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¿Qué funciona y qué no en el combate al crimen organizado?
En buena parte de América Latina, la prisión se transformó en centro de operaciones; masificar el encarcelamiento sin control no desarticula bandas: las concentra y les permite reclutar y coordinarse
Este martes 28 un operativo policial contra traficantes de droga en Río de Janeiro resultó en más de 130 personas muertas, en uno de los registros más sangrientos desde que existe la lucha contra el crimen organizado en ese país. El objetivo de la intervención fue detener la expansión territorial de Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro. En México, el cartel de Sinaloa se encuentra en una guerra interna entre las dos facciones líderes de la organización. A esto se suma una mayor represión del gobierno mexicano al cartel luego de las presiones impuestas por Donald Trump. El saldo: casi 2000 muertos en Sinaloa y el doble de desaparecidos en el último año. En Ecuador, en el primer semestre de 2025 se registraron 4619 homicidios intencionales, un 47% más que en el mismo periodo de 2024. El aumento de la violencia sería resultado de la fragmentación de grupos criminales que se disputan el control de rutas de tráfico de droga proveniente de Bolivia, Colombia y Perú y dirigidas a Norteamérica y Europa.
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América Latina abarca el 8% de la población mundial. Sin embargo, concentra el 30% de los homicidios del globo, lo que en buena parte se asocia al crimen organizado. ¿Qué hacer para reducir el crimen organizado y la violencia en la región?
Recientemente Santiago Tobón de la Universidad de EAFIT y María Micaela Sviatschi de la Universidad de Princeton hicieron una revisión, bajo la iniciativa de VoxDevLit, de las políticas que funcionan y no funcionan en el combate al crimen organizado. Los académicos señalan que la receta clásica de combate al narcotráfico ha sido la represión directa: patrullajes militarizados, redadas masivas y el desmembramiento de bandas, que apunta a eliminar a los líderes. La evidencia muestra que estas medidas suelen ser contraproducentes porque desestabilizan equilibrios frágiles. Al fragmentar grupos y alimentar disputas territoriales, pueden erosionar la confianza y terminar empoderando a las bandas. México es el ejemplo más contundente. Tras la ofensiva federal iniciada en 2006, múltiples estudios han demostrado que capturar o matar capos no destruyó a los carteles, sino quelos fragmentó y generó disputas sangrientas por el control territorial. En lugar de restarles poder, se multiplicaron los actores violentos. Algo similar se vio en ciudades como Cali en Colombia o Río de Janeiro en Brasil. La militarización de barrios complejos no redujo el delito y sí elevó el riesgo de abusos y la desconfianza ciudadana. En lugares donde la policía es percibida como parte del problema, un Estado más armado no necesariamente es un Estado más legítimo. Y cuando la población deja de colaborar, los criminales llenan ese vacío con gobernanza criminal: reglas, mediación de conflictos, protección y empleos, a cambio de obediencia.
El caso reciente de El Salvador es mirado con atención en la región. El gobierno logró romper el control territorial de las pandillas a través de un despliegue masivo y miles de detenciones. Tras la intervención, cayeron drásticamente las restricciones a la movilidad y el reclutamiento juvenil. Pero no está claro cuánto de la experiencia de El Salvador se puede extrapolar a otras regiones en las que los grupos criminales tienen mayor legitimidad social o negocios más lucrativos; y también hay dudas sobre la reinserción de las decenas de miles de jóvenes encarcelados en el largo plazo, en la ausencia de garantías claras de debido proceso y de mecanismos efectivos de rehabilitación.
Lo que parece funcionar mejor, de acuerdo a la evidencia presentada por estos autores, son las políticas de vigilancia policial selectivas (guiadas por procesos de inteligencia) y de disuasión focalizada. Estas políticas se concentran en un número reducido de personas (o grupos) que lideran el crimen violento, a las que se le comunica que mayor violencia va a traer castigos ciertos y rápidos, pero al mismo tiempo se les ofrece una salida posible a través de empleo, mediación o acompañamiento. Estos modelos, aplicados en algunas ciudades de Estados Unidos, han reducido homicidios con menos costos colaterales. Pero requieren de confianza entre comunidades y autoridades, algo más escaso en América Latina. En algunos países de la región se ha intentado pilotear programas policiales comunitarios, basados en volver a construir legitimidad haciendo a la policía más confiable y más responsiva a las necesidades de la comunidad. Una policía abusiva o corrupta puede orientar a la comunidad a buscar protección en las bandas criminales. Por eso, cualquier política debe fortalecer y profesionalizar a las fuerzas policiales.
Otra dimensión crítica que mencionan es la institucional. El crimen florece en donde las instituciones son débiles y poco confiables. Italia ilustra una vía interesante: cuando un municipio es capturado por la mafia, el gobierno central puede disolverlo e intervenir su administración. Estudios recientes muestran que, al limpiar las instituciones, cae la violencia y aumenta la actividad económica legal, especialmente en sectores antes controlados por las mafias. El problema es mantener la vigilancia institucional en el tiempo. En América Latina algunos esfuerzos por remover oficiales corruptos tuvieron impactos ambiguos: en lugares donde los salarios eran bajos o había protección política para los criminales, nuevos actores corruptos sustituyeron a los anteriores.
Por último, se mencionan dos frentes que probablemente sean los que más estén aportando al crimen organizado en Uruguay. El primero son las cárceles. En buena parte de América Latina, la prisión se transformó en centro de operaciones. Masificar el encarcelamiento sin control no desarticula bandas: las concentra y les permite reclutar y coordinarse. Políticas más racionales incluyen segmentar a líderes peligrosos, evitar el hacinamiento y brindar programas de rehabilitación para evitar la reincidencia. Algunos estudios encuentran que la combinación de terapia cognitiva conductual en la prisión con apoyo económico de corto plazo a la salida contribuye a reducir notoriamente el comportamiento criminal.
El segundo frente requiere considerar las oportunidades relativas que tienen los jóvenes en el mercado legal versus el ilegal y generar estrategias de prevención. Para reducir el número de jóvenes que ven en el crimen su única oportunidad, es necesario mejorar la educación, el empleo juvenil y los ingresos. Programas de transferencias condicionadas como Bolsa Familia en Brasil u Oportunidades en México han mostrado efectos positivos en la reducción de la violencia juvenil. En El Salvador, una intervención mínima (dos policías cuidando la entrada y salida de la escuela) consiguió reducir el reclutamiento de las pandillas sin provocar reacciones violentas. A eso se suman programas de desarrollo juvenil, mentorías y apoyo emocional que han demostrado mejorar el autocontrol, la capacidad de proyectar el futuro y la resolución pacífica de conflictos. En Medellín, Chicago y otras ciudades, iniciativas que ofrecen estatus y sentido de pertenencia por fuera de las bandas han reducido la participación en delitos graves. La evidencia disponible sugiere que estas políticas no son una panacea, pero sí un cimiento imprescindible: cuando se combinan con un Estado que protege y que se hace presente, pueden cortar las vías que alimentan el crimen organizado y abrir caminos más seguros para las próximas generaciones.
Fuente: Tobón, Santiago y Sviatschi, María Micaela. Setiembre 2025. VoxDevLit: Organised Crime.
