El Tribunal de Conducta Política pasó a jugar un rol clave en la interna del Frente Amplio tras el caso de Raúl Sendic

El quiebre fue el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic. Hasta ese entonces, los asuntos que llegaban al tribunal, salvo excepciones, no tenían mucho impacto mediático ni generaba ansiedad conocer el desenlace. En el caso de Sendic, el hecho demandó celeridad, ya que estaba en juego la ética del segundo al mando en el gobierno nacional. Y, por eso, en un mes el tribunal trató la información publicada por Búsqueda sobre el uso que dio a la tarjeta corporativa de Ancap, interrogó a Sendic y falló, de forma contundente, que había incurrido en faltas éticas.

En ese lote de fallos hay uno que debe definir si el excanciller Luis Almagro violó la ética partidaria por sus posturas contra Venezuela desde que ocupa el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fuentes oficialistas dijeron a Búsqueda que el dictamen indica que el Frente Amplio no puede considerar los hechos ni dichos de Almagro cuando ya dejó de ocupar cargos en el país y menos aún si no están relacionados con su condición de frenteamplista.

En esa lista también está la conducta del exdiputado Gonzalo Mujica, quien desobedeció el mandato de su partido y acompañó el pedido de una comisión investigadora por los negocios de la administración de José Mujica con Venezuela impulsada por la oposición. El legislador se declaró independiente del Frente Amplio y poco después dejó su banca. El tiempo pasó sin aparecer en el orden del día de los plenarios nacionales y, aún sin conocerse el fallo, Mujica dejó el oficialismo y se unió a las filas del blanco Luis Lacalle Pou.

Víctor Semproni y los dirigentes de la Liga Federal Darío Pérez y Sergio Mier decidieron no votar en Diputados algunos artículos del Presupuesto de 2015 y eso provocó que su caso fuera derecho al tribunal. El dictamen ya fue emitido, pero aunque han pasado tres años del episodio, el Plenario aún no lo trató. Semproni, que falleció en 2016, había sido sancionado por el Plenario por no votar la derogación de la llamada ley de caducidad en mayo de 2011, luego de que el tribunal dictaminara una sanción de seis meses sin participar en órganos políticos del Frente Amplio.

Otros casos sin resolución involucran a ediles de Rivera que votaron con el Partido Colorado, incumpliendo el mandato de su partido, y a un grupo de curules de Salto que, contrario a lo que determinó la Mesa Departamental del Frente Amplio, decidieron votar una partida por gastos de representación que ascendía a $13.000.

Algunos dirigentes oficialistas consideran que existe un “efecto Sendic”.Después de su incidente, se ha vuelto una reacción casi inmediata: si aparece un caso cuestionable, que lo ataje el Tribunal de Conducta Política. Con un agregado: ahora no solo se analizan situaciones internas del partido como desacatar una mandato de voto, sino que se incluyen casos en los que los actos también son analizados por el Poder Judicial.

El uso de las tarjetas corporativas por parte del senador Leonardo de León (711) cuando dirigía Alcoholes del Uruguay, era para integrantes del Frente Amplio un tema ine­ludible para el tribunal. “Son casos que lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto. (…) No podría encontrar un fundamento para actuar de una manera distinta de como se actuó con Sendic”, afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori, en noviembre, en entrevista con Radio El Espectador.

El organismo evitó tratar el asunto, que está en la órbita de la Justicia penal, hasta que la Junta de Transparencia y Ética Pública emitió un dictamen lapidario sobre la conducta del legislador. El miércoles 11, el tribunal anunció que actuará de oficio y luego De León transmitió a sus miembros que dará todas las respuestas que soliciten.

La semana pasada se sumó la amenaza de los comunistas de incluir en la lista los viáticos que gastó Almagro cuando era canciller. Por otra parte, hubo planteos de que los jerarcas de Ancap sobre los que pesa un pedido de procesamiento del fiscal Luis Pacheco sean evaluados ahora en la instancia partidaria.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, teme que detrás de los pedidos haya una intencionalidad política por encima de defender la ética. En diálogo con Radio Uruguay el lunes 23, el líder de la fuerza oficialista llamó a “tener en cuenta cuál es la finalidad del proceso”. Y agregó: “La finalidad no es linchar a una persona o imponerle un castigo de tal manera que no levante mucho más la cabeza. No es una función de venganza ni del ámbito penal ni de la ética. Sí tiene una función de ser una señal y correctivo frente a una conducta desajustada”.