Para ese entonces, el país tenía en vigencia la Ley 18.485, que dicta normas que regulan el funcionamiento de los lemas y que en su artículo 3° puso por escrito que “ningún partido político podrá ser patrimonio de persona, familia o grupo económico alguno”.
Hace algunos días, Novick y Sartori fueron observados por la Corte Electoral por hacer propaganda de su candidatura en los medios antes del plazo previsto.
El texto vigente también dispone de medidas para controlar el manejo de los fondos —públicos y privados— en los partidos, entre ellas una rendición de cuentas que debe presentarse ante la Corte Electoral antes y después de las elecciones.
Los partidos reciben tres tipos de partidas: cuatro Unidades Indexadas (UI) ($16,5) por cada voto obtenido en la elección anterior para el funcionamiento permanente que se paga durante los 12 meses del año, pero no llega a todos; 87 UI (algo más de US$ 10) por voto en los comicios de octubre y 13 UI (unos $ 54) en las internas y municipales.
Un cálculo realizado por el politólogo Daniel Chasquetti indica que casi todo el dinero que el Estado entrega como subvención a los partidos (más de US$ 21 millones) va a los canales de televisión, que hasta ahora son el costo mayor de cada campaña.
Las declaraciones juradas de los partidos, sin embargo, informan que destinaron US$ 7,5 millones a la pauta televisiva durante las elecciones del 2014. Para los expertos ese monto es un indicador de la subdeclaración.
El artículo 21 de la ley vigente dispone también la forma de distribución interna, un asunto siempre escabroso: 20% para el candidato, 40% a las lista al Senado y 40% a Diputados.
Amables donantes
La puesta en funcionamiento de la nueva ley sirvió a las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero (autoras del libro Sendic. La carrera del hijo pródigo) para seguir la pista de una donación de US$ 37.000 a la lista del exvicepresidente, por un empresario paraguayo amparado detrás de la firma Selger S.A.
Sendic estuvo en la mira, entre otras cosas, porque de forma sorpresiva ganó las internas del Frente Amplio en 2014.
Esta victoria estuvo asentada en varios factores, entre ellos la complicidad del entonces presidente José Mujica para que llegara al cargo un hijo del fundador del MLN-Tupamaros, y también a una estrategia y un trabajo militante y en las redes sociales del nuevo sector.
Sendic usó a la petrolera Ancap como plataforma de lanzamiento de su campaña y fue acusado de clientelismo. Es más, aunque luego la Justicia archivó las actuaciones, la investigación de las periodistas encontró elementos que vinculan a la agencia de publicidad La Diez, que manejó entre US$ 4 millones y US$ 11 millones en un año de publicidad estatal, con la Fundación Propuesta Uruguay 2030 y la propia Lista 711.
De forma menos sutil que ahora, la precandidata frenteamplista Carolina Cosse con el Antel Arena, Sendic hizo jugar en la campaña anterior su actuación en Ancap, llegando incluso a emplear una misma frase (“El Uruguay que queremos”) en la publicidad estatal y en la propaganda política.
El diputado Felipe Carballo, sin embargo, dijo a Búsqueda que el sector quedó endeudado con bancos, sobre todo porque la votación de octubre fue menor que los cálculos que habían hecho, algo parecido a lo que le pasó al colorado Pedro Bordaberry, que tuvo que vender acciones de sus campos.
Fernando Valls, a cargo entonces de los recursos de la 711, igual que la mayoría de los responsables actuales de finanzas, no aceptó responder a preguntas de Búsqueda acerca de este opaco aspecto de la vida política.
Quienes apoyan una campaña luego esperan un mejor trato de los gobernantes. El intendente Daniel Martínez, por ejemplo, recibió apoyo del grupo W, que organizó cenas para recaudar fondos, y luego fue acusado de connivencia con estos empresarios de la noche montevideana, informó en noviembre del 2017 El País.
En la Universidad Católica, Rafael Piñeiro, Cecilia Rossel y Santiago Acuña investigaron el financiamiento privado a partir de las declaraciones de 2014 publicadas por la Corte Electoral.
Al realizar el estudio con apoyo de Uruguay Transparente, la fundación Friedrich Ebert y el programa radial No toquen nada se toparon con un escollo serio: tal como está construido el sistema es inevitable que existe subdeclaración de los aportes privados.
A pesar de que la reforma tributaria de 2007 prevé bajar del 30% al 25% el impuesto a las ganancias (IRAE) por aportes, la mayoría de los donantes no piden un recibo porque ese beneficio lo obtienen de otra forma.
En 2014, según las declaraciones juradas, los aportes privados fueron de US$ 5,9 millones, el 19,5% del total declarado. Los partidos habrían invertido en total algo menos de US$ 30 millones.
Sin embargo, tanto Piñeiro como Chasquetti señalaron a Búsqueda que aunque la ley de 2009 representa un avance, es evidente que existe subdeclaración porque no es posible un control como existe en otros países, por ejemplo Chile y Costa Rica (ver recuadro).
“Con la legislación actual los candidatos declaran lo que tienen voluntad de declarar, tanto ingresos como egresos, de la forma que quieran, porque no hay nadie que fiscalice nada”, resumió Piñeiro.
En los papeles es la Corte Electoral quien tiene la competencia. Sin embargo, José Garchitorena, uno de los ministros colorados de la Corte, admitió que solo tienen tres contadores, dedicados al trabajo interno, y que el presupuesto del organismo es el mismo desde el 2000.
Además de las limitaciones de presupuesto y legales, existen dificultades de implementación del sistema para realizar un control y monitoreo porque la Corte tiene una estructura que quedó anticuada.
Piñeiro, sin embargo, cree que aún con las reglas de 2009 se podría avanzar con cuestiones tan fáciles como pedir el número de cédula a los donantes privados y el RUT a las empresas en lugar de apenas el nombre y apellido o el de fantasía de la compañía.
Uno de los aspectos “graves” de la actual normativa es que el primer candidato de cada lista está autorizado a hacer donaciones de forma ilimitada. Si bien eso es útil, sobre todo en el interior, donde muchos candidatos se autofinancian, también deja abierta la puerta para el ingreso al sistema de dinero no declarado o casos de millonarios que preocupa a políticos “pobres” como los blancos Jorge Gandini o Pablo Abdala.
A cien días de las elecciones internas, Gandini declaró a El Observador que el caso de Sartori, “un producto de cotillón que ahora empieza a tener relevancia”, debería ser una señal “a tener muy presente por todo el sistema político y no solo para el Partido Nacional”.
Quizás por la presencia de Sartori en la campaña y en algunas encuestas que lo muestran creciendo, la idea de reformar la ley de financiamiento, que naufragó el año pasado con la disidencia del diputado carolino Darío Pérez y otros, permanece en el orden del día de la Cámara.
El nuevo proyecto fue aprobado por la Cámara Alta, aunque el senador del Partido Independiente Pablo Mieres cuestionó, entre otras cosas, que no se permita donaciones de empresas. A su vez, los legisladores blancos y colorados finalmente lo rechazaron por tres motivos: la iniciativa no fue acompañada de recursos, no todos están de acuerdo con el articulado y los plazos para esta campaña ya habían vencidos, esto último compartido por el politólogo Oscar Botinelli.
Salir en la tele
Una de las innovaciones del texto que cuenta con media sanción es que una buena parte de la propaganda política en televisión sería gratuita. De esa forma, unos US$ 20 millones que ingresan a los canales, el equivalente al subsidio estatal que reciben los partidos, dejarían de cobrarse.
Durante la campaña, entre las 18 y las 23 horas, 10 minutos estarían destinados a propaganda política gratis, mientras que en el resto del horario los espacios la Corte Electoral los compraría y revendería a los partidos.
El criterio para distribuir el horario gratuito propuesto es 45% de forma igualitaria entre todos los lemas con representación parlamentaria, 50% según los votos obtenidos en la elección anterior y el 5% restante entre los nuevos partidos.
La iniciativa contó con dos oponentes de peso: la gremial de los canales privados Andebu, para no perder ese ingreso, y la de los sectores chicos de los partidos que no tienen garantías de que la publicidad gratuita les llegue.
“Las campañas en Uruguay con la ley actual son bastante transparentes”, dijo a Búsqueda el diputado Gandini, que se opone a la reforma propuesta y prefiere negociar con los canales.
Otro de los artículos que despertó controversia fue el que prohíbe a las empresas hacer donaciones y las limita a personas físicas. Al mismo tiempo se amplían las donaciones que pueden hacer los propios candidatos, lo que daría lugar a maniobras, a pesar de que se eliminan los aportes anónimos y que todos se deban hacer de forma electrónica.
Los artículos 10 y 12 del proyecto prohíben la publicidad del Estado durante la campaña y acota el período de las internas, que pasa de 30 a 10 días.
También da intervención al Tribunal de Cuentas, al aún no votado Consejo de Comunicación Audiovisual, y establece multas, incluso a los medios, y el castigo a empresas mediante la eliminación del registro de proveedores del Estado.
Aún bajo la normativa vigente, se sumará un nuevo actor. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En octubre pasado el Poder Ejecutivo reglamentó la nueva ley contra el lavado en la que estableció que los partidos políticos, clubes de fútbol, iglesias, entre otras organizaciones, deben reportar operaciones sospechosas. El titular de la secretaría, Daniel Espinosa, informó a Búsqueda que están esperando que el Ministerio de Educación termine en los próximos días el censo sobre organizaciones civiles para iniciar el proceso de control.
La secretaría enviará en abril una carta a los partidos y a otras organizaciones para saber si nombraron a un “agente de cumplimiento” encargado de llevar adelante los controles y si aprobaron “una política antilavado”, dijo Espinosa.
Pequeña DGI electoral
Para Chasquetti, el proyecto con media sanción contiene algunos avances, pero al hablar de forma genérica de los partidos se sigue sin reconocer quiénes son los agentes de recaudación y gasto.
A su vez, en el control hay demasiados agentes institucionales, mientras que la Corte Electoral, que cuenta con mayor experiencia, sigue sin recursos humanos y materiales a pesar de que se le asignan nuevas funciones. Piñeiro, en cambio, piensa que el organismo sirve para organizar elecciones limpias, pero no es adecuado el modelo “demonios controlando a demonios”, en referencia a que todos los ministros responden a partidos.
Chasquetti insiste en su idea ya expuesta en 2016 de crear “una pequeña DGI electoral” que controle de forma eficaz y transparente, pero todo indica que eso será, en el mejor de los casos, a partir de junio de 2020.
Información Nacional
2019-03-28T00:00:00
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