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Desde hace un tiempo se comenta, en la comunidad de la pesca, del agudo desorden que impera en la administración de los recursos ictícolas en nuestro país y que se analiza, con profundo sentido crítico, en el informe de Auditoría, relativo a la Dinara, de junio pasado.
El ministro del ramo es una personalidad prestigiosa y respetada en el ámbito agrícola-ganadero, pero, en este importante sector de la producción nacional, se ha caracterizado por hacer “la plancha”, y ello es muy lamentable, porque lo que acontece lo hace responsable de lo que los romanos llamaban la culpa in omittendo, la culpa por omisión.
El informe de auditoría es lapidario pero por su extensión solo puedo hacer referencia a algunos aspectos en los que se destaca que no hay control sobre los permisos de pesca, que el registro de pesca integral no es integral, es parcial y segmentado, que se constatan demoras en la emisión y la renovación de los permisos, que, en la estructura de la administración de la Dinara, se denota una informalidad muy grave sumada a la falta de personal.
Cuando ese estudio examina los riesgos que afectan al organismo, expresa que son de carácter “extremo” y que comprenden “dilución de responsabilidad, la no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de control adecuado en el seguimiento de la gestión, lo que puede impactar en decisiones erróneas o a destiempo e incumplimientos normativos”. A lo que antecede, se agregan irregularidades en la emisión de los permisos de pesca y que el organismo no cuenta con un sistema de información adecuado. La Dinara, en el área financiero-contable, lleva el registro de los buques, no el de los permisarios, lo que no permite seguir el endeudamiento del permisario de forma integral, considerando su flota, para emitir el permiso. A ello se agrega, colusión entre las partes involucradas, incumplimiento normativo, desconocimiento de los permisarios finales, “lo que puede impactar negativamente en el adecuado aprovechamiento de los recursos del país”, y podría seguir enumerando falencias detectadas en ese informe.
Pero, además de la poca receptividad que el director de la Dinara tiene con los empresarios de la pesca y su conducta omisa, nos encontramos con que el país no tiene un solo buque de investigación pesquera, que nuestros biólogos marinos deben ir en buques argentinos para hacer sus respectivas evaluaciones y que el control de la pesca ilegal, por falta de naves adecuadas de la Armada, no se está realizando adecuadamente.
Y si todo lo que antecede fuera poco, a ello se agrega el tremendo fracaso del puerto pesquero de Capurro. Se trata de un emprendimiento proyectado por el gobierno del Frente Amplio que tuvo diversos detractores, entre los que destaco al actual subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, cuando en el año 2017, en su condición de representante nacional, manifestó la necesidad de “potenciar el Puerto de La Paloma” en lugar de “dedicar las cifras millonarias (unos US$ 90 millones)” que la Administración Nacional de Puertos había destinado para construir el puerto pesquero de Capurro.
A pesar de esa opinión, que yo compartí, se siguió adelante con ese emprendimiento, pero Olaizola se quedó cortó, ya que el costo supera los US$ 110 millones de dólares más el dragado que requiere y su mantenimiento. ¿Y qué ha pasado? Que, después de cuatro prórrogas a la licitación para adjudicar su concesión, por falta de oferentes se declaró desierta y ese puerto se encuentra ocioso…
