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Aunque apenas pasaron 10 meses desde que se inició una reforma que cambió radicalmente el proceso penal en Uruguay, el Poder Judicial no quiere esperar. Prefiere aprovechar “la ola renovadora” y seguir adelante. Por eso, mientras los jueces todavía se adaptan a los nuevos procesos orales y públicos, se comenzaron a instalar las primeras cámaras de video en las salas de los juzgados penales.
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En la segunda semana de agosto se filmaron las dos primeras audiencias. La cámara se ubica encima del lugar del juez, y capta la imagen de los testigos, la Fiscalía y el indagado. Por el momento solo dos de las 12 salas de audiencia para los juzgados penales del edificio de la calle Juan Carlos Gómez tienen cámaras instaladas. El objetivo es que para fin de año todas las salas cuenten con la tecnología, informó a Búsqueda el director general de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce.
Con la llegada del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el 1º de noviembre, el Poder Judicial innovó con un sistema llamado Audire, que registra las audiencias en audio. Con la grabación quedó atrás la necesidad de escribir un acta, y los expedientes penales pasaron a ser varias pistas de audio con las intervenciones del fiscal, del juez, del indagado, de los testigos (Búsqueda Nº 1.945).
Aunque el registro audiovisual era lo más idóneo, se optó por el audio debido a que requiere menos espacio de almacenamiento.
De todos modos, el Poder Judicial resolvió adelantar el siguiente paso y comenzar a testear las filmaciones en video. El nuevo sistema se llama Audire video. “Quisimos aprovechar esta etapa de cambios, y el hecho de que los jueces se han adaptado muy bien al CPP y al trabajo de la Opec (Oficina Penal Centralizada) para seguir avanzando”, dijo Pesce.
Aunque el registro audiovisual era lo más idóneo, se optó por el audio debido a que requiere menos espacio de almacenamiento.
El reto no está en la adquisición o instalación de las cámaras, explicó, sino que el “problema de fondo es el almacenamiento”. De acuerdo a estimaciones primarias, almacenar los archivos en video de todos los juicios penales en el país tendrá un costo anual de US$ 250.000, informó. El ingeniero aclaró, no obstante, que el monto es incierto porque aún no se sabe cuál será la cantidad de audiencias.
“Estamos suponiendo una determinada cantidad de juicios en todo el país, pero es un cálculo teórico”, explicó. Por eso, el plan piloto en Montevideo permitirá tener una visión más clara de cuánto almacenamiento se requiere antes de extender el sistema al resto del país. “Queremos ver hasta dónde podemos llegar”, dijo Pesce. El plan del Poder Judicial es cubrir todo el país para 2019.
En la fase piloto del proyecto solo se filmarán las audiencias de juicio (cuando se lleva al indagado a juicio oral), pero la idea es que más adelante se graben todas las audiencias, incluidas las de formalización.
Por el momento el Poder Judicial prevé filmar las audiencias solo a modo de registro. La ventaja es que el video es más amigable y brinda más información. Pero el salto tecnológico permitiría, en un futuro, que las audiencias se transmitan en directo por plataformas como YouTube, explicó Pesce. Es que ahora las audiencias son públicas, por lo que la transmisión audiovisual puede ser una alternativa para facilitar el acceso. La Suprema Corte de Justicia aún no tomó una decisión sobre el tema, dijo Pesce, y añadió que “es una alternativa que está en análisis, en base a la buena experiencia de otros países y porque permite más accesibilidad del público”.
Otras de las ventajas que destacó Pesce es que la filmaciones en video permitirán garantizar más seguridad a los testigos protegidos, aquellos que dan su testimonio ante la Justicia, pero sin que los indagados conozcan su identidad para evitar represalias. Hoy los testigos protegidos concurren al Juzgado y declaran en una sala separada, pero el hecho de que deban ir hasta allí los expone a riesgos, ya que, por ejemplo, “pueden cruzarse con los familiares del indagado en la puerta”, ejemplificó Pesce.
Con el Audire video las personas que necesitan preservar su identidad podrán declarar de forma remota —desde su propia casa, la sede de la Fiscalía o de la Policía— a través de un enlace telefónico, que transmitirá su voz distorsionada.
