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Hasta que falleció en 2011 tuve una relación profesional de varias décadas con el juez Gervasio Guillot. En una de nuestras charlas —de las que como con otras personas tomé algunas notas para evitar el olvido—, me confesó que cuando se desempeñó como juez de instrucción, civil, de hacienda y de lo contencioso administrativo lo irritaban e incomodaban los asuntos administrativos hasta que en 1976 se creó un Ministerio de Justicia. Durante un tiempo lo liberó de las “insoportables y agobiantes” tareas administrativas para poder dedicarse exclusivamente a las tareas jurisdiccionales.
Según Guillot, lo administrativo le “robaba tiempo y mermaba la calidad de las sentencias”. El ministerio fue creado como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, pero más tarde la dictadura pasó a designar a los ministros de la Corte, le quitó la jerarquía constitucional de “suprema” y se transformó en un brazo legal totalitario.
El argumento de Guillot no es el de alguien afín a la dictadura. Todo lo contrario. Se plantó firme contra el autoritarismo y por eso en 1978 fue destituido por los militares. Con el advenimiento de la democracia fue restituido. Fue ministro de la recuperada Suprema Corte de Justicia pero allí también: “Aunque en democracia, lo administrativo me robó tiempo para lo jurisdiccional”, dicen mis anotaciones.
Esta columna no pretende revisar el indiscutible pasado totalitario de ese ministerio, sino la necesidad de crearlo ahora en democracia para evitar funciones ajenas a la esencia, formación y conocimiento de los ministros de la Corte y del resto de los jueces. Hace pocos años otro ministro jubilado compartió conmigo similar razonamiento.
Al margen de esa cuestión centrada en lo administrativo algunos jueces están de acuerdo con que se cree un ministerio. Otros, recelosos o temerosos, advierten que algunos piensan en el Poder Judicial como un “botín” que puede ser avasallado. La presidenta de la Corte, Doris Morales, dijo la semana pasada en Búsqueda en una entrevista con Macarena Saavedra que “no hay nada más político que los ministerios” porque los designa el presidente de la República. Así es, como ocurre con todos los ministros. Es una decisión política y constitucional, pero no necesariamente partidaria, señora.
El reciente Congreso del Frente Amplio incluyó en su programa la creación de un Ministerio de Justicia. Pese a que Morales admitió no conocer la propuesta (debió preocuparse porque es centro de sus preocupaciones y se discutió públicamente durante casi un año), en la entrevista se expresó “en principio” en contra porque, razonó, un ministerio es del gobierno que esté en ese momento. Vaya, vaya.
El Frente Amplio no es el único proclive a crear ese ministerio. Se han manifestado a favor legisladores de la coalición gobernante y en especial el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, en lo que se refiere a áreas de su cartera. Aunque algo soterrado, el tema está presente pero una decisión definitiva llevará tiempo y solo puede ocurrir durante la próxima administración. Por otra parte, de ser favorable ese organismo no tiene por qué denominarse necesariamente “ministerio”, si tanto rechinan las palabras y se anteponen al contenido y a los beneficios que aportaría.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien goza de la confianza de todo el sistema político y judicial y se ha enfrentado al totalitarismo desde sus tiempos como periodista, también considera “necesario” crear ese ministerio para poder negociar los recursos presupuestales y que la administración carcelaria “deje de ser mendigante”, según declaró en el programa En perspectiva.
Petit recordó que “en todo el mundo” existe un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos que tiene a su cargo la administración carcelaria, mientras que en Uruguay le compete al Ministerio del Interior. Esa situación, remarcó, es “una falla estructural”.
Como es obvio, un Ministerio de Justicia tendría vedada toda actividad jurisdiccional. Pero además de los cometidos que señala Petit también puede tener otras competencias que hoy dependen, por ejemplo, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), como la Autoridad Central, responsable desde 1985 de la cooperación jurídica internacional y del trámite administrativo de los exhortos extranjeros. También le podría competer la actividad de todos los registros, que también dependen del MEC.
Parece obvio que ese ministerio sería responsable de las relaciones institucionales con la autónoma Fiscalía General de la Nación. Como puede verse esta iniciativa demandará mucho tiempo y estudio conjunto de todos los partidos porque implicaría una reestructura de diversos cometidos que hoy están a cargo de otras dependencias del Estado.
De cualquier manera, esta saludable discusión, que ya lleva al menos cuatro años, para llegar a buen puerto requiere asepsia de intereses partidarios —especialmente si llega el momento de designar un candidato— y debe ser ajena a rencores personales o profesionales.
El presidente de la Asociación de Penalistas, el abogado Juan Fagúndez, se enfrentó en marzo a través de la red X con el exfiscal de Corte Jorge Díaz y con el fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, porque se habían manifestado a favor de la creación de un Ministerio de Justicia.
Fagúndez aventuró sus intenciones: “Es evidente que el fiscal Carlos Negro y Jorge Díaz ya se están viendo sentados en el sillón. Que lo digan y no anden con bobadas”. Si de bobadas hablamos…
Quizá los partidos —en definitiva, quienes deben definir esta cuestión de matriz constitucional— pueden llegar a un acuerdo, pero no será sencillo. El “cuco” del pasado ministerio de la dictadura hoy no tiene ningún fundamento de peso salvo el miedo, pese a que gozamos de una democracia robusta y consolidada. Igual sobrevuela sin cesar.
