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    El destino de la estancia “El Hervidero”, donde Artigas instaló Purificación en 1815, une a políticos y divide a académicos

    Las estrellas iluminan el patio central de la estancia. Todavía falta casi una hora para la salida del sol y en el casco principal comienza, moroso, el ajetreo cotidiano. La estancia “El Hervidero” —en el departamento de Paysandú pero salteña por cercanía— supo tener cien mil hectáreas y recibió a generales como José Artigas, José Garibaldi y Leandro Gómez, con sus respectivos ejércitos, de modo que la llegada de un solitario periodista de Búsqueda que viajó 469 kilómetros desde Montevideo para entender qué está pasando —a casi 200 años de la instalación del cuartel general y villa Purificación— no puede alterar demasiado las cosas.

    Un perro ladra casi por compromiso y el prócer, a caballo y al borde de la meseta —como enseñan en las escuelas— mira hacia el río Uruguay desde unos azulejos españoles, cuando la traqueteada Mitsubishi Montero, que recogió al recién llegado en la ruta 3, entra hasta la puerta principal.

    César Gutiérrez Amaro, bisnieto del hombre que construyó la casa en la década de los 1890, cuando hacía más de 40 años que Artigas había muerto, llega armado con una cartera de visitador médico y una sonrisa de bienvenida. Adentro carga con su historia.

    Tiene 88 años pero mucha energía para defenderse de “la jauría” que cree que va a por su casa. “Me corresponden las generales de la ley”, dice para advertir que no espere un relato objetivo, porque está dispuesto a luchar por su propiedad.

    Una mañana de marzo del año pasado, Gutiérrez y su administrador Carlos Peirano quedaron muy sorprendidos cuando al otro lado de la línea telefónica una voz cascada y apaisanada se presentó como “Pepe” Mujica. Colorado y amigo desde la infancia de Jorge Batlle, el estanciero no había logrado que este lo recibiera. El entonces presidente temía, con razón, que le pidiera vetar la ley que declaraba el lugar monumento histórico y daba los primeros pasos para la creación de un Parque Nacional, votada por todos los partidos en 2003.

    Poco después de la llamada, la avanzada de la escolta del presidente llegó a la estancia para hacer una inspección y confirmar dónde podría bajar el helicóptero. Pero la visita se suspendió porque Mujica viajó a Caracas al sepelio del ex presidente Hugo Chávez.

    Mujica está en una situación difícil. En diciembre de 2011 —en el Palacio Legislativo, con sus ministros y como broche de oro de los festejos del bicentenario— el presidente firmó un decreto de expropiación de 190 hectáreas de “El Hervidero”, que incluyen el casco de 33 habitaciones, pero las presiones recibidas le hicieron recurrir a su famosa marcha atrás.

    Los ministros Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) y Ricardo Ehrlich (Cultura) buscaron un acuerdo con Gutiérrez en una tensa reunión, pero no llegaron a nada.

    Fuentes del gobierno dijeron que el presidente piensa seguir adelante con la expropiación, pero dejar a Gutiérrez disponer de su casa mientras viva.

    ¿Altar patrio?

    Entre 1815 y 1818, antes de ceder el terreno al ejército portugués, Artigas instaló la villa y cuartel general en torno al arroyo Hervidero. Desde allí buscó poner en práctica su papel de conductor de los pueblos libres. En ese lugar creó la Biblioteca Nacional y firmó el famoso reglamento de tierras. El lugar tiene, además, un valor histórico y estratégico en la línea de la integración regional.

    Cuando firmó el decreto en público, Mujica dijo que parte de la estancia sería convertida en un lugar de peregrinación laica al que recurrirían los uruguayos para resolver sus diferencias. La primera gran diferencia es con Gutiérrez, que no quiere saber nada de eso. No está dispuesto a permitir pacíficamente que su casa se llene de funcionarios deseosos de un escritorio o de empresarios turísticos que codician la magnífica construcción con vista al río y a la Argentina.

    Hasta ahora todos los intentos de conciliación han fracasado con total éxito. Gutiérrez, si bien dice estar orgulloso de que Artigas haya sentado sus reales en esos campos, sostiene —en contra de la opinión de casi toda la academia— que Purificación estaba al sur de la meseta de Artigas (donde su familia ayudó a construir un monumento en el cual la tradición oral, como en la casa principal, ve signos masónicos) y no siete kilómetros más arriba, entre el río Daymán y el arroyo Hervidero, como sostiene un informe de unas 1.000 páginas avalado por investigadores y pedido por la Comisión de Patrimonio (ver recuadro).

    A pesar de esa investigación y de que en 2003 el Parlamento tuvo la casi unanimidad a favor de la creación de un parque, no todos los estudiosos del tema están de acuerdo con la construcción de un altar en ese lugar.

    La arqueóloga Carmen Curbelo, que estuvo al frente del trabajo de campo en “los cuartos de Artigas” en la estancia, dijo a Búsqueda que, más allá de las presiones recibidas y de lo complicado y anómalo del proceso, está conforme con el trabajo realizado y con el informe que confirmó, dentro de un margen razonable, las hipótesis de partida.

    Curbelo, sin embargo, duda acerca de la necesidad de idolatrar la figura de Artigas y desconfía de la capacidad del Estado para gestionar monumentos públicos y ruinas arqueológicas.

    En todo caso, una vez admitido que en esas tierras estuvo Purificación, comienza la discusión, que tendrá su punto alto en 2015 —cuando se cumplan 200 años de la creación del proyecto de Artigas— de qué hacer.

    Sin entrar a cuestionar el trabajo realizado por los investigadores de la Facultad de Humanidades de la Udelar bajo la dirección de la historiadora Ana Frega y el arqueólogo José López Mazz, la profesora de la Universidad Católica Ana Ribeiro se manifiesta en contra de la creación del parque.

    “Me opongo a sacralizar el suelo. Los altares de la patria no me gustan”, dijo a Búsqueda la historiadora, que en los últimos años estudió la figura de Artigas.

    Carlos Maggi, que también ha investigado sobre Artigas, está en contra de levantar un monumento en honor a Purificación, debido a que se trató de un campo de prisioneros.

    En ese aspecto parece coincidir con Ribeiro, quien destaca que allí hubo “presos de opinión”, tal como documentó en su libro “Los muy fieles”.

    López Mazz está en la postura contraria: según dijo a Búsqueda, hace falta un plan de manejo para conocer más y revalorar ese lugar histórico por toda la sociedad, pero eso no quiere decir desalojar a Gutiérrez sino acordar con él.

    En la misma línea está Frega, que escribió un guión para el manejo del lugar pero aún lo mantiene en reserva.

    La Comisión de Patrimonio —que preside el ministro Ehrlich tiene como secretario rentado al abogado Alberto Quintela y la integran, entre otros, precisamente López Mazz y Frega— se pronunció a favor de la expropiación, que representa una importante inversión de dinero, no solo para comprar el campo sino sobre todo para mantenerlo.

    César Aroztegui, abogado del propietario de la estancia, con los años reducida a 2.500 hectáreas, se prepara para una batalla legal y política, mientras el expediente está en su fase final en el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe proveer los 5,5 millones de dólares en que tasó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las 190 hectáreas que dispone el decreto de expropiación. Todo indica que Mujica, con preocupaciones más urgentes, pondrá paños tibios y dejará la decisión en manos del próximo gobierno. El candidato blanco a la vicepresidencia, Jorge Larrañaga, está muy a favor del proyecto con fortísimo sello sanducero. Tabaré Vázquez, en cambio, no se ha pronunciado.

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