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La entrega de un pasaporte uruguayo a un poderoso narcotraficante activó una polémica política, impulsó al gobierno a adoptar una serie de iniciativas para intentar controlar la operativa en Uruguay de organizaciones delictivas internacionales, y llevó al Frente Amplio a insistir con la regulación del financiamiento de los partidos.
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Los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) fueron interpelados el lunes 22 por la bancada de senadores del Frente Amplio por su rol en la expedición de un pasaporte a Sebastián Marset Cabrera, quien obtuvo el documento mientras estaba encarcelado en Emiratos Árabes Unidos y era investigado por la Dirección de Drogas de Uruguay y agencias de Paraguay, Estados Unidos y Europa.
Los jerarcas anunciaron que en los próximos días el Poder Ejecutivo revisará un decreto de 2014 que permite denegar el pasaporte únicamente de existir causas judiciales abiertas a nivel nacional. La modificación requerirá a los solicitantes no estar privados de libertad ni tener causas también en el extranjero.
Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que, más allá de esta modificación, el gobierno también prevé “afinar” los mecanismos de coordinación entre organismos encargados de temas de seguridad para mejorar “su relación” y la comunicación en asuntos de Estado.
Otra consecuencia concreta del caso Marset fue la destitución del subdirector de Identificación Civil, tras una investigación que confirmó gestiones para “apurar” el trámite del pasaporte del narco.
Durante su alocución en el Senado, Heber señaló que Uruguay debe impedir que el crimen organizado “penetre en el poder público”, posición que coincidió con la del senador interpelante Mario Bergara. “El caso Marset Cabrera plantea una grave amenaza a la institucionalidad estatal, especialmente en la región a la que pertencemos, donde fenómenos que durante mucho tiempo fueron ajenos a Uruguay en la actualidad son ineludibles”, dijo el legislador frenteamplista.
Bajo esta sintonía, en la Cámara de Diputados el Frente Amplio ya les manifestó a representantes de la coalición que buscará acelerar el trámite del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. La oposición aspira a que el texto tenga al menos media sanción antes de fin de año y pueda ser aprobado definitivamente a comienzos de 2023. “Tenemos la aspiración de poder llegar a acuerdos, pero de no encontrarlos vamos a exigir que se vote”, dijo el diputado frenteamplista Carlos Varela. Ese legislador cree que tras la interpelación a Heber y Bustillo, la aprobación del proyecto supone un mensaje “fundamental” para la opinión pública.
Más allá del caso del uruguayo Marset y su pasaporte, el narcotráfico y la violencia en torno a ese delito parecen problemas cada vez más difíciles de detener para las autoridades.
En cuanto a iniciativas estrictamente operativas, el Ministerio del Interior abrirá dentro de un mes una licitación internacional para renovar el control migratorio de los 43 puntos fronterizos de Uruguay, incluyendo 186 puestos con biometría con cámaras para identificación facial y escáneres de huellas y corporales para la detección de sustancias ilícitas.
