La “principal preocupación” de Pérez Manrique es asegurar el “funcionamiento mínimo del Poder Judicial”, y para eso está obligado a “tomar medidas urgentes”, afirmó. Los ahorros “van más allá de lo deseable” e incluyen reducir la limpieza de los juzgados, la seguridad, el uso de papel, el cuidado de jardines y el gasto de electricidad.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Pérez Manrique mantuvo con Búsqueda días antes de asumir la presidencia.
—El 1º de febrero asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ¿Cuáles son sus prioridades?
—Mis prioridades siguen siendo las que desarrollé cuando asumí como ministro. A eso se agregan las que impone la situación actual del Poder Judicial. Tiene que mejorar al máximo el relacionamiento con los usuarios, la transparencia de su gestión y la comunicación. Aprobamos el año pasado un Plan Estratégico a diez años, y cada propuesta del proyecto de presupuesto que la Corte presentó al Parlamento está ligada a ese plan. Queremos transmitir al sistema judicial y a la sociedad que el Poder Judicial se está pensando hacia el futuro, tratando de cimentar cambios que son imprescindibles, como el relacionamiento con la gente y la mejora tecnológica. Tenemos el desafío de poder registrar en soporte electrónico las audiencias, no solo en papel. La Corte ya ingresó en eso y queremos extenderlo. También tenemos el desafío de aplicar la reforma del Código del Proceso Penal. Además buscamos dar prioridad a mejorar el acceso a la Justicia. Aunque tenemos limitaciones importantes en el tema presupuestal.
—Un informe de “The Economist” señala a Uruguay como una de las 20 “democracias plenas” del mundo y destaca la independencia del Poder Judicial. ¿La escasez de recursos que enfrenta el PJ afectará la calidad del servicio?
—Ese informe, cuando describe las democracias plenas, cita como requisito que haya un sistema efectivo de pesos y contrapesos, con un Poder Judicial independiente. El Foro Económico Mundial coloca a Uruguay en el lugar número 20 en independencia judicial. Si comparamos ambos vemos cuál es la incidencia del Poder Judicial en la calidad de la democracia uruguaya. El Estado nunca puede dejar de ser juez y gendarme. Si hay una función que es irrenunciable y que solo el Estado puede desarrollar es esa. No puede dejar de ser juez, eso es indelegable. Si en algo el Estado no puede retroceder es en eso. Y hay muchas formas de retroceder.
—¿La escasez de recursos es una forma de retroceder?
—Es importante que el Poder Judicial tenga los medios y las condiciones necesarias, además de la calidad y la independencia de sus jueces, para que esté garantizado el acceso a la Justicia. Para eso el Estado indelegablemente tiene que asignar los recursos necesarios. En ese sentido vivimos una situación muy complicada, porque el presupuesto que empieza a regir este año no prevé absolutamente ningún incremento de rubros para la Justicia. Tenemos que pagar la luz, el teléfono, el papel, la limpieza de los juzgados y una cantidad de cosas imprescindibles con el mismo presupuesto de 2010. Si tengo que seguir viviendo y comiendo con el mismo dinero al valor del 2010, indudablemente paso hambre a fin de mes. La situación del Poder Judicial es exactamente esa.
Se lo transmití directamente a los legisladores. El año pasado pudimos llegar a fin de año con refuerzos presupuestales y este año, si no hay refuerzos, no llegamos a fin de año y no sabemos cómo vamos a cumplir. La Corte creó un comité de crisis que hizo un paquete de medidas para restringir el gasto. Vamos a tener problemas para financiar la seguridad en muchas sedes judiciales, para mantener limpios los juzgados, para que haya papel.
Además tenemos desafíos que nos puso el legislador que no tenemos fondos para llevar adelante.
—¿Está en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial?
—La situación nos lleva a recortar aun más allá de lo deseable. La coyuntura hace que haya que tomar medidas urgentes para asegurar el funcionamiento mínimo del Poder Judicial, y esa es mi principal preocupación.
—El gobierno proyecta aplicar a partir de 2017 una reforma del proceso penal “a medias”. ¿La Corte podrá implementarla?
—No sabemos lo que va a pasar con la reforma. Hay un proyecto a consideración del Senado que prevé que en 2017 empiece a regir un régimen híbrido entre el proyecto original y una nueva propuesta, que básicamente aplica todo menos que las audiencias sean orales y públicas. Eso se hace sobre la base de que fortaleciendo al Ministerio Público no es necesario que el Poder Judicial reciba refuerzos presupuestarios. Eso terminantemente el Poder Judicial no lo puede aplicar. No hay ninguna posibilidad de que ese régimen se pueda aplicar sin fondos extras para el Poder Judicial.
—¿Y que pasará si no les dan más plata?
—No sabemos qué va a pasar. La decisión no está en nuestras manos.
—¿Que otras áreas peligran?
—En 2014 se aprobó un nuevo Código Aduanero, que judicializa todo lo contencioso aduanero. Los juzgados de Paz de los departamentos de frontera van a recibir miles de expedientes que no están en condiciones de afrontar. ¿Cual es el riesgo de que se aprueben leyes sin los fondos necesarios para que se apliquen? Eso significa un retiro del Estado. Un Poder Judicial que no puede actuar, no puede ejecutar sus decisiones, y hay riesgos que son importantes.
—¿Cuál es la solución?
—El Ejecutivo diseñó un presupuesto que era notoriamente diferente al del Poder Judicial, y el Parlamento, que tenía que zanjar esa diferencia de criterios, aprobó uno que sigue la línea del Ejecutivo. Ahora la única forma de subsanar ese problema vuelve a estar en manos del Ejecutivo, por la vía de refuerzos presupuestales. Así está la cosa. El Poder Judicial tiene la más amplia vocación de diálogo para encontrar los caminos para seguir funcionando.
—Según describe la situación, el Ejecutivo tiene ahora en sus manos el futuro del Poder Judicial, y si no les da más dinero lo condena a pasar hambre...
—En algunos instrumentos jurídicos se habla del observador razonable, la persona que con sentido común hace una lectura de la realidad. Apelo al observador razonable de esta situación, y al diálogo.
—A fines de 2015 el gobierno decidió aplicar la ley 19.310 y acceder en parte al reclamo salarial de los trabajadores del PJ, destrabando un conflicto que venía desde el gobierno de Mujica. ¿Cree que en este contexto el PJ tienen mejores posibilidades de que sus reclamos sean escuchados por el Ejecutivo?
—Ese problema salarial complicó el relacionamiento entre el sistema político y el judicial. Lo complicó en el gobierno de José Mujica y en el actual, que congeló una cantidad de decisiones vinculadas al Poder Judicial a la espera de la sentencia sobre la ley 19.310. Una vez dictada hubo felizmente un acuerdo con los gremios. Suponemos que el encaminamiento de ese conflicto salarial, que de alguna forma intoxicó el relacionamiento entre los poderes, va a desintoxicar y favorecer la apertura y el diálogo entre los integrantes de los poderes. El conflicto fue un factor distorsivo.
—¿Considera superado el distanciamiento con el gobierno?
—Espero que esa etapa se haya superado. El Estado de derecho, que significa un valor agregado muy importante para el país, es algo a preservar.
—Algunos conflictos que tuvieron mucha repercusión, como la ocupación del Codicen y el caso de Pluna terminaron en la Justicia. Algo similar podría suceder con Ancap. ¿Piensa que hay una judicialización de problemas que antes se resolvían en otros ámbitos?
—Los jueces son guardianes de las promesas de la Constitución. Todos pensamos que existe un estatuto jurídico político que rige el estado democrático de derecho, que es la Constitución, donde están todos los principios y normas que permiten solucionar los conflictos que se dan en la sociedad. Hoy tenemos conflictos de dimensiones tales como la delincuencia organizada internacional, los problemas medioambientales, los vinculados con la bioética, con el funcionamiento del Estado, que determinan que ante la falta de casilleros donde encontrar respuestas, sea un juez, por la función que le da la sociedad de dilucidar conflictos, el que tenga que resolverlos, cuando deberían estar colocados en otro casillero. Ahí tenemos una tensión muy fuerte, en el sentido de que los jueces estamos llamados muchas veces a resolver cuestiones que en otra época no solo no nos llegaban, sino que la sociedad encontraba soluciones en otro lugar. Se dan desafíos muy importantes en esta época, y las decisiones en general generan mucha polémica.
Los jueces están más expuestos y se les están pidiendo cosas que no deberían estar resolviendo. La insuficiencia del debate social hace que se terminen depositando esos temas en la decisión de un juez. Hay una cantidad de temas que son totalmente nuevos y que los jueces nos vemos enfrentados permanentemente a resolver con elementos que no salen exclusivamente de las ideas jurídicas, que más bien tienen que ver con la filosofía, porque eso es lo que nos lleva a los principios básicos que nos ayudan a resolver los problemas que no están regulados.