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El Poder Ejecutivo retiró ayer miércoles 20 “provisoriamente” a su representante en el instituto donde se forman los jueces, en virtud de su discrepancia sobre quiénes serán los docentes de Derechos Humanos, en lo que configura un nuevo cruce entre el oficialismo y actores del Poder Judicial por diferencias en esta materia.
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En rigor, el gobierno propuso que el ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique integre el grupo de docentes de esa materia. Pérez Manrique es el único ministro de la Corte que días atrás argumentó a favor de la constitucionalidad de la ley que eliminó a la “ley de caducidad”.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), entidad del Ejecutivo que participa en el Consejo Directivo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU, instituto de formación de magistrados), remitió ayer una carta a la Suprema Corte de Justicia en la cual le anuncia su decisión.
En ese documento, al cual accedió Búsqueda, el ministro Ricardo Ehrlich argumenta que el MEC “entiende que la capacitación de los magistrados debe orientarse por la más amplia formación de los aspirantes. En tal sentido, propuso agregar en la integración del equipo docente de Derechos Humanos al doctor Pérez Manrique, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, como forma de enriquecer los puntos de vista acerca de una materia de gran relevancia en la formación de los futuros jueces de la República”.
La propuesta de incluir a Pérez Manrique al equipo —que integra el también ministro de la Corte Julio Chalar— no fue aceptada por la mayoría del Consejo Directivo del CEJU.
“Consideramos que el presente es un caso particular, dada la relevancia y el impacto que la temática en cuestión tiene en la vida del país. Ellos nos ha llevado a enfatizar la importancia de alcanzar una resolución por consenso en esta situación. No habiendo sido eso posible, como los señores ministros comprenderán esto coloca al MEC en una posición incómoda y dilemática. El Ministerio hace una propuesta que procura dar la más amplia formación posible en Derechos Humanos, y para ello propone agregar un docente más que es miembro de la Suprema Corte de Justicia. Tal posición no es acompañada por los demás miembros del Consejo Directivo”, reseña Ehrlich en otro pasaje de su carta.
“En estas circunstancias, que no han conducido a un consenso entre las distintas alternativas, el MEC entiende que no están dadas las condiciones para asumir responsablemente su participación en la conducción de la institución de formación de los magistrados. Por esa razón, en tanto no se generen los espacios de diálogo que contemplen los distintos puntos de vista de los actores llamados legalmente a conducir el CEJU en un tema de tanta trascendencia, el MEC ha decidido retirar provisoriamente su representación del Consejo Directivo del CEJU”, acota de inmediato.
La carta fue remitida por el MEC a la Presidencia de la República, que de inmediato lo envió a la Suprema Corte de Justicia. Según fuentes judiciales que consultó Búsqueda, el documento fue leído ayer en el rutinario encuentro de los ministros de la Corte, quienes resolvieron “tomar nota” de las consideraciones formuladas por el Ministerio y remitir la carta al Consejo Directivo del CEJU.
En pocas semanas, una serie de decisiones adoptadas por la Corte fueron objeto de severos cuestionamientos por parte de grupos políticos de izquierda y de legisladores y jerarcas gubernamentales oficialistas.
Las dos resoluciones más criticadas fueron el traslado de la jueza Mariana Mota —quien acaparaba las causas por violaciones de derechos humanos en dictadura— desde un juzgado penal hacia otro civil, y el fallo por el cual la Corte concluyó que la ley que en los hechos eliminó a la “ley de caducidad” es inconstitucional.
Pérez Manrique votó el traslado de Mota, que fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, reivindicó la constitucionalidad de la ley “interpretativa” de la “ley de caducidad”, pero los otros cuatro ministros opinaron que es inconstitucional.
