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Quiero referirme, Sr. Director, a una de esas noticias sumamente importantes que, con mucha frecuencia, vienen “escondidas” en una página “allá adentro”.
En este caso no se trató de una “página escondida”, ya que se le dio bastante destaque a la noticia, pero me parece que quedó medio escondida una información concreta que surge de la misma. Me refiero a la nota “Caso Astesiano: La banda se pulía cuando subía el control” que apareció en el diario El País el jueves 10 de noviembre en la página 4.
Se trata de un parte del interrogatorio vinculado al Caso Astesiano que hace la fiscal adjunta de Flagrancia de 12o turno, Gloria Nicolini, a un jerarca de la Dirección de Identificación Civil del Ministerio del Interior (de aquí en adelante el “testigo”, ya que no se lo identifica en la nota).
“Fiscal Nicolini: ¿Qué pasó en 2019 cuando usted denuncia eso? “El “eso” se refiere a la aparición de decenas de pasaportes extendidos a ciudadanos rusos aparentemente descendientes de rusos. La respuesta del jerarca del Ministerio del Interior en el área de la Identificación Civil fue la que sigue:
“Testigo: Hice un informe tras comunicarme con hijos uruguayos de supuestos padres de rusos y viudas.Con ese material se armó un expediente y este llegó a la Fiscalía. Pero nunca más tuvimos noticias del tema. Y seguí documentando casos”. (Enfasis mío)
Creo que la cita transcrita en el párrafo anterior habla por sí misma.
En breve: hace tres años (en 2019) la Dirección de Identificación Civil del Ministerio del Interior elevó un expediente sobre pasaportes “sospechosos” a la Fiscalía y la Dirección nunca más tuvo noticias del mismo.
Por lo que se colige del interrogatorio, la Dirección de Identificación Civil eleva un expediente a la Fiscalía con información sobre emisión sospechosa de pasaportes y la única consecuencia de todo ello es el silencio absoluto durante más de tres años. Aparentemente, ese silencio e inacción de tres años de la Fiscalía no le pareció especialmente grave a la fiscal adjunta a cargo del interrogatorio.
Pues a mí me parece muy grave.
Las preguntas evidentes que cabe formular:
¿Quién era el fiscal general de la Nación en 2019 en la fecha en que habría sucedido una inacción de tres años?
¿La ciudadanía no tiene derecho a saber a qué se debió una inacción de tres años o más, relativa a un caso en que está en juego el prestigio y la reputación del país?
Este caso es el colmo. Me parece que llegó el momento de tomar en cuenta muy seriamente la inquietud del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, respecto a la necesidad de crear un sistema de control sobre la actuación de los fiscales.
Así como la Fiscalía se da el lujo de sentarse sobre un expediente de esta importancia durante 3 años también puede pedir la privación de libertad de un ciudadano de forma arbitraria.
A mi juicio, no es admisible en un Estado de derecho que la actuación de un fiscal sea evaluada únicamente por sus pares. Hay países que han intentado resolver esta cuestión. EE.UU., por ejemplo, ha creado el Office of the Special Counsel (una suerte de Fiscalía Especial totalmente independiente de la estructura del Estado). No sería mala cosa que nuestros legisladores reconocieran la realidad nacional tal cual es y analizaran este precedente estadounidense y otros que puedan existir en otros países para adaptarlos a nuestra realidad.
