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Tengo una cordial relación con el escritor e historiador Lincoln Maiztegui Casas. Sus cinco tomos de “Una historia política del Uruguay”, representan un aporte importante y objetivo para el conocimiento veraz de dicha historia, distorsionada en los últimos años, desde el oficialismo, por motivaciones políticas censurables.
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Termina de publicarse su quinto volumen, titulado “Orientales. 5. De 1985 a 2005. La democracia restaurada”. Comprende, pues, los años en que fui senador (1985-1990) y, luego, vicepresidente de la república (1990-1995). En dichos años, por tanto, fui protagonista directo de muchos acontecimientos trascendentes que Maiztegui narra y analiza en su libro.
No he tenido tiempo de leerlo “in totum”, lo que me ha impedido enterarme de las versiones que el autor da de ciertos episodios muy importantes, en los que tuve participación más o menos directa y gravitante. Tengo la impresión de que respecto a mi actuación —a la que Maiztegui poco refiere— no da siempre en el clavo.
Naturalmente, ello no me molesta. Y, además, si en esta carta fuera a enmendar los errores u omisiones que he advertido en sus páginas, la misma tendría una extensión excesiva. Sin embargo, respecto del todavía famoso “caso Berríos”, dado que me encontraba ocupando la Presidencia de la República cuando se generó la grave crisis política, precipitada por la difusión de los hechos delictivos que Maiztegui narra con lujo de detalles y nombres de funcionarios policiales y militares uruguayos y chilenos, no puedo dejar de rectificarlo en algunos puntos de su relato de aquellos hechos confusos que principiaron en Parque del Plata el 15 de noviembre de 1992.
Afirma Maiztegui: “Como ya he señalado el Presidente Lacalle, de visita oficial en Londres ordenó la inmediata destitución del Jefe de Policía de Canelones y adelantó su regreso, ante lo que se podía vislumbrar como uno de los hechos más graves de su Presidencia”. Ambas aseveraciones son inexactas.
Lacalle no ordenó la destitución del Jefe de Policía de Canelones, que se firmó en el Ministerio del Interior una noche dominical del invierno de 1993. Al mismo concurrí convocado por el ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, y por el de Defensa Nacional, Mariano Brito. Mi primo narró los graves hechos de meses atrás, de los que se había enterado —creo recordar— esa mañana. Tanto él como el Dr. Brito consideraban que era ineludible el cese del jefe de Policía de Canelones, que había tomado conocimiento de los hechos delictivos en la propia comisaría de Parque del Plata y, al no sancionar a nadie ni ordenar la investigación de lo ocurrido, había incumplido sus deberes funcionales.
Tanto era así que ambos ministros ya tenían redactada la resolución que disponía dicho cese, la que yo firmé sin la menor vacilación.
Además, Lacalle no adelantó su regreso. A la mañana siguiente lo llamé telefónicamente e, informado de lo ocurrido, estuvo de acuerdo con lo actuado. Como en los hechos habían participado militares en actividad era previsible que la oposición enfilara sus baterías contra el Ejército. Siendo así, habría que tratar de aquietar las aguas, para lo cual yo podía pretextar —y así lo hice— que en ausencia del Presidente de la República, a prolongarse por ocho o nueve días, no debía adoptar ninguna decisión respecto de los jerarcas del Ejército. Lacalle creo que estuvo de acuerdo con esta estrategia. Pero, en todo caso no iba a acelerar su retorno, pues tenía una agenda muy intensa e importante, preparada con mucha antelación.
Más adelante (pág. 249), afirma el autor: “Lacalle (tras su regreso) tuvo que resolver el tema en medio de una fuerte diversidad de opiniones que afectaba a su entorno. El vicepresidente Gonzalo Aguirre y el ministro del Interior Juan Andrés Ramírez eran partidarios de cambiar toda la cúpula del Ejército, mientras el ministro de Defensa Mariano Brito apoyaba la continuidad de Rebollo”. O sea, del comandante en jefe.
Esta versión inexacta, fue quizás tomada de informaciones erróneas de la prensa de la época. Nunca se me pasó por el magín semejante dislate, pues barrer de un plumazo a todos los generales y a su comandante hubiera causado un cataclismo en el Ejército y un gran alboroto político. Supongo que Lacalle recordará que no le hice tal planteo más que erróneo.
Con mi primo Juan Andrés conversé del asunto el domingo y, por supuesto, descartó que tal haya sido su posición. Menos aún, que se la haya planteado a Lacalle. Por otra parte, coincidimos en que en aquellos días muy movidos —que él recuerda mejor que yo— no hablamos de semejante imprudencia. Las cosas en su lugar, pues. Ni quien suscribe ni el Dr. Ramírez estuvimos en la posición que nos atribuye Maiztegui durante la crisis política ocasionada por el “caso Berríos”.
La oportunidad es propicia, aunque de ello nada dice el libro de Maiztegui, para que yo no me lleve a la tumba las conversaciones que tuve con Jorge Pacheco Areco y con el general Seregni en aquelllas horas tormentosas. Ambas por su iniciativa, por teléfono y en el mismo día. Fueron reveladoras de su patriotismo y, por ello, justo es que pasen a la historia.
Ambos, sin previo concierto entre ellos, me llamaron a poco de comenzada la crisis y me dijeron más o menos lo mismo. Que la situación era muy delicada, que la ausencia de Lacalle era un buen pretexto para que yo hiciera la plancha y facilitara el aflojamiento de la tensión, que estaban a mis órdenes —es decir, a las del país— y que si las cosas se agravaban que contara con su apoyo y que no vacilara en llamarlos.
Honrosos gestos, que enaltecen la memoria de ambos compatriotas y distinguidos ciudadanos. Me siento mejor, librándolos al conocimiento del pueblo uruguayo y de las futuras generaciones.
