El Poder Ejecutivo matiza medidas de seguridad y posterga definiciones para evitar choque en la interna del Frente Amplio

El Poder Ejecutivo optó por no incluir en el articulado el aumento de penas a menores y cambiar la redacción del artículo que habilita la “internación compulsiva” a los consumidores de pasta base. “No queríamos cerrarnos en posiciones que pudieran romper con este amplio acuerdo que se está forjando en temas de seguridad pública dentro de la izquierda, en que participan varios sectores del Frente Amplio, las organizaciones sociales y la academia”, explicó a Búsqueda una de las fuentes consultadas.

Responsabilidad de padres.

Desde la primera vez que en el gabinete de seguridad se manejó la posibilidad de incrementar las penas a los menores, dirigentes del Partido Socialista advirtieron a sus ministros que no están dispuestos a votar un proyecto de ley con esas características. En las últimas semanas, otros sectores del oficialismo fijaron una posición similar.

La propuesta del Poder Ejecutivo hasta el martes 26 era que el castigo para los infractores previsto en el Código del Niño y el Adolescente pasara de cinco a 10 años para los delitos graves. Esa idea no se verá contemplada en el articulado a estudio del Parlamento.

El proyecto sí incluye fijar una pena mínima de un año para delitos graves y establecer que recién con la mitad de la condena cumplida se puede solicitar la libertad anticipada.

Además, los adolescentes que cometen homicidios con agravantes especiales, rapiñas, violaciones, secuestros o tráfico de drogas deberán estar en un lugar separado del resto de los infractores. Cuando perpetran este tipo de delitos, el juez de menores tendrá que elevar las actuaciones al juez penal de turno para que analice las responsabilidades legales de quienes tengan a su cargo al infractor.

Para el gabinete ministerial, el aumento de penas no quedó totalmente descartado. Los sectores del Frente Amplio acordaron crear una comisión en la órbita del Poder Ejecutivo que tendrá 30 días para elaborar un proyecto de Código Penal Adolescente y es en ese marco en el que se volverá a dar el debate.

“Medida excepcional”.

En la discusión del martes entre el gabinete de seguridad y los legisladores también se llegó a un acuerdo sobre otro punto: la posibilidad de que un juez pueda disponer la internación compulsiva de adictos a la pasta base de cocaína.

El gobierno no había incluido esa posibilidad en el documento que presentó la semana pasada, solo se mencionaba la creación de un Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE). En la reunión, el oficialismo acordó que la internación compulsiva se aplique como “medida excepcional”, dijeron los informantes.

De acuerdo a lo informado por el sitio de Internet de la Presidencia, el procedimiento para esos casos es el siguiente: “Localizar a las personas que en la vía pública o en espacios públicos o privados no habitados, se encuentren consumiendo estupefacientes, o se presuma que acaban de hacerlo, o portando los mismos y que tal situación signifique un riesgo para sí o para terceros”. Una vez que eso ocurre, los funcionarios del SAVCE, que “formarán parte de las brigadas especiales para realizar estas tareas”, conducirán a los consumidores a un “centro de atención”. Luego se le informará al juez de turno para que disponga si el consumidor debe ser internado o no.

Si bien no es de las sustancias ilegales más consumidas, para el Ministerio del Interior la pasta base es una de las principales causas del aumento de los delitos violentos. Por eso, otro de los proyectos prevé endurecer las penas a los traficantes de pasta base. El castigo mínimo de quienes comercializan esa droga pasaría de 20 meses a tres años de prisión y el máximo, de 10 a 15 años de penitenciaría.

En ámbitos judiciales y policiales existen dudas acerca de la utilidad de esa medida. Fuentes vinculadas al combate al tráfico de drogas advirtieron que eso puede “terminar llenando las cárceles de pequeños vendedores de pasta base” y no solucionar el problema de fondo.

Medida “discriminatoria”.

En el caso de la corrupción, el gobierno propone elevar en un tercio el mínimo y el máximo de las penas para los delitos de peculado (una suerte de apropiación indebida), concusión (coima), cohecho simple y calificado (soborno), y fraude cuando el que comete el crimen es un funcionario policial o un civil que trabaja en el sistema penitenciario.

Las actuales autoridades del Ministerio del Interior han declarado en varias oportunidades que el nivel de corrupción en la Policía es alto. En los hechos, ayer miércoles el fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez solicitó al juez Néstor Valetti el procesamiento de siete efectivos —cinco de ellos oficiales— por el delito continuado de fraude. Los policías marcaban tarjeta en su oficina e iban al casino Victoria Plaza para brindar un servicio de vigilancia por el que cobraban dinero extra.

“Seguirnos el ritmo”.

De todas las medidas, la iniciativa legal que primero se discutirá en el Parlamento es la creación de un fondo de indemnización a las víctimas de delitos violentos.

El 75% del fondo se destinará a pensiones reparatorias por delitos violentos, es decir, cuando ocurra un homicidio en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro. El restante 25% será para fortalecer el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito que funciona en la órbita del Ministerio del Interior.

El dinero de ese fondo provendrá del 1% de los seguros que se comercializan tanto por parte del Banco de Seguros como por las empresas privadas.

La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) rechazó la medida anunciada por el gobierno. En un comunicado emitido ayer miércoles, la organización señaló que el sector tiene una “elevadísima carga tributaria” por la que el Estado recauda unos U$S 50 millones al año e indicaron que la nueva medida implicaría una erogación adicional de U$S 9 millones anuales para las compañías.

El director ejecutivo de la Audea, Mauricio Castellanos, agregó que el sector asegurador “no tiene vínculo” con la problemática que se intenta abordar, como sí lo tienen las empresas de seguridad o los comercios que prefieren manejar efectivo y no implementan medios de bancarización.

El Poder Ejecutivo aspira a que blancos y colorados acompañen la creación del fondo para las víctimas. Pero aun si no consigue aprobar las medidas con votos de la oposición, en el oficialismo se considera un éxito la movida política del gobierno en materia de seguridad. “A partir de ahora somos quienes proponemos la agenda y el resto de los partidos tienen que seguirnos el ritmo, mientras que en la interna mejoramos la unidad”, concluyó un jerarca del gobierno.