El Poder Ejecutivo quiere que la Universidad estatal sea la encargada de dirimir si tiene alguna controversia con Aratirí

“Hay referencias permanentes a decir que las controversias se van a resolver a nivel internacional, pero para sorpresa de esta casa, en las hipótesis de controversia estamos proponiendo la participación de la Universidad de la República como actor independiente y calificado en estos temas”, dijo el subsecretario.

“En lo que tiene que ver con las minas, el plan es que se reconviertan a largo plazo en lagos o reservas de aguas. No es una cantera llena de agua. La curva de llenado no es lineal, por lo tanto el 100% del llenado lleva cien años, pero a los 40 años está lleno el 80% de la mina”, dijo.

“Las pilas de estériles tendrán revegetación con pasturas y especies de árboles. Los cursos de agua no van a retornar al trazado que tienen hoy sino que van a quedar como queden. Es imposible que sea de otra forma porque algo que pasaba por un lugar ahora pasaría por un pozo, por lo que va a mantenerse el nuevo curso. Y el plan implica la regeneración del monte nativo”, agregó.

En este sentido, Croce mostró un informe realizado por el economista Gustavo Bittencourt —financiado por Aratirí a pedido de la Dinama— en el que se indica que una vez aplicado el Plan de Cierre previsto por la empresa, el medioambiente de la zona tendrá un valor superior en U$S 27,6 millones.

Discurso “pobre”.

Por su parte, el ex director de la Dinama indicó que es necesario un “fortalecimiento institucional” para solucionar “los problemas para abordar estos megaproyectos” que existen.

“Tenemos instituciones de control ambiental que no están a la altura de esta nueva realidad, con técnicos muy calificados haciendo lo que pueden. Tenemos empresas que son más fuertes que los ministerios. Uruguay tiene que fortalecer sus capacidades de evaluación ambiental con mucho desarrollo científico, de gestión, con el sector académico jugando un rol relevante que hoy no está jugando”, dijo Latchinian.

A su vez aconsejó que “Uruguay haga su propio análisis a escala local”, porque “la gestión ambiental tiene que ser aplicada con las cosas que ocurren asociadas al territorio y a actividades específicas de cada localidad”.

Advirtió que “crecimiento no tiene nada que ver con desarrollo. Se vende más y hay más plata, pero eso no quiere decir que mejore la calidad de vida ni la calidad ambiental”.

Por último, Latchinian afirmó que “el discurso ambiental de la sociedad civil es pobre” y “se tiene que enriquecer con mucho respaldo político”.

“La oposición intransigente es una forma que no permite avanzar en la gestión ambiental”, concluyó.

“Actividad necesaria”.

El subsecretario Ortuño afirmó que la discusión “no puede ser minería sí o minería no”, porque “es una actividad necesaria para el ser humano, ya que la mesa, el micrófono y el celular requieren de la minería”.

“Ante esta nueva fase de minería en el país con la explotación de hierro, creemos que es beneficiosa porque genera una actividad económica que da trabajo de mayor calidad, es diversificación de la producción y genera ingresos concretos para el Estado muy significativos”, afirmó.

El jerarca detalló que “Uruguay, en base a estimaciones conservadoras, recibirá al menos U$S 400 millones de ingresos por vías impositivas”.

El movimiento Uruguay Libre, impulsor del plebiscito para prohibir la megaminería metalífera a cielo abierto, cuestionó la cifra dada por Ortuño afirmando que “no superará los U$S 260 millones”.

“La principal diferencia con los números del gobierno es que no tiene en consideración las deducciones del IRAE, tanto las que hacen todas las empresas como las que habilitó la ley de minería de gran porte”, sostiene la organización en un comunicado divulgado el martes 4.

A esta diferencia le suma que “para determinar la facturación del proyecto se toman los precios del mineral puesto en China, sin descontar el flete y seguro de carga, que trae como consecuencia una reducción del 30% de facturación” y que “se toma como ingreso fiscal la totalidad del canon de producción —5% del valor del mineral exportado—cuando la porción correspondiente al Estado es 3%”.

“Ganar soberanía”.

Por su parte, Ortuño reafirmó que el puerto de aguas profundas “no se hace solo por Aratirí” y “es una buena apuesta para ganar soberanía”.

El jerarca explicó que se prevé para “cargas de graneles sólidos —la soja, el arroz—, graneles sólidos de mineral que son también de la región y que canalizarán una demanda importante que se genera en el Sur de América ya planteada por un costo más barato, graneles líquidos, pulpa de pasta de celulosa y movimiento de contenedores”.

“Esto demuestra que es una buena apuesta para ganar soberanía y no depender de las coyunturas de relacionamiento bilateral”, agregó Ortuño.