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En Francia funciona una agencia que centraliza la representación estatal en las empresas públicas y monitorea su gestión, con énfasis en la calidad gerencial. Colombia va por un camino similar y el gobierno ya definió un cronograma que debe terminar en 2019 con la creación de una figura similar, entre otros cambios en esa área.
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Ambos casos serán expuestos hoy jueves 19 en un seminario que organizan la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en colaboración con el Banco Mundial (BM) en la Torre Ejecutiva. El evento, que lleva como título “Buenas prácticas en la gestión de las empresas públicas”, es considerado por algunos jerarcas de la administración de Tabaré Vázquez como una instancia para colocar sobre la mesa posibles reformas en Uruguay similares a las que hicieron Francia y Colombia, por ejemplo. “Está abierta la discusión. Escucharemos, conversaremos y probablemente pongamos un documento en el Diálogo Social” —un ámbito convocado por la Presidencia de la República para elaborar una estrategia de desarrollo del país a largo plazo en el que tienen participación organizaciones sociales—, dijo a Búsqueda una fuente oficial.
En los últimos tiempos la gestión de algunas empresas públicas ha estado en entredicho, en particular la de Ancap. La refinadora y comercializadora de petróleo, alcoholes y portland del Estado viene registrando pérdidas, lo que dio lugar a una investigación parlamentaria y denuncias a la Justicia de presuntas irregularidades.
En el Poder Ejecutivo se considera prioritario introducir mejoras en el desempeño de los entes, lo cual también puede ayudar a abatir el déficit en las finanzas públicas.
Casos.
El seminario en la Torre Ejecutiva será inaugurado por el director regional del BM, Jesko Hentschel, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y el titular de la OPP, Álvaro García.
Esa oficina de la Presidencia de la República tiene, entre otros cometidos, asesorar en la elaboración presupuestal de las empresas públicas y hacer un seguimiento de su programa financiero. En febrero de 2015, pocos días antes de instalarse el tercer gobierno del Frente Amplio, García había dicho a Búsqueda que se trabajaría para “salir un poco de la visión esa del cumplimiento financiero exclusivamente y tener sobre ellas una mirada más integral” (ver Nº 1.805). Agregó: “No sé si va a tener una figura jurídica diferente, nos gusta mucho la idea de holding de empresas públicas. Lo hemos manejado inclusive con Tabaré (Vázquez) y a él le gusta mucho la idea. Iremos viendo cuál es el mejor formato”.
El seminario se estructura en dos sesiones, a partir de las exposiciones del economista Juan Sebastián Robledo —asesor del ministro de Hacienda de Colombia y encargado de coordinar en el área fiscal el proceso para incorporar a ese país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)— y del francés Henri Fortin, líder global en gobierno corporativo y reportes financieros del BM. Luego de sus intervenciones está previsto que hagan comentarios algunos jerarcas, como el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, el titular del Banco República, Julio Porteiro, además de representantes de la academia y del PIT-CNT.
En Colombia, los activos de las empresas en las que el Estado tenía participación equivalían a 32% del Producto Bruto Interno del país al término de 2014. Eran 111 el total de compañías —mayormente del sector de petróleo, gas, finanzas, transporte, comunicaciones y seguros—; en 46 era socio minoritario. La mayoría se rigen por el Derecho Privado, si bien el gobierno tiene intervención tanto en la aprobación y modificación de sus presupuestos como en la plantilla de personal.
En los últimos años fueron introducidas varias normas que apuntan a mejorar las prácticas de manejo corporativo, en especial de las empresas que abrieron su capital en el mercado de valores. En el 2000, ISA (electricidad y telecomunicaciones) se transformó en la primera en incorporar a privados en su paquete; luego Ecopetrol e Isagen empezaron a cotizar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.
En noviembre pasado el gobierno publicó el documento “Política general de propiedad de empresas estatales de orden nacional”, elaborado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. A modo de diagnóstico, en el documento se señala que el Estado mantiene “participaciones ineficientes en su portafolio” y que el “mandato que comunica a sus empresas no es lo suficientemente claro y explícito”, entre otros problemas. Además, agrega, la elección de sus representantes en los Directorios no es del todo clara y explícita.
Como parte de esa política el gobierno propone que el Estado se desprenda de aquellas participaciones minoritarias que no sean “estratégicas”. Asimismo, se delineó un cronograma según el cual, hacia 2019, se creará una entidad —con autonomía administrativa y presupuestal— que ejercerá la propiedad de todas las empresas estatales. Dicha entidad tendrá un Consejo Directivo compuesto por ministros o directores de departamentos administrativos en cuyos sectores operen empresas; habrá además al menos un miembro proveniente del sector privado.
En el caso de Francia, sobre el cual hablará Fortin, la Agencia de Participación del Estado lo representa como accionista e inversor en empresas que considera estratégicas. Dicha entidad se encuentra bajo supervisión de los Ministerios de Hacienda y Cuentas Públicas, y el de Economía, Industria y Tecnología Digital.
Desde la perspectiva del BM, se entiende necesario incrementar la eficiencia de las inversiones y la gestión de las empresas públicas uruguayas como forma de fortalecer la resiliencia fiscal ante eventuales shocks. De hecho, en la matriz de monitoreo del programa de créditos acordado con el gobierno para el período 2016-2020 se establece la contribución de los entes al resultado fiscal estructural.
