El caso Marset y una interpelación sin consecuencias para dos ministros del círculo de confianza del presidente Lacalle Pou

Heber y Bustillo argumentaron que nunca supieron que Marset Cabrera solicitó el pasaporte desde prisión en octubre de 2021, ni tampoco que para esa fecha era desde hacía meses el foco de una investigación internacional que incluía a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional de Uruguay. Durante su comparecencia, Heber defendió además el papel del Poder Ejecutivo al insistir en que el documento fue emitido de manera legal porque el decreto que lo regula (129 de 2014) solo impide otorgar un pasaporte a quien tiene causas abiertas en el país.

En el medio del proceso, en dos ocasiones el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, hizo averiguaciones directas con la vicecanciller Carolina Ache respecto a Marset Cabrera. Ambas fueron a pedido de la Dirección de Drogas, que ya investigaba al involucrado junto con agencias de Paraguay, Europa y Estados Unidos, pero mantuvo siempre la confidencialidad de las actuaciones a Maciel y al resto de las autoridades de Interior. Las consultas fueron hechas el 21 de setiembre y el 3 de noviembre para saber únicamente si Marset Cabrera estaba y continuaba detenido en Emiratos Árabes Unidos.

Bergara apuntó a los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores por no percatarse de que el decreto de 2014 les permite en su artículo 48 resolver situaciones “no previstas” relacionadas con la expedición de pasaportes. “Este artículo no obligaba a actuar como se actuó ni obligaba a actuar en los tiempos, las formas y los procedimientos elegidos por la administración. Lo que hace el artículo es dar vía libre para apelar al sentido común y a la responsabilidad ante situaciones claramente imprevistas. ¿Por qué se actuó por el camino que más convenía al narcotraficante y no por el camino que más convenía a los intereses del país y de la Justicia?”, cuestionó Bergara.

Hasta el momento el Ministerio del Interior únicamente admitió la responsabilidad del subsecretario de Identificación Civil, Alberto Lacoste, tras comprobar que durante el proceso se comunicó por mail con Policía Científica para agilizar la tramitación de tres pasaportes, entre ellos, el de Marset Cabrera. Heber informó en el Parlamento que Lacoste fue retirado de su cargo a la espera de los resultados de una investigación administrativa de urgencia.

La interpelación culminó con el pedido de renuncia a Heber y a Bustillo por parte de la oposición y la calificación del Senado, con votos del oficialismo, como “absolutamente satisfactorias las explicaciones aportadas” por ambos ministros.

Los ministros del presidente

Es la segunda vez que Heber recibe el respaldo de la Torre Ejecutiva ante una interpelación y pedido de renuncia de la bancada del Frente Amplio por su gestión en seguridad pública. En setiembre fue a la Cámara de Representantes. Y al igual que en aquella ocasión, el lunes 22 Heber se mostró tranquilo ante los reclamos de la oposición. Dijo que admitía “la gravedad del problema” sin “sorna ni ironía, sino con humildad republicana”, y en su defensa sobre la falta de información que tenía de Marset Cabrera se refirió a Juan Vicente Chiarino, dirigente de la Unión Cívica que solía responder ante las preguntas: “No tengo conocimiento”.

La llegada de Heber al Ministerio del Interior en mayo del 2021 fue sorpresiva para muchos en el oficialismo, que esperaban a alguien con vasto conocimiento del área. Pese a su larga experiencia parlamentaria, Heber nunca se enfocó en temas de seguridad pública. Sin embargo, Lacalle Pou entendió que para el cargo no necesitaba a un especialista, sino a un dirigente que mantuviera el mismo lineamiento y el mismo equipo que su antecesor Jorge Larrañaga y especialmente que fuera de extrema confianza y estuviera curtido ante la continua exposición pública que implica el Ministerio del Interior.

A partir de este año los homicidios crecieron por primera vez en la administración de Lacalle Pou: una suba de 33,3% en el período enero-marzo respecto al mismo rango de 2021. La tendencia siguió y se hizo notoria en los meses siguientes con violentos asesinatos ocurridos en el barrio Peñarol. Heber fue entonces criticado por responder a esos hechos con una recorrida de consulta a los vecinos de Punta Carretas. “¿Es porque no soy un ministro que está sentado en el despacho, sino que hablo con la gente para que me diga si hay inseguridad?”, respondió. En junio concurrió a la Cámara de Senadores para hablar del tema. Allí argumentó que el crecimiento de las muertes violentas es producto de la estrategia de la Policía Nacional contra el narcomenudeo: más microtraficantes presos y bocas de droga cerradas implican más peleas entre pequeñas bandas para dominar territorios y quedarse con la demanda. Las últimas cifras del Ministerio del Interior arrojaron un aumento del 39% de homicidios (de 135 a 188) al compararse enero-junio de 2021 con igual período de 2022.

Desde entonces se han repetido los pedidos de renuncia desde filas frenteamplistas, que también apuntan a la falta de medidas para detener el crecimiento de la violencia en Rivera, consecuencia de enfrentamientos entre grupos de crimen organizado brasileños. La reprobación alcanzó su punto máximo con el caso de Marset Cabrera. Ante los embates opositores, Heber pregona a sus allegados: “Un herrerista no conoce la palabra renuncia”.

Pese a que no suele ser un ministerio con noticias “calientes” como es el del Interior, el canciller ha enfrentado críticas incluso del oficialismo. Bustillo fue cuestionado en 2021 por una votación de Uruguay en Naciones Unidas que despertó malestar en la comunidad judía local.

Bustillo, hombre de confianza de la familia Lacalle Herrera que llegó a ocupar el cargo que dejó vacante el colorado Ernesto Talvi en julio de 2020, también ha sido ubicado en una cuerda floja por la oposición, pero por más que pierda el equilibrio al caminarla sabe que debajo lo espera un colchón para amortiguar el golpe.

Marzo de 2022 fue un momento crítico para el canciller. Y Lacalle Pou salió públicamente en su defensa. La primera salida ocurrió cuando Uruguay, por un error burocrático y de comunicación diplomática, no se sumó al comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condenaba la “invasión ilegal, injustificada y no provocada a Ucrania”.

“Me gusta hablar sin eufemismos, en el procedimiento de la posición formal en la OEA se cometió un error y se enmendó”, señaló Lacalle Pou en esa oportunidad. Admitió que Bustillo era “básicamente” quien había actuado mal, pero le dio “todo el respaldo”. “Ha hecho una gran gestión en todo lo que hace al Mercosur, las negociaciones con China. Obviamente, no luce, no sale en la foto, no quiere decir que uno cuando se comete un error, no se actúe en consecuencia y se lo enmiende”.

La segunda vez, casi inmediata, fue cuando se conoció a través de un informe de El Observador que había hecho un uso del auto oficial para ir a Punta del Este en más de 20 ocasiones por motivos personales, con viáticos y pernocte para el chofer. “En realidad creo que le están pegando por pegar”, agregó.