El Tribunal de Cuentas pidió a Colonización una nueva tasación y una serie de documentos sobre compra de campo a exdirector

La determinación que supone la compra por parte del Estado del predio ubicado en la colonia César Mayo Gutiérrez generó cuestionamientos de sectores de la oposición y de operadores del mercado de tierras (Búsqueda Nº 1.979). El senador del Partido Nacional y empresario dedicado a la compraventa de campos Sebastián da Silva advirtió que la adquisición decidida por Colonización representa una “pésima inversión” porque el precio a pagar está “totalmente fuera de mercado”.

Atendiendo a las características del padrón rural que tiene un índice Coneat de productividad de 116, Da Silva planteó que ese campo hoy tiene un valor inferior a US$ 6.300 y calculó que debe andar “en el eje de los US$ 4.000” la hectárea. El índice Coneat promedio del país es de 100 y en ese predio hay 38% de suelo con un índice de 166, 41% con un Coneat de 61 y el resto tiene entre 96 y 131 de productividad, según los datos de la Dirección de Recursos Naturales.

El campo cuenta con suelos que en 40% son de aptitud agrícola, otro 40% de uso pastoril con “fertilidad media o algo baja” y 20% de “planicie inundable”.

Varios informes.

El TCR también pidió a Colonización que informe si los vendedores del campo presentaron documentación notarial e información registral en relación a la titularidad del padrón cuya adquisición se dispuso. Solicitó además un informe de los Servicios Jurídicos de ese ente estatal y el estudio de los títulos de propiedad correspondiente.

Si existe algún contrato suscrito entre los enajenantes y el INC fue otra de las consultas que realizó el Tribunal, que requirió un reporte sobre el estado de la sucesión de la familia que vende el campo.

Otro de los puntos que precisó mayor información por parte del TCR es el vinculado a la comunicación de la compra del campo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como dispone la norma legal vigente sobre Colonización, y si hubo un pronunciamiento favorable de dicha secretaría de Estado.

Mediante una nota fechada el 8 de junio y dirigida al ministro de Ganadería, Enzo Benech, el directorio de ese ente estatal comunicó al Poder Ejecutivo la decisión de adquirir el predio en referencia. Conforme a la normativa legal sobre el asunto, el MGAP tenía un plazo de 20 días para expedirse respecto al tema, que venció el 11 de julio. En el expediente del caso, al que accedió Búsqueda, no figura respuesta de la secretaría de Estado.

Trabajo serio.

El INC “tiene un equipo que tasa y si hay algo que sabemos hacer es comprar campos”, dijo la presidenta de Colonización, Jacqueline Gómez, el viernes 9 en el programa Tiempo de Cambio de Radio Rural. Cuestionó que sea considerado el precio promedio de la tierra en Río Negro como un elemento a tener en cuenta al valorar el campo. En 2017 el valor promedio de la hectárea en el mencionado departamento fue de US$ 3.338 y en 2016 se ubicó en US$ 4.047, según registros de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias.

Señaló que “los campos no se compran por el índice Coneat, ni por el valor promedio del departamento”.

“Para hacer un trabajo serio hay que ver el índice Coneat, visitar el campo, conocer la infraestructura, tasar las mejoras, hay procedimientos que se realizan”, argumentó.

Otro factor considerado al analizar el valor del campo es que se trata de una fracción que no se puede vender en el mercado de tierras, porque está afectada a la ley de Colonización y precisa una autorización del directorio.

Por tal motivo también se cuestiona el precio pactado para su compra, ya que el ente estatal no tiene competencia de otros interesados en la demanda del predio. Esa “particularidad afecta sensiblemente el valor de mercado de la tierra por tener por lo menos tres limitantes: para la venta del inmueble se debe tener aprobación de Colonización, no se puede vender a sociedades anónimas y el comprador en ningún caso puede ser extranjero”, comentó el senador blanco Da Silva.

Gómez criticó a Da Silva porque “opinó de oído” sobre el tema. El legislador realizó el 3 de agosto un pedido de informes al INC para conocer “los fundamentos técnicos, agronómicos y económicos que justifiquen” la adquisición y de todas las adquisiciones realizadas en el transcurso del corriente año. “Hace más de tres meses y hasta el momento no hubo respuesta”, se quejó el senador al ser consultado por Búsqueda y planteó que el ente estatal “está haciendo una maniobra para evitar responder”.

“Fue una decisión que no cuidó los intereses y el dinero de los contribuyentes”, enfatizó. Calculó que “está pagando algo más de un millón de dólares por encima de lo que vale” el campo.

Respecto a las acusaciones de Gómez en cuanto a la falta de seriedad al tratar el tema, Da Silva respondió: “Esta empresa hace 42 años que está tasando campos, cuando la presidenta de Colonización todavía ni gateaba”.