.
La organización Techo y su problemático aporte
—Usted dice que los tiempos de concreción del Estado no son los que desearía. Desde la Universidad estatal han cuestionado las viviendas que construye la fundación Techo (antes Un Techo Para Mi País), pero esa estrategia tiene la ventaja de que la casa es construida en poco tiempo y quien colabora ve el fruto de su aporte. ¿Qué piensa al respecto?
—Tuve una reunión con la gente de la organización en la cual les propuse canalizar todo lo que tiene de energía positiva de trabajar voluntariamente, pero haciéndolo en concurrencia con las políticas públicas. Por qué no plantearse realizar módulos de baño y cocina para determinadas situaciones. La solución (habitacional de Techo) no es eso, es una solución de extrema emergencia que tiene una serie de problemas. Tiene la ventaja de la solución ya, pero eso genera otros problemas. A veces ni se fijan dónde se ubica esto. De repente está al borde de una cañada, lo que provoca nuevos problemas.
—¿Qué respuesta obtuvo usted de la organización?
—Fue una conversación de presentación y de intercambio de ideas. Expresamos lo que entendíamos debíamos expresar como posibilidad de trabajo. Probablemente el camino que planteamos es más difícil. No es lo mismo instalar una carpa que instalar un camping. Una carpa uno va y la instala, pone las estacas y en un par de horas tiene donde tirarse a dormir. Pero el camping requiere otra infraestructura, el baño, la conexión de agua. Esas son las dificultades que se presentan frente a estos temas. Techo tiene un componente importante de apoyo empresarial, por lo que hay otra serie de temas que entran en juego. Quizás algunas empresas que apuestan y colaboran con esto no les sirva tanto aportar en otra línea. Pero bueno; cada uno es cada uno y sabe lo que hace.
