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    El Poder Ejecutivo se consolidó como el principal impulsor de proyectos aprobados en el Parlamento en el actual período

    La oposición mantuvo un alto nivel de control sobre el gobierno, dice investigación académica

    El sábado 1º comenzó el último período de sesiones del Poder Legislativo del actual gobierno. Si bien queda un año de trabajo, la atención de los legisladores también estará centrada en sus respectivas campañas políticas para renovar la banca, proyectarse para ser intendentes o alcanzar la Presidencia de la República.

    Blancos, colorados e independientes, arrancan esta campaña electoral con el objetivo de desplazar al Frente Amplio del gobierno o, cuando menos, evitar que tenga por tercera vez consecutiva la mayoría parlamentaria, una situación que han considerado negativa para el país porque —entienden— fue utilizada de forma “abusiva”, permitió aprobar leyes “inconstitucionales” y no habilitó la creación de comisiones investigadoras, por ejemplo.

    ¿Cómo fueron, entonces, los meses de mayor trabajo parlamentario? ¿El gobierno impuso su agenda? ¿La oposición pudo controlar al oficialismo y hacer aprobar sus proyectos?

    Una investigación de dos politólogos evaluó que en los meses anteriores al año electoral el Poder Ejecutivo logró “vehiculizar su agenda legislativa” y la oposición coordinó y controló al gobierno.

    “Si bien el actual período se enmarca dentro de la tendencia histórica de productividad legislativa y fiscalización, también se aprecian algunas novedades. Por un lado, se consolida la prevalencia del Poder Ejecutivo sobre la legislación sancionada, en detrimento de la iniciativa de los legisladores. Por otra parte, la oposición mantiene un alto nivel de control a través de los llamados a sala, a pesar de sus problemas de coordinación derivados de la fragmentación en tres partidos”, escribieron Daniel Chasquetti y Alejandro Guedes en un trabajo publicado en el Informe de Coyuntura Nº 12 del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (Política en tiempos de Mujica III. A un año de las elecciones nacionales).

    Según la investigación, que va hasta el 31 de julio del cuarto año del período, en ese tiempo se aprobaron 458 leyes. En el gobierno de Tabaré Vázquez, en el mismo período, se aprobaron 469 proyectos, el número más alto desde el retorno a la democracia en 1985.

    En el actual período legislativo, el 77% de las leyes fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, la cifra más alta desde 1985. El 39% de las iniciativas fueron proyectos sustantivos, 34% convenios y 26% proyectos por temas administrativos.

    “A nivel global, si bien el actual Ejecutivo se presenta como el más proactivo a nivel propositivo, se aprecia que la primera administración del presidente Sanguinetti (51%) y la del presidente Vázquez (42%), enviaron una mayor proporción de proyectos sustantivos”, señalan Chasquetti y Guedes.

    Para lograr estos niveles de aprobación, el apoyo mayoritario en el Parlamento y el grado de cohesión de la bancada son fundamentales. “Cuando al Parlamento lo controla un partido o coalición mayoritaria, lo sustantivo serán las preferencias del legislador mediano de esa mayoría. Pero cuando no existe una mayoría coordinada y estable, lo decisivo pasa a ser el legislador mediano de la cámara. Para tener éxito legislativo en uno y otro escenario, los presidentes deberían tomar en cuenta esas circunstancias. El presidente Mujica y su gobierno parecen haber comprendido esta situación, pues como la evidencia lo muestra, los proyectos del Ejecutivo parecen ajustarse —sobre todo a medida que transcurre el mandato— a las preferencias del legislador mediano de la mayoría. Ello explicaría los excelentes registros de eficacia mostrados hasta el presente”, sostienen los autores.

    Proyectos presentados.

    La investigación da cuenta sobre la tasa de eficacia de los poderes a la hora de aprobar los proyectos. En el caso de la administración de Mujica, el Ejecutivo tuvo un 67% de eficacia (envió 523 proyectos de los que aprobaron 352).

    En cuanto a los legisladores, de 599 proyectos presentados se aprobaron 106. Entre los aprobados, el 37% de esta cifra fue impulsado por legisladores frenteamplistas, 29% por nacionalistas y 7% por colorados. Hay 29% de proyectos coauspiciados por legisladores de varios partidos, incluido el oficialismo.

    El Partido Nacional es la colectividad que más proyectos presentó (298), los colorados 117, el Frente Amplio 80, el Partido Independiente 10. En términos de eficacia, el oficialismo logra aprobar casi la mitad de los proyectos que presenta, 49%, los blancos el 10% y los colorados el 6%.

    ¿Por qué los legisladores nacionalistas presentan tantos proyectos si saben que no serán aprobados?, se preguntan los autores. Este comportamiento, sostienen, configura lo que se denomina estrategia de “position taking”, donde “quien promueve la legislación está más preocupado porque sus votantes conozcan su posición que la propia suerte de la iniciativa”.

    Otro punto analizado es el rol fiscalizador de la oposición, ya sea a través de pedidos de informes a ministerios, entes y servicios descentralizados, como llamados a sala (interpelación o Comisión General).

    Se realizaron 35 convocatorias a ministros (18 en régimen de Comisión General y 17 interpelaciones). Los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Luis Almagro (Relaciones Exteriores), fueron los más convocados hasta el 31 de julio de 2013, cinco veces cada uno.

    Respecto a los pedidos de informes, se realizaron 2.055. De ellos, 52% fueron hechos por el Partido Nacional, 41% por el Partido Colorado, 5% por el Frente Amplio y 1% por el Partido Independiente. Los ministerios de Industria, Educación, Vivienda, Salud Pública y Economía, son las reparticiones con más pedidos de informes.

    Lo que falta.

    Para este año quedan aún proyectos que son considerados importantes por el gobierno. Entre ellos figuran la llamada “ley de medios”, el proyecto de ley de inclusión financiera —que baja las tasas de IVA—, la reforma del Código Penal, la regulación del mercado de bebidas alcohólicas y la creación de la Universidad de la Educación. Además se espera que el Senado apruebe el proyecto de ley de responsabilidad penal que generó diferencias dentro del oficialismo.