El debate sobre drogas avanza en América, pero... ¿a dónde va?

Por el simple hecho de haber sido publicado —sin un veto explícito de EEUU, el mayor impulsor de la “guerra contra las drogas”— el documento de la OEA “legitima desde el punto de vista de los gobiernos un debate que ya está en marcha, pero de forma despareja”, sostuvo John Walsh, un especialista en política de drogas para la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) que participó en la elaboración del texto. “El informe puede dar más espacio para decir: ‘Está bien tener este debate’”, agregó en declaraciones a Búsqueda.

La OEA realizó su documento a pedido de los presidentes que asistieron a la cumbre de las Américas del año pasado en Cartagena, Colombia, un encargo que muchos vieron como el reflejo de la frustración de varios países latinoamericanos con los resultados de la actual estrategia contra las drogas. Está previsto que el texto sea analizado en la próxima asamblea general de la OEA el mes próximo en Guatemala, cuyo presidente Otto Pérez Molina propuso el año pasado abrir un debate regional sobre la despenalización de la producción, el transporte y el consumo de estupefacientes como respuesta a la creciente violencia de los carteles del narcotráfico.

Entregado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al presidente colombiano Juan Manuel Santos por haber sido el anfitrión de la cumbre de Cartagena, el documento señaló que en las Américas vive 24% de los consumidores de marihuana del mundo y cerca de 45% de los de cocaína. Pero también destacó la heterogeneidad que hay en la región: por ejemplo, cuatro de cada cinco usuarios de marihuana en el continente están en Norteamérica. Es precisamente por la diversidad con que se presenta el problema de las drogas que el documento abogó por “un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad” para enfrentarlo, aunque sostuvo que se debe “mantener la unidad en la diversidad”.

“Una mayor flexibilidad podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional. En el terreno de las legislaciones nacionales no parecen aconsejables cambios drásticos o dramáticos. Sin embargo corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto”, indicó.

“Nuestro informe, en cambio, no encuentra ningún apoyo significativo, en ningún país, para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas ilegales”, continuó.

También sugirió que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública” y añadió: “Si no es posible pasar de la noche a la mañana a un cambio radical en el tratamiento de los adictos, al menos debería comenzarse con métodos transicionales, como las cortes de drogas, la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación. Las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y solo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”.

Pedro Abramovay, un ex secretario nacional de Justicia del gobierno brasileño que también participó en la elaboración del informe, afirmó que “los países tienen una clara visión de que la estrategia anterior fracasó y llegó el momento de dejar que se intenten cosas nuevas” en política de drogas. “La comunidad internacional no puede ser la principal barrera para que los países busquen alternativas a lo que viene funcionando mal”, añadió en diálogo con Búsqueda.

El diario británico “Financial Times” notó en su editorial del martes 21, que el reporte de la OEA supone “la primera vez que una organización multilateral ha incluido la despenalización y legalización como potenciales opciones políticas”, al menos en materia de cannabis. “La principal utilidad del informe es que ayuda a levantar la prohibición en discutir la política de drogas, una veda frecuente especialmente entre los muchos funcionarios y burócratas que han pasado sus vidas profesionales combatiendo drogas ilegales. Para el resto, la charla está por comenzar”.

De Washington a

Uruguay

En una señal de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el debate abierto, un estudio paralelo de la OEA examinó cuatro escenarios que podrían surgir en la región hacia 2025 si se siguen diferentes políticas. Según los especialistas, el más peligroso de esos escenarios sería el denominado “ruptura”, donde algunos países cansados de pagar los costos de la guerra a las drogas abandonen unilateralmente la lucha contra la producción y tránsito de narcóticos en sus territorios. El documento advirtió que eso plantearía como desafío la cooptación de estados por grupos criminales.

Otros dos escenarios se plantean a partir del fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad, o del apoyo a las comunidades y la salud para enfrentar el reto de las drogas. Pero fue un escenario denominado “caminos” el que llamó más la atención, por contemplar precisamente la posibilidad de que se experimente con regímenes legales y regulatorios alternativos, comenzando por el cannabis. Entre las oportunidades que ofrecería esa opción se incluye el desarrollo de mejores políticas de drogas, la reasignación de recursos para la prevención y tratamiento de adicciones, y la eliminación de algunos mercados bajo control de narcos. Entre los desafíos se citan riesgos de la transición a mercados regulados, incluido un posible aumento del uso problemático de drogas, y lidiar con nuevos proyectos criminales, por ejemplo para la distribución ilegal de medicamentos.

Hasta ahora el gobierno de EEUU ha rechazado la legalización como una alternativa viable a la actual política sobre drogas en la región. Pero la Casa Blanca parece haber admitido que este último escenario fuera incluido como posibilidad en un informe oficial de la OEA. De hecho, dos estados estadounidenses, Colorado y Washington, están ensayando esa opción tras los referendos de noviembre que aprobaron que se legalice del cannabis para uso recreativo. “EEUU ha respetado la decisión de los estados que democráticamente eligieron otros caminos”, destacó Abramovay. “Es lo que queremos para el mundo”.

Como notó el editorial del “Financial Times”, es posible que Uruguay se sume pronto a la experimentación de alternativas en materia de marihuana, si aprueba un proyecto de ley para regular la producción de esa droga y permitir su venta en comercios autorizados. Se prevé que la iniciativa podría votarse este año y el Frente Amplio contaría con suficientes legisladores para aprobarla. Sin embargo, hay encuestas que muestran que una mayoría de uruguayos se opone a dar ese paso y el presidente José Mujica, que inicialmente defendió la idea de legalizar el cannabis, ha advertido que los cambios deben ocurrir con el apoyo de la sociedad.

Walsh evaluó que de esa forma Uruguay parece transitar el camino opuesto a EEUU, donde la ley federal prohíbe la marihuana pero el respaldo de la opinión pública a la legalización en algunos estados podría modificar la política del gobierno, tanto a nivel doméstico como regional. Y tal vez el informe de la OEA sea el primer reflejo de un cambio de actitud de Washington en materia de drogas en América Latina. “Estados Unidos ya no está más en una posición fuerte para empujar a otros países a prohibiciones duras en la política de cannabis”, dijo el experto.