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El Poder Ejecutivo y los empresarios indios apuran la negociación del proyecto Aratirí, a pocos días de que venza el plazo para firmar
Los directivos de la india Aurum Ventures llegan a Montevideo el lunes 16 y la fecha límite es el martes 24
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El gobierno y la minera Aratirí están a contrarreloj. Ambos tienen doce días para concretar la firma del contrato de inversión para el proyecto minero Valentines, o de lo contrario el emprendimiento pasará a una lenta etapa hacia el olvido.
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La empresa Zamin Ferrous, que preside el indio Pramod Agarwal, sigue siendo la casa matriz de Aratirí. Pero el Estado uruguayo negocia el contrato con la filial y no será Agarwal quien firme en nombre de la empresa. Son los directivos de Aurum Ventures, otra empresa india, quienes llevan adelante los contactos y al mismo tiempo negocian adquirir Aratirí.
Según supo Búsqueda, el director ejecutivo de Aurum Ventures, Ashish Deora, llegará a Uruguay el lunes 16 para instalarse los días que sean necesarios hasta que se defina la negociación. La prisa de Deora es evidente: en setiembre estuvo en Montevideo para reunirse con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y los ministros Víctor Rossi (Transporte) y Carolina Cosse (Industria), y hace dos semanas volvió entre los días 26 y 29 de octubre para avanzar en la negociación.
La Ley de Minería de Gran Porte estableció plazos para la firma del contrato de inversión una vez que el proyecto fuera declarado de gran porte. En diciembre venció ese período y en febrero el Parlamento modificó la ley y le dio al gobierno 360 días más para negociar. Ese plazo vence el martes 24.
Fuentes vinculadas a la negociación aseguraron que los empresarios indios “siguen convencidos de hacer el proyecto” y que la decisión es del gobierno.
Igual que Zamin Ferrous, Aurum Ventures no tiene antecedentes en la explotación de hierro. Se trata de una empresa fundada en 1999 por Deora, que cuenta con permisos de explotación de carbón en Mozambique y de oro en Tanzania.
El hermetismo de las negociaciones llevó a que el diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla realizara un pedido de informes el pasado martes 3 al Ministerio de Industria, Energía y Minería para conocer los avances de las conversaciones entre el Poder Ejecutivo y Zamin Ferrous.
Solicitó saber la fecha en que Aurum Ventures tomó el control del proyecto, quiénes son sus titulares, qué capital posee, sus antecedentes en explotación minera y si modificó el proyecto.
En diálogo con Búsqueda, el diputado aseguró que Aurum Ventures “tiene menos antecedentes incluso” que Zamin Ferrous, lo que “abre la incógnita de saber con quiénes está negociando Uruguay”. “El secretismo ya no es buena señal”, dijo.
“Si están especulando entre empresas, no me preocupa, pero sí la especulación que afecta a terceros, como los dueños de los predios con peticiones mineras”, agregó.
Fuentes de trabajo.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se reunió semanas atrás con la ministra Cosse para plantearle su preocupación por el futuro del proyecto.
Abdala dijo a Búsqueda que “lo principal es que el proyecto se concrete, por las fuentes de trabajo”, ya que la paralización de proyectos como la regasificadora o el Antel Arena “deja mucha mano de obra a pie”.
Pero advirtió que el gobierno “no puede firmar cualquier cosa”. “Queremos que esté por escrito en el contrato que las compras de insumos sea a empresas uruguayas y que Estado y empresa se comprometan a tener procesos de industrialización del hierro”, afirmó.
El dirigente sindical dijo que Cosse coincidió con sus planteos y que los tomará en cuenta para la negociación con la empresa. “No puede ser una declaración de caballeros, de esas ya conocemos varias”, afirmó Abdala.
Sin contrato.
Si el miércoles 25 el Ejecutivo y la minera Aratirí no firmaron un contrato de inversión, se abre un nuevo escenario, aún más complejo, para el proyecto Valentines. La ley de Minería de Gran Porte estableció que la minera tiene 90 días para presentar otro interesado, más otros 120 días para negociar un contrato de inversión.
De lo contrario, el Estado tendrá la “preferencia de compra” de los datos del proyecto durante 180 días y las minas y las áreas mineras implicadas en el proyecto serán inscriptas en el “registro de vacancias”. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo “podrá otorgar nuevos permisos” o “constituir un ente público o persona jurídica de propiedad estatal para continuar realizando la actividad minera”.
