El “caso María“ (II)

Reprocha que validé declaraciones del exministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak sobre que se había demostrado la adulteración de dibujos de la niña con presunto contenido sexual. Tiene razón. Chediak se rectificó en Twitter. No uso redes sociales y me pasó inadvertido, lo cual no me exime del error y de la disculpa correspondiente.

Cuestiona el fallo judicial —cuyo contenido jurídico no comenté— como un “tecnicismo leguleyo” que avaló en similar dirección la jueza española Cristina Marrero. Como tampoco le gustó, golpeó la idoneidad de Marrero: “No es ni siquiera doctora en Derecho (mucho primer mundo, pero allá parece que se puede ser juez con una licenciatura)”. ¡Chauvinismo patriotero!

En España (como en la mayoría de los países en serio) para el título de doctor hay que sortear exigentes cursos de posgrado y una tesis final. La amplia mayoría los desestima y ejercen como abogados (¿los abogados de María en España son doctores?). Para ser juez, fiscal alcanza con la licenciatura, pero deben presentarse a concursos de oposición. Todos los abogados uruguayos son doctores porque lo establece su título universitario de grado. Al margen de eventuales debates sobre esa generosa concesión (¡quien se atrevería a eliminarla!), los jueces uruguayos tienen el título de doctores. Sin embargo, también los descalifica.

Da por buenas las imputaciones delictivas de María contra el padre porque existe “una evidencia abrumadora de que el tipo (el padre) abusó sexualmente de su hija y ejerció violencia psicológica sobre ella y la madre”. ¿“Excretar” dijo?

Como respaldo cita las pericias de técnicos uruguayos que fueron ignoradas en España. Admite que mediante la lectura del expediente que le facilitó su madre fue creciendo su indignación y “Me daban ganas de ir hasta España a partirle un fierro en la cabeza a ese anormal (el padre)”. No le dio con el fierro y volcó la ira en Facebook.

Como María, sus abogados de aquí y de allá, su asesora y madre Fresnedo, y sus amigos personales perdieron el juicio, invierte el aserto popular: “El que pierde se calienta”.

“Se ha dicho peyorativamente que aquí hay manija de las feministas”, argumenta y lo admite: “La hay obviamente”. La justifica: “La familia recurrió al apoyo de ellas como último recurso, cada vez que vio que tanto el sistema judicial uruguayo como el español miraban para el costado a la evidencia y recetaban como un mantra arreglatutti, la ´Restitución´, por encima de la prueba abrumadora del kid de todo el asunto…”. Para que el lector no se llame a confusión, en español no existe kid. El sustantivo masculino para referirse a la esencia, a los principal de algo se escribe quid.

Falsea la verdad cuando dice que buscar respaldo feminista fue un “último recurso”. Fue el primero. Bien sabe por su intimidad con el caso que las organizaciones militantes hembristas (no las feministas) y el Estado (el INAU y el Mides) presionaron desde el comienzo a los jueces mediante manifestaciones lícitas y democráticas aunque basadas en argumentos falaces.

El 3 de octubre de 2017 la Asociación de Magistrados les recordó a esas organizaciones los principios de Naciones Unidas sobre la independencia y la autoridad de los jueces para decidir. A las del gobierno les remarcó que están vedadas las intromisiones indebidas en los procesos.

Sorprende que Mac defienda que si un abogado no obtiene una sentencia judicial que convenga al interés de su cliente (o al propio) recurra caminos extrajurídicos “como último recurso”. Peligroso y antidemocrático. Es lo que defendieron tanto los guerrilleros de los años 60 como los golpistas de los 70. Tiene 44 años y debaería tenerlo claro.

Sin embargo, si conoce otro camino democrático para dirimir conflictos legales sin la intervención de los jueces, debe hacerlo conocer. Por lo menos para descartar que considere a la anarquía como una vía apta.

No pretendo rebatir su opinión sobre el fondo del asunto (¡cómo hacerlo si, como en su caso, no soy licenciado y mucho menos doctorado!). Solo he puesto el énfasis en que los fallos judiciales deben cumplirse, que resistirse a ellos es un desacato y que es nefasto y antidemocrático que algunas organizaciones y personas los usen políticamente.

Mac tiene pleno derecho a opinar. Sin embargo, debería tener claro que hace 16 meses que este caso atravesó las fronteras del país y solo el tribunal español que entenderá en la apelación confirmará o revocará la sentencia que ordenó que la niña le fuera entregada a su padre. Sea cual fuere, habrá que acatarla.

Raúl Ronzoni