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A las afueras de la ciudad de Vitória, en la costa este de Brasil, se encuentran las penitenciarías de seguridad máxima del estado de Espirito Santo, conocidas como PSMA I y PSMA II. Destinadas a albergar a los presos más peligrosos del estado, ambas se rigen por un estricto cronograma de rutinas que ha dado resultados contra los motines, las comunicaciones con el exterior y el enfrentamiento entre bandas, aunque también han tenido sus problemas: el PSMA I fue denunciado por insalubridad y fallas estructurales, y hace unas semanas una persona se fugó del PSMA II.
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El lugar fue visitado por Gustavo de los Santos, subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la dirección del Ministerio del Interior encargada de gestionar el sistema penitenciario. El objetivo fue obtener una referencia directa sobre la cual empezar a trabajar la primera cárcel de máxima seguridad en Uruguay. De los Santos también estuvo en Porto Alegre para conocer una empresa especializada en construcción modular. Una vez que la pandemia de Covid-19 permita retomar las salidas al exterior con más facilidad, se harán visitas a otras prisiones de la región para acumular más información.
“Se está evaluando qué hay, los métodos constructivos, para en definitiva estar actualizados”, respondieron desde el INR ante la consulta de Búsqueda. “Esto es como cuando vas a comprar un auto: vas a diferentes automotoras, ves diferentes marcas, hasta que te decidís teniendo en cuenta precio/calidad”.
Brasil tiene unidades de máxima seguridad gestionadas por los gobiernos estatales —como las de Espirito Santo— y cinco unidades federales a cargo del gobierno nacional, que son aún más rigurosas: Brasilia (Distrito Federal), Campo Grande (Mato Grosso del Sur), Catanduvas (Paraná), Mossoró (Río Grande del Norte) y Porto Velho (Rondonia). A 50 kilómetros de Porto Alegre está programada para 2021 la construcción de una sexta. Algunos de estos establecimientos ya han sido visitados por representantes del gobierno de Paraguay, que también creará su primera cárcel de máxima seguridad.
En Uruguay el Ministerio del Interior tiene decidido que la nueva prisión se construirá de forma independiente en el predio de 330 hectáreas donde se ubica actualmente el Penal de Libertad, la unidad de rehabilitación N°3 del sistema penitenciario. Incluso desde comienzos de año la cartera ha ubicado en Libertad a los presos más importantes del sistema, en su mayoría condenados por delitos de narcotráfico. Aún sin tener un establecimiento de máxima seguridad para recluirlos, el objetivo es aislar su contacto exterior e interior para mermar su influencia en operaciones criminales y en la interacción con otros presos, como sucede con narcos extranjeros que enseñan prácticas criminales a delincuentes locales.
En junio fueron trasladados de la cárcel de Florida al Penal de Libertad tres colombianos detenidos el año pasado con un cargamento de más de 400 kilos de cocaína. También se trasladó a Libertad a Juan Vigorito, uno de los principales distribuidores a las bocas de venta de Montevideo y Canelones, quien fue apresado a fines del año pasado y se encontraba en Santiago Vázquez con un régimen que le permitía hacer tareas de extramuros.
El martes 17, en la Comisión de Presupuesto del Senado, el ministro Jorge Larrañaga explicó que en Libertad hay espacio suficiente para construir la nueva prisión y crear un ahorro económico y logístico al aprovechar diversos servicios que ya funcionan, como transporte y alimentación. Según informó allí Larrañaga y recogió El Observador al día siguiente, el costo de la cárcel rondará los US$ 20 millones y parte se conseguirá con la venta de inmuebles que el ministerio va a realizar en este período.
De todas formas Larrañaga confía en que el proyecto consiga la mayoría de los fondos a través de la gestión directa de Luis Lacalle Pou, ya que para el presidente es prioridad en su política de seguridad pública que el país tenga una cárcel de máxima seguridad. El mandatario se comprometió con Larrañaga a que durante su gobierno se transforme en realidad. “Lo que puedo decir es que tengo la palabra del presidente de la República, y a mí me sirve, en el sentido de que los recursos económicos para la construcción van a otorgarse. Eso es determinante a la hora de planificar este tema, más allá de que obviamente pueda no ser una salida jurídicamente impoluta, porque en materia presupuestal no hay soluciones prístinas, transparentes; no existen”, señaló Larrañaga en el Parlamento.
Banco Interamericano de Desarrollo
La construcción de la cárcel de máxima seguridad está incluida en la ley de Presupuesto y es uno de los puntos claves del Plan de Dignidad Carcelaria lanzado en junio por el Ministerio del Interior. El documento se concentra en mejorar elementos edilicios, de seguridad, sanitarios, educativos y laborales del sistema penitenciario. Respecto a la infraestructura, el plan busca reparar todas las plazas vandalizadas y relocalizar las cárceles que aún están en jefaturas policiales en Artigas, Flores, Tacuarembó y Treinta y Tres.
“Proyectamos un sistema carcelario con locaciones más chicas o medianas, de una sola planta, con una capacidad máxima de 350 personas. Los presos más peligrosos del sistema serán alojados en un centro de máxima seguridad, lo cual nos parece fundamental para poder tener una respuesta de autoridad y rehabilitación como eje central, dos partes componentes vitales de nuestra política”, explicó entonces Larrañaga en conferencia de prensa.
Como la prisión de máxima seguridad es el principal desafío del Plan de Dignidad Carcelaria en materia edilicia, ante la falta de experiencia local el ministerio va a solicitar el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apoya y desarrolla estudios y programas de seguridad pública para gobiernos regionales y nacionales en Latinoamérica, muchos de ellos centrados en la rehabilitación y la reinserción penitenciaria.
En Uruguay desde 2017 el Ministerio del Interior ejecuta un préstamo de US$ 5 millones del BID para llevar adelante el Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana, que se emplea en barrios y poblaciones de Montevideo con alta incidencia de delito. Uno de los componentes del programa es el desarrollo de un modelo policial orientado a la solución de problemas mediante la capacitación de funcionarios en acciones comunitarias e investigación y análisis criminal, con los mejores calificados con acceso a técnicas de formación en el exterior. También incluye el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el cuerpo docente de la Escuela Nacional de Policía y el equipamiento tecnológico de unidades de análisis criminal en comisarías.
