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    miércoles 05 de junio de 2024

    El acto reparatorio del Estado por los asesinatos de las “muchachas de abril” revive un tema incómodo para Lacalle Pou

    Socios de la coalición entienden que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está “viciado de irrealidad” y que el presidente no debe concurrir al homenaje

    En octubre de 2013, cuando Luis Lacalle Pou era un diputado que empezaba a transitar el primero de sus dos caminos rumbo a la presidencia de la República, atravesó uno de esos episodios incómodos y de quiebre ante la opinión pública. En ese entonces todavía era un precandidato que tenía que sortear el espinoso trillo de las elecciones internas del Partido Nacional. Ahí fue que dijo, a la salida de un acto de su sector partidario, que si fuera presidente, “suspendería” las excavaciones para encontrar restos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. “Hay que cerrar un capítulo”, argumentó ante los micrófonos en rueda de prensa. Dos semanas antes de estas expresiones, Lacalle Pou ya se había deslizado sobre ese peligroso tobogán del pasado reciente en una entrevista en TV Ciudad. “Si de mí dependiera una decisión dentro de lo cual no violente la ley… no seguiría con eso” de las excavaciones, dijo entonces. “¡Si de mí dependiera, no! Si de mí dependiera, no”, declaró, aunque subrayó que su objetivo era “tratar de lograr la paz social”. Y que, además, en ese sentido, haría “lo que la ley lo obligue”.

    Casi 10 años después, ya como presidente, reflexionó en un evento en el Latin Annual Meeting en el Enjoy de Punta del Este, que esas declaraciones habían sido su “mayor error humano” en política. Lo asumió así, en público, en marzo de 2022. “Dije lo que yo pienso, que hay que dar vuelta la página, lo sigo sosteniendo”, afirmó. Pero matizó: “No soy quién para ponerme en los zapatos de aquella persona que está buscando a su hijo, su nieto, su sobrino y decirle que el presidente de la República o que el Estado no lo va a buscar más, porque ese es un tema del corazón y ahí cometí un error humano que hasta el día de hoy me pesa, después pedí disculpas pero el error ya estaba cometido”. Lacalle Pou dijo a su entorno en ese momento que había quedado “angustiado” por no haber transmitido con las palabras justas y precisas su pensamiento acerca de este asunto. Y desde entonces se mostró más empático con la causa de los familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura. En junio de 2020, mantuvo una reunión en Torre Ejecutiva con integrantes de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Allí Lacalle Pou les afirmó su compromiso de “buscar la verdad” sobre los desaparecidos. Y luego declaró que el gobierno “ha hecho todo lo posible para esclarecer los hechos cuando se tiene documentación o datos que puedan ser verídicos”.

    Ahora, promediando su mandato, el pasado reciente vuelve a instalarse como un incordio. Y tiene como aliados en su defensa a integrantes de Cabildo Abierto, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos. Y también al diputado colorado Gustavo Zubía.

    En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” reparatorio sobre el caso conocido como las “muchachas de abril”, donde fueron asesinadas Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio en 1974 durante la dictadura militar.

    En ese homenaje, de acuerdo a la sentencia, deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas.

    Búsqueda publicó en su edición del jueves 27 de abril que el Poder Ejecutivo tenía previsto realizar este reconocimiento el jueves 11 de mayo en un acto en el Palacio Legislativo encabezado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Sin embargo, al trascender públicamente estos detalles, los familiares expresaron su rechazo. Representados por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), hicieron saber su malestar por la ausencia del presidente Lacalle Pou en el acto de reparación. “Lamentablemente y atento a que ya dan como un hecho que no concurrirá el presidente de la República es evidente que no hay acuerdo en la realización del acto en las condiciones ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, escribieron los integrantes de Ielsur el jueves 27 en un correo electrónico enviado al Parlamento. Ielsur también elevó una carta al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri. Allí insistieron en la presencia de Lacalle Pou. “De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional la autoridad máxima del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Solo en el caso que el presidente no se encuentre en el territorio nacional, es la Sra. vicepresidenta quien asume la presidencia en ese lapso. Esto significa por otra parte que estando el presidente en el territorio nacional, sería él y no otro quien reviste la calidad de funcionario de más alto rango”, expresa la misiva. Para Ielsur, es “pertinente” que el mandatario “se dirija a toda la sociedad indicando la necesidad de que todas aquellas personas que tengan información vinculada a la labor que en este sentido la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene a su cargo, la aporte a través de las vías pertinentes”. Asimismo, señalaron que en su calidad constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es “necesario y oportuno” que el presidente “se dirija a sus subalternos ordenando que aporten a las autoridades correspondientes y a través de las vías pertinentes, cualquier información relativa al paradero de las personas detenidas desaparecidas. En definitiva, nos amparan motivos de orden simbólico y de orden formal para insistir en la presencia del presidente de la República en el acto de referencia”.

    En pausa y “no por capricho”

    Fuentes del Parlamento, de la Torre Ejecutiva y de Cancillería dijeron a Búsqueda que “el silencio es total” en torno a este tema. El acto previsto para el jueves 11 está suspendido. Y los familiares no ven otra alternativa para que ocurra que la confirmación de asistencia del mandatario. Martín Fernández, abogado de Ielsur, dijo a Búsqueda que para los familiares “es muy importante” el acto y por eso “pidieron que se revisara la situación”. “No descartamos que la Cancillería y Presidencia revisen la situación y ahí vamos a volver a dialogar. Si nos confirman que definitivamente el presidente no va a encabezar el acto, volveremos a conversar con los familiares a ver qué decisión se toma”.

    Fernández enfatizó que el reclamo a Lacalle Pou “no es una cuestión de capricho”. “Es el presidente que está en mejor posición institucional y alineado con lo que dice la Corte para mandar un mensaje claro a las Fuerzas Armadas sobre la necesidad de brindar información y comprometerse con esto. No tiene nada que ver con el gobierno, es un tema institucional. Es el jefe máximo de las fuerzas el que tiene que decirles que colaboren. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad que la sentencia despliegue los efectos necesarios para ubicar a las personas desaparecidas”, insistió el representante de los familiares.

    Un fallo “viciado de irrealidad”

    El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech fue uno de los primeros en cuestionar el homenaje. “Ahora se quiere tergiversar la historia con el apoyo de organizaciones internacionales. Desde el exterior se busca imponer los homenajes y condenas que no se ajustan a la verdad histórica porque estas no eran unas niñas, eran personas que estaban comprometidas con un movimiento guerrillero, estaban armadas, resistieron las intervenciones de las fuerzas militares e incluso hirieron de muerte a uno de los efectivos militares”, dijo el senador el jueves pasado en respuesta a la noticia publicada por Búsqueda.

    Y a Domenech se le sumó el diputado Zubía, que en diálogo con Búsqueda consideró que tanto el fallo de la CIDH como el expediente sobre el caso de las “muchachas de abril” están “viciados de irrealidad”. Además, sostuvo que la corte internacional no “tiene potestad” para “obligar” al presidente a concurrir al acto reparatorio. Según Zubía, la acusación fiscal de este caso tiene “un gran problema de sustentabilidad”, ya que “no se pudo establecer ni por una Junta Médica” si se trató de un “fusilamiento” o si “hubo resistencia armada” de las víctimas en ese operativo militar ocurrido en la madrugada del 21 de abril en una casa en el barrio Brazo Oriental. “El propio fiscal tiene dudas sobre eso”, señaló Zubía. “Y eso justifica la no presencia del presidente en ese acto”.

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    2023-05-04T00:58:00