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“A ustedes los colocó el Poder Ejecutivo y si no se alinean, tienen que dejar el cargo”, les advirtió el presidente Tabaré Vázquez a los titulares de algunas de las mayores empresas públicas en una reunión mantenida en mayo de 2015. El mensaje se reforzó en encuentros con jerarcas de la Oficina de Planeamiento (OPP) y del Ministerio de Economía (MEF), también en la dirección de lograr mejoras en la gestión de los entes comerciales e industriales del Estado.
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Esa preocupación por el desempeño de las empresas públicas —cuyas pérdidas motivaron cuestionamientos al gobierno— llevó al Ejecutivo a negociar compromisos de gestión junto con los presupuestos correspondientes a 2015.
Entre los documentos entregados el jueves 16 al Parlamento junto con el proyecto de Rendición de Cuentas se informaron las metas fijadas y los valores efectivamente alcanzados en ese año, así como un balance general: el grado de cumplimiento resultó “relativamente elevado y constituye un primer paso en la promoción de la cultura de la gestión por resultados y el compromiso asumido con relación a mejorar la contribución de las mismas al resultado global del sector público”.
Fueron metas “un tanto livianas” como inicio de un proceso, explicó a Búsqueda un técnico de la Torre Ejecutiva. Para los presupuestos de 2017, que deberán estar elaborados antes de fines de julio próximo, se quieren fijar acuerdos más exigentes, si bien se asume que el contexto para los entes es “bastante complicado”, agregó.
Estos compromisos incluyen un conjunto de indicadores con metas anuales y de mediano plazo que buscan cuantificar los avances en la eficiencia para la provisión de bienes y servicios públicos. Su incumplimiento no desencadena castigos concretos, aunque sí pueden condicionar la aprobación de los siguientes presupuestos y operan como una “advertencia sobre la actuación de los Directorios”, señaló el informante.
En los documentos enviados por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Rendición de Cuentas de 2015 subrayó que “la recomposición del resultado de las empresas públicas” iniciado en ese año es “clave para alcanzar las metas fiscales comprometidas”. En línea con ello es que pretende que los entes adopten la política de reducir la plantilla a largo plazo por la vía de la incorporación de dos personas cada tres que se retiren —propuesta para la administración central—, así como la prohibición de hacer reestructuras que supongan aumentos de gastos salariales.
Metas.
Ancap, AFE y el Banco Central no tuvieron presupuestos aprobados en 2015 y, por tanto, no suscribieron compromisos de gestión. Los entes que sí lo hicieron cumplieron, en general, con las metas fijadas.
En UTE, de 19 indicadores se dio cumplimiento a 17. Los desvíos estuvieron en la ejecución de inversiones (por casi U$S 309 millones) algo superior al definido como meta, y en una pérdida comercial y de distribución de 16,3%, mayor a la prevista. Además, si se corrige la contribución del ente al resultado conjunto de las empresas públicas por el “subcosto energético”, para el Ejecutivo este indicador también fue incumplido.
El presupuesto de Antel del año pasado no fue aprobado, aunque igualmente la empresa acordó compromisos de gestión con la OPP y el MEF. El único indicador con desvío —entre 11 metas— fue en la baja de gastos y publicidad.
OSE cumplió a cabalidad con las metas fijadas para una decena de indicadores, aunque el Poder Ejecutivo marcó en el informe que hubo una subejecución de 17% en el nivel proyectado de inversiones en 2015. Igual situación se dio con la Administración Nacional de Puertos; en este caso la subejecución de inversiones fue de 53%.
La Administración Nacional de Correos cumplió con la mitad de las metas del año pasado: las cinco incumplidas fueron, por ejemplo, relativas a la contribución que le hizo el MEF, a la reducción de vacantes y horas extra, así como en los niveles de satisfacción de sus clientes.
El Banco de Previsión Social incumplió con cinco de 11 metas acordadas, varias relacionadas con los tiempos de otorgamiento de prestaciones. La reducción de costos operativos respecto a 2014 fue de 2,6%, la mitad de lo establecido como objetivo.
El Banco República dio satisfacción a la mayoría de las metas de gestión. Un apartamiento fue haber logrado un incremento de los préstamos a empresas privadas y familias de 2,6% frente a 2014, cuando lo comprometido era aumentar 14% o más. El problema de la subejecución de inversiones —de casi 50% del nivel proyectado— se repite en este caso.
El Banco Hipotecario no logró mayor mercado ni el aumento de préstamos esperado, y la morosidad de la cartera fue de 2,6%, ligeramente superior a lo establecido en el compromiso. En cambio, por ejemplo sí dio cumplimiento a la reducción a la mitad de la publicidad, en la disminución de vacantes y logró niveles de satisfacción de los clientes por encima del objetivo.
Hubo un relativamente amplio cumplimiento de las metas de gestión por parte del Banco de Seguros del Estado, si bien logró un crecimiento de ventas menor al comprometido, y su rentabilidad operativa estuvo al filo del incumplimiento.