El botón rojo

En los hechos, ningún episodio desde la restauración democrática desde 1985 causó la caída de dos ministros, un subsecretario y uno de los principales asesores del presidente, cuatro jerarcas de primera línea, con una diferencia de horas. Una resolución presidencial que se transformó en un punto de quiebre.

Quedaron heridas, enojos, cancelaciones y mucho fastidio. En especial, con la exvicecanciller Carolina Ache, que fue quien denunció en el juzgado que desde la Torre Ejecutiva le pidieron destruir chats en los que quedaba de manifiesto que el Poder Ejecutivo sabía quién era el narcotraficante Sebastián Marset antes de otorgarle un pasaporte. También, con el entonces canciller Francisco Bustillo, que le recomendó a Ache que perdiera el teléfono celular, y otra vez con ella por grabar a Bustillo en secreto. Muchos cuestionaron al entonces asesor presidencial Roberto Lafluf por haber convocado a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva a Ache y al también renunciado subsecretario del Ministerio del Interior Gonzalo Maciel para eliminar los chats. Otros apuntaron sus flechas hacia el abogado de Ache, Jorge Díaz, exfiscal de Corte y cercano al Frente Amplio. Por supuesto que tampoco faltó la crítica a los periodistas y especialmente a nosotros en Búsqueda por haber difundido como primicia la información en poder de Ache.

Algunos también dirigieron sus miradas hacia el presidente. Por más que al principio no estaba clara su participación en los episodios, luego se supo que estuvo en la reunión entre Lafluf, Ache y Maciel y comenzaron las especulaciones y los reclamos de que hubiera consecuencias políticas para él también. Unos pocos pidieron que se le hiciera un juicio político y que el banquillo de los acusados fuera ocupado en primer lugar por él.

No ocurrió. Los principales dirigentes de la oposición y también los integrantes del oficialismo más díscolos optaron por no llegar a ese extremo. Hubo reuniones, llamadas, negociaciones y conversaciones entre varios de los involucrados. “Se activó el botón rojo de alarma”, me comentó un dirigente político de primera línea al referirse a la situación. Me explicó que es un botón que siempre está ahí, de costado, y que es apretado en casos extremos, como forma de poner un límite cuando puede haber un riesgo importante para la institucionalidad. La regla no escrita pero que todos los que comparten las principales responsabilidades de un lado y del otro la saben es que con el presidente no, salvo que la situación realmente sea insostenible. No era este el caso y por eso sonó la alarma, que está muy por encima de lo cotidiano y evidencia la salud del sistema político uruguayo.

Pero para que eso de verdad funcione primero tienen que estar robustas las instituciones, como ocurre en Uruguay. Aquí funciona la Justicia, que es el ámbito en el que se está desarrollando la investigación y al que acudió Ache a presentar todo el material de prueba que había obtenido durante los últimos meses para intentar demostrar su supuesta inocencia. Y no solo por eso. En el “caso Marset” también declararon ministros, subsecretarios y lo hará el propio presidente de la República sin que a nadie le parezca un problema o algo que evitar. Antes de Lacalle Pou, ya declararon por diversos motivos sus antecesores Tabaré Vázquez y José Mujica y no pasó nada.

Funciona también el poder político y en especial su reacción ante una serie de denuncias tan evidentes e injustificables. Parecía desde el momento en el que Búsqueda difundió el primer artículo periodístico de Guillermo Draper que desató la tormenta que las actuaciones de Bustillo, Lafluf, Maciel y en un segundo plano Heber dejaban mucho que desear. Bustillo renunció a las horas. Los otros tres esperaron el regreso del presidente y también fueron apartados de sus cargos, lo que es otra prueba del buen estado de las instituciones uruguayas.

Funciona además el periodismo independiente, capaz de realizar las investigaciones que evalúe pertinentes y luego publicarlas sin más, esté quien esté a cargo del gobierno. Pese a que para algunos —incluso colegas— esto no es suficiente, la realidad muestra algo muy distinto. De los últimos tres gobiernos, este incluido, la mayoría de las renuncias o las destituciones de jerarcas, casos de corrupción y escándalos que se hicieron públicos surgieron de trabajos periodísticos. En Búsqueda fuimos protagonistas de unos cuantos y también lo fueron muchos otros colegas que llevaron adelante su labor con profesionalismo, rigor, independencia y sin trancas insalvables desde el poder. Algo nada menor si se tiene en cuenta lo que ocurre en la región y en el mundo.

Claro que siempre están los que subestiman o tratan de relativizar esa tarea periodística. También los que dicen que la Justicia no actúa o que actúa solo cuando le conviene o que el sistema político suele no estar a la altura de las circunstancias. Son los fanáticos oficialistas u opositores o los envidiosos, los que están acostumbrados a hacer mal o no hacer su trabajo y que no pueden tolerar que las cosas sí se hagan.

Mal para ellos, porque seguro que les quedan unas cuantas amarguras más por delante.