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La iniciativa fracasó dos veces en la pasada administración y fue tomada con pinzas por el actual Ministerio del Interior (MI). Es costosa, ambiciosa e involucra a una empresa local que parte con beneficios y es cuestionada por sus competidores. Pero es necesaria por la porosidad de varios puntos de frontera del país: obsoletos, faltos de personal y tecnología, hoy son cruces sencillos para actividades ilícitas y personas requeridas.
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El próximo 27 de setiembre el Ministerio del Interior abrirá una licitación pública internacional para una solución llave en mano que instale y mantenga un nuevo sistema de control fronterizo.
El sistema tendrá por finalidad “el registro de todas las personas que ingresen o egresen del Uruguay, ya sea por vía terrestre, marítima, fluvial o aérea”, dice el texto del llamado, al que accedió Búsqueda. “Deberá recopilar, analizar y proveer información inteligente acerca de la identidad y movimientos de los pasajeros para facilitar la toma de decisiones ejecutivas en la prevención y detección de ilícitos”, añade.
La intención no es nueva. En 2018, bajo la gestión de Eduardo Bonomi, el ministerio había presentado un llamado a concesión de obras y servicios para crear un sistema de control fronterizo “para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay por vía aérea, fluvial o terrestre, así como para el análisis de sus perfiles de riesgo”. El pliego de ese llamado indicaba que el proceso se iniciaba a partir de la iniciativa privada presentada por Dafiway S.A., lo que le daba a esta empresa uruguaya ventajas sobre posibles competidores en la licitación. La estadounidense Securiport, una de las participantes, denunció que no correspondía otorgarle a Dafiway los beneficios de la ley que regula la iniciativa privada porque el nuevo sistema migratorio no era una idea original de esa empresa.
Finalmente, una comisión asesora del ministerio determinó que la oferta económica ganadora, que correspondía a la alemana Veridos, violaba varios aspectos del pliego, por lo cual el llamado fue declarado desierto.
En diciembre de 2019, durante el período de transición entre el Frente Amplio y el gobierno multicolor, el ministerio abrió otro proceso licitatorio con un pliego bastante similar al anterior donde otra vez se establecía que Dafiway iba a recibir ventajas, pues fue la encargada de promover la iniciativa privada. Securiport y Veridos presentaron recursos contra el pliego, nuevamente con objeciones enfocadas en Dafiway.
La licitación fue clausurada en 2020 por orden del entonces ministro Jorge Larrañaga. Un año después, ya con Luis Alberto Heber al frente del MI, la secretaría de Estado convocó a una audiencia pública para recolectar información sobre modificaciones al sistema migratorio. Aunque el ministerio aclaró que el objetivo era analizar información provista por empresas interesadas y no comprometerse a contratar ningún producto o servicio, ante las consultas de algunas compañías advirtió que en caso de iniciarse en el futuro una licitación Dafiway iba a tener un derecho de preferencia en virtud de que presentó inicialmente la iniciativa privada.
Efectivamente, la actual licitación establece que, en caso de presentarse como oferente, Dafiway tendrá derecho a un beneficio del incremento en la evaluación de su oferta del 5% del puntaje final y no deberá abonar el importe de los pliegos de condiciones. Además, si la oferta de Dafiway no resulta ganadora, la empresa podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta en un plazo que no excederá los 10 días hábiles desde que se convoque el procedimiento.
Sistema de migración
Arquitectura
El nuevo proceso del Ministerio del Interior prevé la puesta en funcionamiento del sistema en 12 meses a partir de la firma del contrato. El adjudicatario recibirá como contraprestación el “precio por servicio de seguridad” que haya cotizado en su oferta, previa aprobación del Poder Ejecutivo, más el impuesto al valor agregado (IVA). Este “precio por servicio de seguridad” se aplicará a cada pasajero que salga por vía marítima o fluvial de Uruguay; será abonado por los pasajeros a los agentes navieros, que deberán incluir en sus pasajes el precio y luego retener y otorgar al adjudicatario el monto recaudado.
El mecanismo tiene similitudes con el nuevo sistema de identificación de personas que el MI implantará en todas las oficinas de Identificación Civil para la emisión de pasaportes y cédulas de identidad. La plataforma tecnológica fue adjudicada a la empresa chilena Sonda por alrededor de US$ 4,2 millones, pago que se hará a través de las tasas de expedición de pasaportes, incrementadas en setiembre del año pasado específicamente para este fin.
La nueva solución llave en mano de control fronterizo deberá proveer una arquitectura que permita a escala nacional el registro de movimientos migratorios en todos los tipos de pasos de frontera (terrestre, aéreo y fluvial), funciones de identificación “fehaciente” de las personas y su documentación de viaje, control de período de permanencia, visas electrónicas, permisos de menor, permisos sanitarios y otros requisitos que se establezcan por normativa. A su vez, deberá contar con 50 puestos de control móviles cuyo despliegue sea a demanda. La Dirección Nacional de Migración tiene hoy 43 puntos de control fronterizo de los cuales 18 son fijos y el resto a requerimiento.
Entre el equipamiento exigido por el ministerio se encuentran muchas de las herramientas que ya funcionan en el Aeropuerto Internacional de Carrasco: 4 ABC eGates (las pasarelas automáticas para migraciones), 186 puestos con biometría con cámaras para identificación facial y escáner de identificación de huellas y ocho escáneres corporales para la detección de sustancias ilícitas en modalidad de ingesta.
El objetivo es que, al momento del registro del movimiento migratorio, el nuevo sistema posibilite en tiempo real la búsqueda automática contra listas negras de ciudadanos uruguayos y extranjeros requeridos, impedidos y vigilados por Interpol y que también establezca umbrales o patrones para el análisis y la detección del nivel de riesgo de los pasajeros.
