El aumento de presos vuelve a producir “hacinamiento crítico” en las cárceles, que tienen la densidad más alta desde 2013
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Jorge Larrañaga apela a un razonamiento tan simple como concluyente cuando se le cuestiona que durante su gestión los delitos bajaron como consecuencia de un mayor encierro de la población debido a la pandemia. “Los delincuentes no hicieron cuarentena”, ironiza, y argumenta que desde marzo del año pasado la cantidad de presos no ha dejado de crecer y por ende la actividad delictiva no se detuvo.
Más allá de las interpretaciones, los números avalan las afirmaciones del ministro sobre el aumento de la población carcelaria. A la fecha del miércoles 17, la cantidad de personas privadas de libertad en Uruguay era de 13.402, un aumento de alrededor de 1.500 personas con respecto al momento en que Larrañaga asumió al frente del Ministerio del Interior. La cifra oficial, a la que accedió Búsqueda, es un nuevo récord histórico, en una tendencia que viene en crecimiento desde hace más de una década. Determina que en el sistema carcelario uruguayo haya algo más de 130 presos por cada 100 plazas disponibles, una densidad del 130,9%. Se trata del porcentaje más elevado desde enero de 2013.
La situación es paradojal para el ministerio: por un lado, la observa con benéplacito porque demuestra la eficiencia del trabajo policial, pero a la vez con preocupación por la urgencia para dar solución a la superpoblación penitenciaria. “Estamos empecinados en ambas cosas: que quienes cometan delitos vayan presos y luego en rehabilitarlos”, afirmó a Búsqueda Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
González señaló que el gobierno recibió un sistema carcelario “ya con hacinamiento” en el cual mucha gente dormía en el piso, y desde entonces debió trabajar en reformas de infraestructura para “garantizar los más mínimos derechos” para los internos, como tener una cama. “Hemos hecho y estamos haciendo refacciones en el Comcar y en la cárcel de Canelones. En la cárcel público-privada de Punta Rieles se recuperaron espacios que estaban destrozados. Se van a ampliar las cárceles de Rocha, Cerro Largo y Salto. Son cuchetas, camas marineras, pintura y electricidad nueva, muchísimas obras y ampliaciones que, si se ven separadas, parecen poco, pero que en su conjunto son muy significativas para mejorar todo el sistema”, afirmó.
Meses después de asumir, las autoridades del ministerio ya tenían claro el panorama al que se enfrentaban. En junio una delegación encabezada por Larrañaga expuso ante el Parlamento 12 puntos que conforman el plan de “dignidad carcelaria” elaborado por el ministerio. “La situación carcelaria es grave, tenemos un sistema penitenciario que presenta colapsos desde el punto de vista edilicio, pero también hay una población carcelaria excesiva”, afirmó allí Larrañaga.
El plan proyecta un sistema con locaciones chicas o medianas, de una sola planta, con una capacidad máxima de 350 personas; prevé cerrar las cuatro cárceles que están en jefaturas departamentales —Artigas, Flores, Tacuarembó y Treinta y Tres— y construir un centro de máxima seguridad en el predio donde se ubica el Penal de Libertad para alojar a los presos más peligrosos, para lo cual especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se asesoraron con visitas a prisiones de Brasil.
“Necesitamos construir más cárceles, porque lo que pasa en las cárceles después pasa en la sociedad”, dijo Larrañaga en febrero entrevistado por Radio Uruguay. González indicó que para el fin del período se construirán desde cero otras dos cárceles además de la de máxima seguridad.
“Hacinamiento crítico”
Los 13.402 internos generan inquietud al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. “El hacinamiento crítico es una señal de que el sistema en su conjunto debe ser repensado y revisado. Viene de la mano de falta de tratamiento y condiciones antisociales de convivencia. Se pueden hacer muchas cosas buenas y focalizadas, pero el hacinamiento crítico generalizado condena a que el sistema en conjunto no funcione como un dispositivo de rehabilitación sino como un archipiélago muy heterogéneo con algunas islas muy alentadoras, pero con una gran masa de personas que por otro lado se pierde y reincidirá. No veo posible que exista un sistema rehabilitador si tiene hacinamiento crítico”, reflexionó consultado por Búsqueda.
Una de las maneras de evaluar la situación penitenciaria de los países es medir la densidad de su población, que toma la unidad 100 como la cantidad de plazas disponibles. El concepto de plaza refiere a la existencia de un cupo individual adecuado que incluye el acceso a agua y baño, luz, aireación, objetos propios y espacio para circular, trabajar y estudiar. Cuando se supera el índice 100, a partir de 120, existe superpoblación o hacinamiento crítico, lo que implica muy malas condiciones de vida y obstáculos de envergadura para cualquier programa de rehabilitación.
En su último informe anual elevado al Parlamento, con datos cerrados de 2019, Petit sostuvo que durante 2018, tras mucho tiempo, se logró que la población carcelaria estuviera por debajo de su capacidad de alojamiento. “Sin embargo, a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento. Esto significa que si la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema medular del sistema penitenciario”, vaticinaba. Ese informe tiene 97,5% como último porcentaje de densidad, correspondiente a diciembre de 2019.
Petit considera que esta sobrepoblación, a escala mundial, tiene dos salidas. Una es aumentar la capacidad locativa con la construcción de nuevas cárceles. “Se pierden cataratas de millones de dólares y generan una nueva masa de delitos, porque un sistema gigante inevitablemente va a tener pocos recursos técnicos y no va a rehabilitar sino contener por un tiempo”, apuntó. La otra alternativa, defendida por Petit en un documento presentado en diciembre a la Asamblea General —titulado Cárcel, dignidad y derechos humanos— y puesto a discusión del ministerio, es rediseñar el sistema para que “aplique medidas firmes de contención, con seguridad y tratamiento rehabilitador, pero también complementario con otras medidas de rendición de cuentas penales y sociales, como son los sistemas de medidas alternativas, diferentes a los actuales, que son débiles y tienen poca credibilidad”.
“Crear esto requiere el concurso de jueces, defensores y fiscales en torno a programas técnicos fuertes, que van a ser mucho más baratos y eficientes que gastar y gastar en más cárceles”, concluyó.
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karen@magnolio.uy
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