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He seguido con atención las noticias relativas al trámite que tuvo en el Tribunal de Cuentas el tema de la prórroga del contrato de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo y el acuerdo del gobierno con la empresa Katoen Natie. Me resultó alarmante que los informes de dos abogados del tribunal trascendieran a la prensa cuando la consideración de estos por la División Jurídica recién comenzaba. La irregularidad es grave y el móvil político, indiscutible. La presión indebida que ello implicaba tanto para los servicios técnicos como para el propio tribunal era tan evidente como lamentable. Y después me enteré con asombro de que un ministro del Tribunal de Cuentas primero grabó la deliberación del tribunal sobre el tema en el que su posición quedó en minoría y luego realizó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos acompañada de los antecedentes y de la propia grabación.
Y también leí la serie de cartas sobre el episodio publicadas en Búsqueda. En el número del 19 de mayo se agregan dos: una segunda carta del Gral. Cr. Guillermo Ramírez, expresidente del organismo y otra del Dr. Santiago Fonseca Muñoz, director de la División Jurídica. Y en el último número no figura respuesta alguna de los defensores de la barbaridad.
Desde luego que comparto en todos sus términos ambas misivas. En especial comparto la conclusión del primero, en cuanto a que se trata de “una situación sin precedentes que pone de manifiesto, por decir lo menos, un absoluto desconocimiento de la posición institucional que corresponde al tribunal dentro del ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho”. Y también comparto que cualquiera sea la respuesta que se den a las interrogantes que se plantean, “no podrán evitar el daño institucional ya cometido y el desprestigio de una institución que no lo merece”.
Todo lo que refiera al Tribunal de Cuentas me afecta mucho y me remueve recuerdos muy queridos. Durante más de 20 años fui funcionario, abogado asesor y director de Departamento en el tribunal. Y posteriormente, entre 1990 y 1996, ocupé el cargo de ministro y vicepresidente alterno del Tribunal de Cuentas. Nunca en todos esos años sucedió un episodio siquiera parecido.
El proceso de elaboración y redacción de las resoluciones del tribunal es complejo y extenso. Comienza por informes redactados por los asesores de primer nivel, que son evaluados y corregidos por la dirección del departamento y, luego, nuevamente estudiados y considerados por las jerarquías de la División Jurídica. Durante todos los años en los que serví en la institución muchas veces mis informes fueron corregidos por mis superiores. Recuerdo con cariño y admiración lo mucho que me enseñaron todos de ellos. A veces los abogados no nos poníamos de acuerdo y a menudo el tribunal nos solicitaba que volviéramos a considerar el asunto en Sala de Abogados. Desde luego que los dictámenes de sala no siempre salían por unanimidad. La discrepancia legítima está en la naturaleza misma del derecho y es inevitable.
Y demás está decir que puede suceder que el Tribunal de Cuentas no acepte los dictámenes de los servicios. Como ministro del Tribunal me tocó muchas veces discrepar con mis excompañeros y redactar en definitiva resoluciones que no coincidían con el proyecto elevado por la División Jurídica.
El que en este caso concreto ese delicado proceso haya estado salpicado de trascendidos de prensa y presiones indebidas me causa dolor y pena. Le creo al Dr. Santiago Fonseca cuando afirma que esos “trascendidos” no salieron de la División Jurídica. Y el final de todo este episodio, incluida la grabación de la sesión por uno de los miembros y una denuncia penal absolutamente injustificada, solo lo puedo calificar de bochornoso.
Mientras redactaba esta carta me quedé pensando en tres cosas. La primera fue la siguiente: si de denuncias penales se trata, quizás no sea una mala idea que alguien investigue cómo fue que en el año 2009 se dejó sin efecto una litación para operar en los muelles públicos y se siguió dando “permisos provisorios” a una empresa que había quedado descalificada en dicha licitación. Y también, cómo era posible que se le dieran tales permisos pagando un precio menor que el ofrecido por la empresa ganadora. Otra más: cómo era que una empresa con un permiso provisorio por 30 días firmaba contratos de servicios por varios años con sus clientes. Eso solo era posible, al decir del senador Gandini, si la empresa sabía que “tenía a la vaca atada”. Bueno, parece que es hora de que la Fiscalía investigue a la “vaca” (y a sus jerarcas de turno). A los que les interese el tema les recomiendo la lectura del artículo: www.correodelosviernes.com.uy/Que-pasa-en-el-puerto-de-Montevideo.asp
La segunda fue la siguiente: qué habría dicho mi hermano Gonzalo si estuviera vivo todavía. Sin duda habría censurado en los términos más duros y con su pluma inigualable al denunciante y también a los que pretendieron defenderlo en cartas publicadas por Búsqueda. Se trata de una conducta que camina por el pretil de las causas de destitución previstas en el art. 209 de la Constitución.
Y la otra inquietud que me surgió fue pensar cómo harán los actuales miembros del Tribunal de Cuentas para seguir adelante con su tarea y convivir en las sesiones del organismo con el ministro “denunciante”. Sin duda una tarea difícil y un trago amargo que superar cada día.
Y en ese momento recordé una de las innumerables anécdotas trouvillenses con las que Gonzalo solía adornar sus editoriales y cartas. El protagonista de la historia era el ingeniero Folle, alguien cuya inteligencia solo era superada por su bohemia y su humor cáustico. El ingeniero acostumbraba a caer por la sede de Trouville en horas de la noche para sumarse a una de las ruedas de tute cabrero, donde inevitablemente perdía sus dinerillos. No ganaba nunca, pero no protestaba. Se tomaba unos cuantos tragos, se reía de sí mismo y del mundo. Y entretenía a todos con una serie de cuentos y chascarrillos inigualables.
Un día el Ing. Folle se enteró de que los supuestos amigos con los que compartía las partidas de tute hacían trampas. No dejó de concurrir al club por ese motivo. No obstante, cada vez que llegaba se arrimaba al mostrador, acomodaba el codo y miraba a la concurrencia mientras los tahúres de cantina intentaban esconderse detrás de la mano de cartas que les había tocado. Después saludaba en alta y viva voz: “Buenas noches”. Y luego de una pausa larga agregaba: “¡La Canalla dese por no saludada!”
Sí, sin duda, eso es lo que haría yo si todavía fuera ministro del Tribunal de Cuentas.
