“El tema trasciende Viena en marzo, porque es un tema global. Ya estamos trabajando con los países de la región para hacer un planteo de rediscusión del marco de las políticas de drogas”, añadió.
A nivel regional.
El martes 10, Calzada tenía previsto viajar a Colombia para participar en el 54º período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, ese día el Senado discutía el proyecto de la marihuana y el oficialismo tenía los votos para convertirlo en ley.
Por eso, Calzada postergó un día el viaje y siguió la mayor parte del largo debate desde la barra de la Cámara de Senadores, hasta que la ley se aprobó cerca de las 23 horas.
Al día siguiente en la reunión de la Cicad la posición uruguaya recibió “el respaldo explícito” de Brasil y Ecuador, según el jerarca, mientras que el resto de los países plantearon “respeto por el camino” que sigue el gobierno de José Mujica “más allá de que no estuvieran en condiciones de seguirlo debido a las características de sus países”. La delegación de Canadá fue la única que expresó críticas directas a la iniciativa.
Al final de las sesiones, la presidencia de la Cicad, en manos de Colombia, aprobó un documento —al que accedió Búsqueda— en el que recomienda la creación de un grupo de trabajo “encaminado a analizar y generar propuestas alternativas al tratamiento penal y penitenciario en todos los eslabones de la cadena del Problema Mundial de las Drogas, con enfoque de género y que incorpore a productores y consumidores”.
Para Calzada, la reunión de Bogotá “denota un cambio cualitativo de la discusión en materia de política de drogas en el continente, que está a la vanguardia del mundo en el tema” porque pretende impulsar el debate desde “la perspectiva de los derechos humanos” y no solo desde “la represión”.
El gobierno cree que el camino uruguayo comienza a ser tenido en cuenta en la región. A partir de la aprobación de la ley, la Cancillería está trabajando con otros países para firmar acuerdos de “intercambios de información y cooperación en políticas de drogas”, dijeron fuentes de esa Secretaría de Estado.
El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días para su ratificación por parte del Parlamento el primero de estos acuerdos, que fue firmado con el gobierno de Guatemala. Ese país, que no es productor de drogas sino de tránsito hacia otras regiones, es uno de los que más ha sufrido el aumento de la violencia producto del enfrentamiento entre narcotraficantes.
Los informantes precisaron que hay varios países interesados en firmar acuerdos con Uruguay, aunque prefirieron no detallar de cuáles se trata.
País “pirata”.
Además de los acuerdos de cooperación, el gobierno trabaja a nivel diplomático de cara a la reunión de las Naciones Unidas en marzo del 2014. Las autoridades creen que el aumento de los países que están aplicando políticas alternativas a la denominada “guerra a las drogas” —Holanda, Portugal, Australia, 18 Estados de Estados Unidos, entre otros— posibilita una revisión de la aplicación de las convenciones sobre estupefacientes.
El objetivo inicial de las autoridades no es cambiar el contenido de esas convenciones porque se trata de un proceso muy largo, sino “flexibilizar su interpretación”, dijo Calzada. Esa idea se fundamenta en un informe jurídico elaborado por el ex presidente de la JND durante el gobierno de Jorge Batlle, Leonardo Costa, titulado: “El problema de las drogas en su esfera jurídica: El incipiente cuestionamiento a la posición prohibicionista y sus eventuales consecuencias”.
Según el informe, para evaluar la capacidad de maniobra de los países en el tema marihuana es necesario conocer el contenido de dos convenciones aprobadas por Naciones Unidas: la Convención Única sobre Estupefacientes (1961) y la Convención de Viena sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).
La Convención de 1961“intentó regular de forma uniforme y concreta los regímenes de fabricación, producción y cultivo de algunos estupefacientes, no estando prohibidos, sino limitados a determinados fines y circunscriptos a ciertos regímenes de fiscalización”, explica Costa en el documento de 50 páginas. La Convención de 1988, en tanto, “no tiene como finalidad regular la producción, cultivo o comercio de los estupefacientes, sino su tráfico ilícito, estableciendo medidas que permitan punir y combatir estas conductas”.
Los países que ratifican estas convenciones, como es el caso de Uruguay, deben adaptar su legislación para cumplir con los cometidos previstos en el tratado. Es en ese punto donde entra en juego la posibilidad de una interpretación más amplia de su contenido.
Para el control del cumplimiento de las convenciones la ONU posee varios organismos: la Comisión de Estupefacientes, la JIFE, la oficina contra la Droga y el Delito (Onuud) y la Organización Mundial de la Salud.
“En el estado actual, cabe señalar que la JIFE ha observado a varios países por supuestos incumplimientos sin que hasta la fecha se hayan adoptado decisiones políticas que hayan hecho caer en responsabilidad internacional a los países observados”, sostiene Costa.
Durante los meses que el Parlamento uruguayo discutió el proyecto de legalización de la producción y venta de marihuana, la JIFE emitió varias declaraciones advirtiendo que la medida viola las convenciones internacionales.
“Con la legislación sobre el cannabis aprobada por el Congreso, Uruguay está violando las convenciones de control de drogas”, declaró la JIFE después de la aprobación de la ley. En una entrevista con la agencia EFE, el presidente del organismo, Raymond Yans, dijo que Mujica no aceptó reunirse con él antes de que se aprobara el proyecto. Y añadió: “Este es un tipo de visión propia de piratas, que un país decida no retirarse de la Convención y tampoco respetarla”.
La respuesta del gobierno uruguayo no se hizo esperar. “Dígale a ese viejo que no mienta, que conmigo se reúne cualquier persona”, declaró Mujica el jueves 12 a Canal 4.
Al día siguiente, integrantes de la JIFE, compuesta por 13 expertos seleccionados por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc), se comunicaron con el gobierno uruguayo para desmarcarse de las declaraciones de Yans, según informó Presidencia de la República.
Margen.
¿Hay espacio en la letra de las convenciones para otras interpretaciones más allá de la que mantiene la JIFE? Para el gobierno, la respuesta es sí.
“Lo importante de la convención es cumplir a rajatabla con la lucha contra las adicciones, que es el fin de las convenciones”, sostuvo Cánepa. “En los objetivos estamos todos de acuerdo, el tema es cómo combatimos las adicciones en nuestros países”.
En su informe jurídico, Costa señala que “la interpretación de las convenciones sobre estupefacientes debe ser acorde a su objeto y fin; debe tener en cuenta las prácticas ulteriormente aceptadas”, “debe atender” los tratados internacionales de Derechos Humanos que se aprobaron con posterioridad —como el pacto de San José de Costa Rica— y tiene que estar acompasada con el ordenamiento jurídico del país.
La convención de 1961 estableció una “cláusula de salvaguarda” que permite que un Estado “en determinadas circunstancias, invoque su ordenamiento jurídico constitucional para abstenerse de adoptar” algunas disposiciones del tratado, explica Costa.
A su vez, el artículo 14.2 de la convención de 1988 dice que “las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales”. Para el especialista “resulta por demás trascendente esta disposición, dado que subyace a la finalidad y objetivo de la norma el respetar y salvaguardar los derechos fundamentales y las acciones a ser tomadas por los Estados”.
Según el análisis jurídico elaborado por Costa “no caben dudas que el consumo personal no está prohibido” por las convenciones. Pero además “en necesidad de coherencia y de tutela de los derechos fundamentales, la posesión y el acceso lícito a los estupefacientes —entendiendo por tal al cultivo o autocultivo para tales fines—, podrían asimismo no ser penalizados”.
“El ordenamiento jurídico no sería coherente si permitiera (o no penalizara) el consumo personal y la posesión para tal fin, y, a su vez, penalizara el cultivo o autocultivo cuando tiene por destino dicho consumo personal”, dice Costa. Aunque agrega: “Esta no es una interpretación unánime, y, por supuesto, no es compartida por la JIFE”.
