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El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley con un solo artículo para que se habilite al Estado a controlar la producción y venta de marihuana. Esa normativa de carácter genérico permitirá crear un “marco” de actuación mientras que los detalles serán reglamentados más adelante, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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La decisión de las autoridades de enviar un proyecto con esas características se debe a que todavía no decidieron cómo llevar a la práctica la legalización de la marihuana. Entre otras cuestiones, resta definir si el Estado va a plantar cannabis o si lo van a hacer privados, o si habrá un registro de consumidores.
La idea es que el proyecto de ley cree un “paraguas” normativo que permita discutir estos temas. Si lo consideran necesario, los legisladores podrán incorporar elementos como la habilitación al autocultivo de marihuana, explicaron los informantes.
Las autoridades del gobierno entienden que ir por la vía de la legalización implica “reconocer el hecho de que en Uruguay ya hay decenas de personas que tienen plantas de cannabis en sus casas, que las cultivan para consumo personal”, opinó un jerarca.
“No colidir”.
De acuerdo con los informantes, el proyecto de ley de artículo único que el Poder Ejecutivo enviará al Legislativo hará hincapié en que debe tenerse un “especial cuidado” para no vulnerar aspectos contenidos en la actual ley de estupefacientes ni los tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado Uruguay.
El diario “El País” informó la semana pasada que la legalización de la marihuana puede violentar un tratado de la Organización de Naciones Unidas del que Uruguay es parte.
En particular, según expertos citados por ese matutino, la producción y comercialización de marihuana por parte del Estado violenta el artículo 3 de la Convención de Viena, que establece que los países firmantes deben penar “la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta para la venta, distribución, (...) de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica”.
“Se está trabajando para no colidir con ningún tratado”, dijo a Búsqueda una alta fuente del gobierno vinculada al tema.
“Esperamos que el tratamiento en el Parlamento de este tema va a ser rápido, lo que no quiere decir que el asunto se apruebe a tapa cerrada”, precisó.
De hecho, en el propio gobierno no existe un consenso sobre este punto. El viceministro del Interior, Jorge Vázquez, dijo el martes 3 que está en contra del proyecto. “Estoy dispuesto a discutirlo y si me convencen que es bueno para el país legalizar la venta controlada de marihuana acepto a aquellos que tienen argumentación sólida y científica”, sostuvo.
En la bancada del Frente Amplio también hay diversas opiniones al respecto. Los legisladores del Partido Socialista pretenden insistir con la propuesta presentada el año pasado que habilita el autocultivo.
En este contexto, el secretario de la Junta de Drogas, Julio Calzada defendió la legalización y adelantó algunas ideas que se manejan en el Poder Ejecutivo. En una entrevista para la revista “Políticas”, elaborada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Calzada expresó: “No puede haber una producción que permita consumir más de 30 gramos por mes” porque es “peligroso” para el fumador.
Dijo que es partidario de llevar un registro de consumidores. No obstante, aclaró que ese mecanismo “no tiene que ver con el control de lo que hacen los ciudadanos sino con un control de la producción para que no se generen excedentes que se vuelquen al mercado negro”. Sostuvo que el objetivo es que el consumidor acceda a marihuana de calidad porque “en el mercado negro no sabe lo que consume porque le pueden cortar la sustancia con lechuga, acelga, bosta de caballo u otras cosas que desconoce”.
Mientras afina esas ideas, el gobierno no quiere que la discusión sobre la seguridad quede atrapada en este tema. “Hay otras 14 medidas que son igual de eficaces”, dijo una fuente.
Por eso, el Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley para cambiar el sistema de faltas del Código Penal. El objetivo es penar conductas como las picadas con vehículos, la circulación de carros tirados por caballos en avenidas o la mendicidad compulsiva en los semáforos.