Comienzo de la transcripción:
La inseguridad pública
Señor Director:
El fenómeno de la violencia no es propio de nuestro país, y lo más preocupante es que en lugar de avizorarse un límite, la violencia continúa expandiéndose.
Como ciudadano de este país me preocupa la realidad en la que estamos insertos y es en la que quiero enfocarme en particular.
La Constitución de la República establece en su artículo 7 que “Todos los ciudadanos tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que sean establecidas por razones de interés general”, mientras el artículo 26 establece: “A nadie se le aplicará la pena de muerte”. (No pretendo transcribir textualmente el articulado, sino los dos conceptos fundamentales en ellos contenidos).
Diariamente vemos en los noticieros o simplemente en la calle la creciente violencia con la que se manifiesta la criminalidad, lo que va creando un sentimiento de inseguridad casi generalizado que a su vez se manifiesta en un mayor grado de agresividad en el hombre común, el ciudadano honesto y responsable también agrede al prójimo cada día con más furia, lo vemos en el tránsito, en el fútbol, etc., mientras que un sector cada vez mayor de la población piensa que la pena de muerte podría ser la solución a la actual problemática.
Las preguntas son:
¿A qué extremo de barbarie debe llegar la sociedad para que se tomen las medidas necesarias para controlar la situación?
¿Los ciudadanos honestos y honrados llegarán a tener que decidir entre hacer justicia por mano propia (que sería el extremo de la barbarie) o aceptar con resignación la impunidad con la que operan los criminales?
¿Por qué cada vez más buenos ciudadanos se ven obligados a vivir detrás de las rejas de sus propias casas, mientras que los criminales gozan de la libertad para violar esas mismas rejas?
¿Por qué seguimos justificando la ineficiencia de los sistemas preventivos y punitivos por la falta de recursos económicos (los que son reales y no discuto), pero que en realidad solapan el fondo de la cuestión que es la aparente falta de interés por separar de la sociedad a quienes delinquen impunemente?
¿Por qué seguimos insistiendo en que el sistema carcelario tiene como objetivo la rehabilitación del recluso, cuando en realidad está estructurado para que ocurra lo contrario, y que la excepción sea la regla?
Las causas de la criminalidad no son fáciles de resolver, y menos por un país con una economía endémicamente deficitaria, producto de la “visión de futuro” que nuestros gobernantes tuvieron cuando el país era próspero, y por nosotros mismos, los ciudadanos, que hemos desarrollado la cultura del “statu quo” o aun peor, la de cambiar todo un poco para que todo siga igual”.
Las causas de la criminalidad se encuentran en la falta de empleo, los bolsones de pobreza que llevan a la marginalidad, pero también se encuentran en una sociedad que ha ido cambiando su escala de valores, en la que la falta de atención hacia nuestros hijos, nos enfrentan hoy a un creciente problema de alcoholismo y drogadicción juvenil.
Entre otros importantes temas nacionales, es impostergable solucionar el problema de la seguridad pública a efectos de evitar que en nuestro país lleguemos a que los ciudadanos porten armas como elementos de autodefensa (realidad de otras sociedades desarrolladas); creo que estamos a tiempo.
Las soluciones pueden y deben ser múltiples, enfocando las diferentes causas que provocan la criminalidad, pero también debemos considerar los factores que hacen que un sistema de derecho funcione y sea aceptado por la sociedad.
Volviendo sobre lo establecido en los artículos 7 y 26 de la Constitución de la República, debemos asegurar que el Derecho a la Vida no esté sólo garantizado para los criminales, sino también para los ciudadanos honestos, por lo que quizás nuestros representantes y el gobierno deban realizar una gran revisión del sistema penal.
Sin ánimo de imponer soluciones, pero sí con el de generar una gran discusión sobre el tema, me gustaría sugerir que se consideren las siguientes alternativas:
Prisión perpetua para crímenes como la violación, la rapiña agravada con homicidio, el tráfico y abuso de menores.
La pena de muerte para homicidas reincidentes, cuando de las pruebas se desprenda que no existe duda razonable sobre su responsabilidad.
Que los crímenes cometidos por menores no sean justificados por su condición de tales, y en caso de reincidencia sean tratados como mayores de edad. El ámbito en el que se mueven los menores criminales tiene un alto nivel de resentimiento contra la sociedad (la culpable de todos los males), lo que hace que maduren mucho antes que jóvenes de edades similares que no han debido soportar tales penurias, no debiendo por ello justificar la inconducta de los primeros.
Finalmente, los adultos que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, tomar decisiones en nuestros puestos de trabajo o en organizaciones sociales de cualquier tipo, debemos revisar nuestra escala de valores y lograr diferenciar lo importante de lo accesorio, transmitiendo valores fundamentales inherentes a una sociedad civilizada, honestidad, integridad y solidaridad.
Fin de la transcripción.
¿Qué ha cambiado en los casi 19 años transcurridos desde la publicación de la carta antes transcripta?
En primer término lo positivo, Uruguay ha mejorado el nivel de empleo a un punto histórico y ha bajado el nivel de pobreza.
Por otra parte, la violencia de la criminalidad ha continuado su escalada, lo que haría pensar que el Derecho a la Vida de obreros del volante, almaceneros, remeseros, etc., podría no estar cubierto por las disposiciones del artículo 7 de la Constitución de la República.
Hemos sido testigos del aumento de armas en poder de los ciudadanos (declaradas y no declaradas) para “autodefensa”, una mayor concurrencia a polígonos de tiro y tragedias que han ocupado la primera plana debido a errores cometidos al identificar al “intruso”.
Somos testigos de la frustración del ministro del Interior, cuando algunos jueces no aceptan como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas por el ministerio que captaron al delincuente en el momento de cometer el acto delictivo (“infraganti”).
Estamos siendo testigos de los casos de “justicia por mano propia” que están ocurriendo en Argentina (el extremo de la barbarie al que nos referíamos anteriormente) y lamentablemente, tendemos a copiar los malos ejemplos de la vecina orilla (ej. barras bravas, modalidades delictivas, etc.)
Para cerrar esta extensa misiva, quisiera realizar un llamado a la cordura y a la responsabilidad que el momento histórico nos demanda. No se trata de un debate entre derecha e izquierda, no es un tema ideológico ni político, es definir qué sociedad queremos para nuestro país y que sea la coercitividad (no la pena) la que moldee nuestras conductas.
J. A. Miranda López
