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En acuerdo con el gobierno, representantes de trabajadores y empleadores redactaron el borrador de un decreto en el que se establece que en “ocasión del trabajo”, el consumo de drogas debe ser cero y que en los ámbitos laborales queda prohibida incluso la tenencia de esas sustancias.
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El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat) tratará hoy el documento final de una comisión que durante más de cuatro meses analizó cómo conciliar con el ámbito del trabajo las leyes que permiten el consumo personal de drogas.
Consultado por Búsqueda, el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey, confirmó que el documento establece el “consumo cero de alcohol y cualquier otro tipo de drogas en el lugar de trabajo, en ocasión del trabajo y en las situaciones de retén” (es decir, guardias). Además “queda prohibida la tenencia de esas sustancias” en los lugares laborales.
“El enfoque es que no podés trabajar bajo los efectos (de una droga). Por eso el consumo es cero, tanto de alcohol como de cualquier otro tipo de droga, en ocasión de trabajo y cuando se está en retén. Y proponemos que esté prohibida la tenencia, que no puedas entrar al recinto laboral. Hoy no podés entrar con vino, tampoco con marihuana”, explicó Rey.
Respondiendo a un reclamo del sector empresarial, que criticaba ciertos puntos de la ley que regulariza el consumo de marihuana, el borrador reafirma el poder sancionatorio del patrón. Así, cuando sea “evidente” que el trabajador no está en condiciones de desempeñar su labor y existen “indicadores conductuales que podrían corresponder” al consumo de drogas, se procederá a la separación de la tarea y se habilitará una prueba de detección de sustancias. Si el resultado es positivo, se suspende la jornada. Ante un segundo positivo, se lo deberá “orientar” a que inicie un tratamiento. Si la empresa ya cuenta con un programa acordado (por ejemplo el que realiza la Universidad de la República), se dejarán sin efecto las sanciones si el trabajador acepta la rehabilitación. De lo contrario, se recomendará penalizaciones graduales.
La idea es “orientar hacia el tratamiento” del trabajador, sin perjuicio de la sanción que pueda imponer el patrón. Programas similares ya se realizan en el ente estatal UTE así como en el Banco de Previsión Social. Se planea que el decreto rija para “toda relación de trabajo, tanto pública como privada”.
Según supo Búsqueda, el borrador también señala que cada empresa definirá un plan “sistemático” y “periódico” a través de las comisiones bipartitas de seguridad y salud para la “prevención del consumo” y su “detección precoz”. Los mecanismos de control deberán ser “no invasivos”, al estilo de los que se utilizan en el tránsito: espirómetros para el alcohol y tirillas salivales para la marihuana. Estos instrumentos detectan el consumo en un período de tiempo, lo que significará que los trabajadores no podrán ingerir alcohol dos horas antes del comienzo de su jornada; esa ventana se amplía a seis horas para la marihuana.
El borrador aún debe ser considerado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y por la Junta Nacional de Drogas.
“Respuesta de salud”.
En la bipartita de salud, además, se acordará cuáles son los “puestos de riesgo” de cada organización, así como la implementación de un programa de información y capacitación para toda la plantilla previo al comienzo de los controles.
Las pruebas las deberá realizar personal de salud, ya sea el servicio médico de la empresa o uno contratado para ese fin. El trabajador podrá siempre pedir tests confirmatorios que deberá abonar en caso de ser positivos; si el resultado es negativo pagará el empleador. Las muestras de confirmación para pruebas en sangre se deberán retirar en menos de dos horas de realizada la prueba inicial, y en el mismo momento para el caso de las tirillas salivales.
Consultada por Búsqueda, Cecilia Miller, representante del PIT-CNT en la comisión, opinó que el documento da “garantías de que no haya discriminación” y asegura una “respuesta en salud”. Los trabajadores argumentaban que el decreto de aplicación de la ley de marihuana era “discrecional”, fomentando la “discriminación”.
“Se preserva el poder disciplinario del empleador y se repara una cuestión de derechos como en lo referido al costo de la prueba confirmatoria. Pero el valor más grande es que sale de un ámbito de diálogo social”, apuntó.
El sector empresarial entiende que las pruebas planificadas se podrán aplicar en firmas grandes, mientras que “la mayoría” de las instituciones hará controles cuando sea evidente que el trabajador no está en condiciones de desempeñar su labor.
